Jaume Collboni: 100 días en la alcaldía de Barcelona para desmarcarse de Ada Colau

Han pasado 100 días desde la investidura en la que, in extremis, el socialista Jaume Collboni le movió la silla al ganador de las elecciones en Barcelona, Xavier Trias (Junts), y fue elegido alcalde con los votos de los comunes de Ada Colau y el PP. Tomó la vara de mando con semblante serio, en un Saló de Cent donde la tensión se podía cortar. 100 días después, que coinciden con La Mercè, ya metido en el traje de alcalde, exhibe “ambición”, tiende puentes y no levanta ampollas, al contrario de lo que hizo su predecesora hace ocho año cuando llegó al poder. Collboni arrancó el mandato con un plan de choque de limpieza y seguridad; revirtiendo actuaciones de su ex socia, aunque sin desmantelar un legado compartido; y prometiendo a los empresarios “restablecer el diálogo y la confianza que la ciudad necesita”, considera, después de ocho años de colauismo que soliviantó a parte de los empresarios de la ciudad.

El PSC gobierna con minoría, con solo 10 concejales de 41, y el alcalde dice que no tiene prisa por incorporar socios, al tiempo que hace guiños a los comunes y ERC --con el argumento de que Barcelona votó mayoritariamente partidos progresistas--; pero no cierra la puerta a un pacto con Junts, protagonista inesperado del otoño político. Todo mirando de reojo a las negociaciones del PSOE para formar Gobierno con el partido de Carles Puigdemont, por mucho que Collboni insista en que “Barcelona se decide en Barcelona” y que “no es moneda de cambio”. Desde las municipales de mayo, cuando el PP ganó las grandes alcaldías españolas, Collboni presume de que Barcelona es “la gran capital progresista” del país.

El nuevo alcalde utiliza términos de mercadotecnia al expresarse. “El claim es anem per feina”, aseguraba el miércoles cuando compareció para hacer balance de su gestión. Un claim es la palabra o frase con la que una organización se define. Y “anem per feina”, una expresión catalana que podría traducirse como “vamos al lío”. Su primera obsesión ha sido poner orden en el espacio público, con el Pla Endreça, un plan de choque de limpieza viaria, recogida de basura y seguridad. En el frente ciudadano, durante el verano han aumentado más de un 20% respecto a 2022 las multas por hacer botellón, pis en la calle, tirar basura o hacer pintadas. Las denuncias a manteros han subido 34%, lo que ha provocado quejas entre entidades sociales y en las redes por criminalizarles. En una campaña en carteles las juventudes de ERC renombran el plan como “Plan Racista”. Más allá de las multas a personas o comercios, en una iniciativa inédita, el Gobierno municipal ha sancionado con casi 300.000 euros a las empresas concesionarias del servicio de limpieza por no hacer bien su trabajo: equipos de limpieza que no estaban donde deberían estar, falta de empleados o no limpiar con el tratamiento acordado.

Con las herencias de dos mandatos de Colau, ha habido gestos relevantes. Desmantelar el urbanismo táctico en la calle de Pelai, donde han vuelto los aparcamientos de motos y servicios. Limitar a solo el horario de entrada y salida de alumnos las multas de los radares ubicados en entornos escolares para limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora, cuando antes multaban 24 horas. Reducir el número de ecochaflanes previstos por Colau. O, ante las feroces críticas del carril bici de la Via Augusta, anunciar que lo revisará, lo que tiene al colectivo ciclista a punto de desenterrar el hacha de guerra. Collboni también ha restablecido las relaciones institucionales con la ciudad de Tel Aviv, que los comunes habían roto. Siempre hábiles en las redes sociales, la ex alcaldesa y su equipo han lanzado duras críticas, pero destacados miembros del partido entienden que, en el fondo, no hay para tanto, que son gestos del socialista “más de postureo que de fondo”.

Donde Collboni sí apunta a marcar un antes un después es en suavizar la obligación a los promotores de ceder el 30% de los pisos que construyen a vivienda social (ya lo anunció en campaña electoral y los comunes y las asociaciones que lo promovieron lo consideran inadmisible) y en la política sobre el coche privado. Si Colau se disponía a extender las calles peatonales de su proyecto estrella (la Superilla del Eixample), el nuevo alcalde opta por ganar espacio verde en los interiores de manzana del distrito, sin tocar ni un coche. Esta semana recibió en el Ayuntamiento a los representantes del los gremios y asociaciones del motor, una reunión que el consistorio evitó publicitar. Mientras, y tras la sentencia de una jueza que obliga a revertir la peatonalización de Consell de Cent en respuesta a un recurso de los comerciantes de Barcelona Oberta, la nueva responsable de Urbanismo y Movilidad, Laia Bonet, dejó claro que el actual equipo practicará “un urbanismo transformador desde el diálogo y el consenso, no desde la confrontación”. “Porque hemos visto sus consecuencias, que son la judicialización”, afirmó.

Tras el espacio público y la seguridad, la otra gran prioridad que cita Collboni es la vivienda. Ha ofrecido solares a la Generalitat para que construya alquiler social y defiende la regulación del precio del alquiler que prevé la Ley de Vivienda. Lo hizo incluso ante los empresarios cuando el martes en el Círculo de Economía le cuestionaron contención de rentas. El alcalde pronunció una conferencia en la sede del lobi empresarial y se le vio cómodo y seguro: prometió a directivos y empresarios “rebajar la crispación, buscar acuerdos, no hacer de la confrontación una forma de hacer política y fomentar la cooperación público-privada”. También presumió de diálogo con todas las instituciones: desde la presidencia de la Generalitat o el Parlament, hasta la reunión del lunes con el rey Felipe VI. Desde la sala le pidieron, además, mejor sintonía con la Iglesia o la cúpula militar.

En el próximo mes, Collboni debe encontrar alianzas para aprobar el presupuesto de 2023. Los aliados naturales del PSC no lo están poniendo fácil. Los comunes ya han advertido de que no negociarán las cuentas si no se acuerda también la entrada en el gobierno. ERC se muestra muy crítico con Collboni, a quien acusa de virar a la derecha. El PP pide al alcalde que no se case con nadie. Y Trias mantiene que, si sobre la mesa hay un buen presupuesto o un buen acuerdo para la ciudad, no se negará. Ante unas semanas que pintan calientes, fuentes socialistas aseguran que están cómodos en el gobierno, se sienten fuertes con sus gerentes y están convencidos de que podrán controlar un barco que han capitaneado durante más de cuatro décadas, desde las primeras elecciones de la democracia. Las mismas voces mantienen que podrán resistir en minoría con apoyos puntuales -Collboni habla cada vez más de “acuerdos de gobernabilidad”- y añaden que después del reparto de áreas entre concejales, ahora muchos no están dispuestos a ceder poder a un eventual socio.

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