Collboni abordará la reforma del 30% de vivienda social en Barcelona después del verano

El nuevo gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, que encabeza el alcalde, Jaume Collboni (PSC), abordará a partir de septiembre la reforma de la norma urbanística que impulsó su antecesora, Ada Colau, y que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos de los edificios de más de 600 metros cuadrados a vivienda social (sean de obra nueva o grandes rehabilitaciones). Lo dan por hecho tanto fuentes del sector inmobiliario como de la oposición en el Ayuntamiento. Y casa con el ritmo y la intensidad con la que Collboni habla de la necesidad de reformar una norma que votó cuando se aprobó en 2018, pero que considera que no funciona porque consigue “resultados muy modestos”, al tiempo que recuerda que fue un compromiso electoral. La patronal de los promotores, APCE, asegura que desde que entró en vigor, apenas se han concedido licencias para 53 pisos sociales, mientras que el gobierno municipal hablaba antes de las elecciones de unos 120, en trámite o en construcción (más 500 que se perdieron por las moratoria en aplicar la norma). El alcalde, además, apunta que podría tener apoyo político, y recuerda que grupos municipales como Junts apostaban en su programa por revisar el 30%. El PP quería derogar la norma.

Desde la precampaña, el ahora alcalde argumenta que “si la norma busca aumentar la oferta de alquiler asequible y no funciona, y frena las inversiones en vivienda, hay que cambiarla”. Su receta pasa por “monetizar” la obligación de que los promotores hagan vivienda pública: en vez de construir el 30% en el mismo edificio donde hagan pisos de mercado libre, que aporten al Ayuntamiento dinero para hacerlo. Asegura que París o Nueva York lo han hecho. Los comunes, socios de Collboni en el mandato pasado, se llevan las manos a la cabeza: “El 30% no se puede diluir, es eficaz y útil para construir vivienda asequible en cualquier barrio de la ciudad. La idea de monetizar y que los promotores paguen al Ayuntamiento para construir desmonta la filosofía de corresponsabilizar al sector privado”, lamenta quien fue responsable de Urbanismo en el mandato pasado, Janet Sanz. Los primeros ocho pisos fruto del 30% comprados por el Ayuntamiento estaban ubicados en el barrio del Congrés del distrito de Sant Andreu. “Collboni tiene que decidir si es el alcalde de la gente que necesita vivienda o de los grupos de presión”, añade y asegura que los promotores saldrían doblemente beneficiados si se flexibilizara la norma, porque precisamente “por el 30% el precio del suelo se ha abaratado”.

La fórmula de la monetización, explican fuentes del sector, surge de conversaciones entre los colegios de Arquitectos, Aparejadores, APCE y la fundación Hàbitat 3, que gestiona vivienda social de entidades. De hecho, lo han insinuado en los últimos tiempos tanto el decano de los Arquitectos, Guim Costa, como el de los Aparejadores, Celestí Ventura. Desde la patronal APCE, su presidente Xavier Vilajoana, expone las peticiones de su sector: “Eliminar el 30% en las grandes rehabilitaciones, aumentar los metros mínimos para que se aplique de 600 a 2.400 metros cuadrados, y que se pueda monetizar el coste de hacer estos pisos, teniendo en cuenta el mercado de cada distrito de la ciudad, y aportarlo al Ayuntamiento a cambio de no hacerlos en el mismo edificio”. Por parte del COAPI, su director del área jurídica y portavoz, Carles Sala, ve “urgentísimo eliminar el 30% en la rehabilitación y, en un contexto de necesidad de hacer edificios más sostenibles, no perseguir a los promotores sino estimular actuaciones integrales para afrontar el cambio climático”. En el caso de la promoción, Sala afirma que “los datos datos públicos apuntan a un fracaso absoluto” y añado que “el problema no es el coste de la vivienda sino los salarios”.

En el caso de las rehabilitaciones, el anterior ejecutivo municipal abrió tres expedientes que podrían acabar en multas millonarias a promotores de reformas en el Eixample a quienes acusa de no haber reservado el 30% de los pisos a viviendas de protección oficial, troceando la solicitudes de licencia para encubrir que se trataba de reformas integrales.

Las entidades que promovieron el 30%, una fórmula que sale de exprimir la Ley catalana del derecho a la vivienda, aprobada por el tripartito progresista en 2007, han sido muy críticas ante la postura del PSC de flexibilizar la norma. Cuando el PSC, todavía en el gobierno municipal, llevó a votación una proposición al respecto (en marzo de 2023), acusaron a los socialistas de “plegarse a los intereses de las promotoras” y de no hablar con las entidades (PAH, Sindicato de Inquilinas y Observatori DESC). Entienden que si los promotores pudieran evitar mezclar vivienda pública y privada “supondría segregar todavía más la ciudadanía por su renta, porque los pocos suelos o edificios disponibles se encuentran en los barrios más periféricos”. Las entidades recuerdan además que en 2018 “el PSC condicionó su voto favorable a no suspender la concesión de licencias hasta que no entrara en vigor, por lo que muchas promociones quedaron exentas”. “La propuesta de Collboni es inaceptable, ineficaz y clasista”, concluyen.

Más allá de la reformulación del 30%, en su programa electoral, en materia de vivienda Collboni prometía un “Plan Vivir en Barcelona” para aumentar el parque de vivienda protegida y pasar de las 32.000 asequibles actuales, a 50.000 en 2030 y 100.000 en 2050. La previsión es hacer 1.500 al año. Para financiarlas, la idea es exigir a la Generalitat que resuelva el déficit de 163 millones con el Consorcio de la Vivienda de Barcelona y que de las 10.000 que tiene previsto construir, 2.300 estén en Barcelona.

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