Una jueza ordena revertir la peatonalización estrella de Ada Colau en Barcelona

La titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona ha ordenado al Ayuntamiento de Barcelona revertir las obras de peatonalización de la calle de Consell de Cent. La conversión de esta vía del Eixample, el distrito central de la ciudad, en un “eje verde” sin coches y con más verde, para luchar contra la contaminación y ganar espacio público, bautizado como Superilla Barcelona, fue el proyecto estrella de la exalcaldesa Ada Colau durante el pasado mandato. La reurbanización de Consell de Cent costó 25 millones de euros, pagados íntegramente con fondos europeos Next Generation. La sentencia, contra la que cabe recurso, responde a un contencioso de la asociación Barcelona Oberta, que agrupa a los ejes comerciales turísticos de la ciudad y que fue muy beligerante contra las políticas de los comunes. El actual equipo del alcalde Jaume Collboni ha informado este jueves de que recurrirá el fallo, pero también ha querido dejar claro que afrontará las transformaciones con más diálogo que los comunes.

Concretamente, Barcelona Oberta dirigió su demanda contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno municipal de mayo de 2022 en la que se aprobó el proyecto de reforma de la calle de Consell de Cent. La entidad entiende que, por su envergadura, la obra es “una modificación encubierta del Plan General Metropolitano [que fija las normas urbanísticas en la ciudad]”, porque ha transformado un vial en un espacio libre o zona verde, lo que requeriría, según los demandantes, una votación con mayoría en el pleno. En un comunicado, la entidad, de la mano de la patronal Fomento del Trabajo, ha aplaudido la decisión judicial y ha afirmado que podría impactar en otras reformas en marcha, como la de la Via Laietana.

El proyecto Superilla lleva el sello de los comunes de Colau, y el eje verde de Consell de Cent fue aprobado en una Comisión de Gobierno del mandato pasado, cuando BComú y PSC gobernaban en coalición. En la decisión hubo unanimidad: todos los concejales votaron a favor. El actual alcalde, el socialista Jaume Collboni, que discrepa del proyecto, ha explicado que frenará el despliegue de los 21 “ejes verdes” que prevé el proyecto Superilla, pero en ningún caso ha hablado de revertir las obras.

Pese al anuncio de presentación del recurso, la número dos del equipo de gobierno de Collboni, Laia Bonet, ha destacado que el actual ejecutivo socialista “va a defender la legalidad y el buen trabajo de los servicios técnicos y políticos de la casa”. Pero, desmarcándose claramente de los comunes, ha asegurado que practicará “un urbanismo transformador desde el diálogo y el consenso, no desde la confrontación, porque hemos visto sus consecuencias, que son la judicialización”. Bonet también ha señalado que el actual alcalde “quiere seguir avanzando en las pacificaciones y el aumento del verde, pero apuesta por recuperar los interiores de manzana”, unos proyectos que no requieren reducir el tráfico. Ante las dudas, ha asegurado que los trabajos que quedan para finalizar los actuales ejes verdes continuarán.

Los comunes defienden la legalidad de la transformación

La ex teniente de alcalde de Urbanismo y actual concejal en la oposición, Janet Sanz, ha valorado tras conocer la sentencia que “va contra el sentido común, contra los tiempos y que parece favorable a la crisis climática”. “La ciudadanía está usando y disfrutando de la calle de Consell de Cent”, ha dicho. Sanz ha defendido “la legalidad del expediente” y ha señalado que la Generalitat avaló que se tramitara la reforma sin modificar el PGM. Sobre Barcelona Oberta, ha reprochado que “en vez de situarse al lado del sentido de los tiempos quieran instalarse en la lógica del pasado de defender privilegios que no son de la mayoría”. La exalcaldesa Ada Colau se ha referido a Barcelona Oberta como “un lobby que quiere priorizar coches por encima de la salud de los vecinos”.

Barcelona Oberta también alertaba en su contencioso de la falta de informes o estudios económicos o sociales sobre el impacto de la transformación, que la magistrada reprocha que “no constan”. Y por último, cuestionó la fragmentación de la obra en cinco lotes, sobre la que la magistrada no ve “necesidad”. Por todo ello, estima la demanda de la asociación de comerciantes y “revoca” el acuerdo “condenando a la administración a devolver las actuaciones en el estado que se encontraban antes de su aprobación”. Contra la resolución se puede interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Poniendo la lupa en los razonamientos jurídicos, la sentencia muestra el debate sobre cómo debería haberse tramitado la transformación de Consell de Cent. El Consistorio respondió que lo hizo no como modificación del PGM, sino “como un proyecto de obras ordinario para convertir la calle en una vía urbana de prioridad invertida” [la prioridad es para los peatones y no para los coches, como en cualquier calle peatonal] y que se amparaba “en las competencias municipales en materia de movilidad y medio ambiente y en la posibilidad de modular la intensidad de los usos que permite la legislación urbanística”. Pese a estos argumentos, la jueza entiende que, como defiende la entidad demandante, “las obras proyectadas no respetan la calidad del suelo, anulando la funcionalidad y los usos otorgados por el PGM”.

Otra cuestión en discusión es si la transformación en “eje verde” afecta a las funciones de una calle de la “red viaria local”, cuya función es dar acceso a los edificios y enlazar con las vías básicas: la jueza entiende que la transformación hace “de imposible cumplimiento la principal función” de la red viaria local, porque Consell de Cent ya no se puede recorrer en línea recta, sino que obliga periódicamente a desviarse en dirección mar o montaña, expulsando el tráfico que no es de vecinos. El Consistorio respondió que la naturaleza de calle Consell de Cent forma parte de la red viaria local, y no de la red básica, “estructurante del PGM”.

A finales del mandato pasado, el gobierno de Colau exhibió el aval internacional a su proyecto estrella, con unas jornadas en las que participaron técnicos y políticos de una docena de ciudades europeas. La demanda de Barcelona Oberta no fue la única contra el proyecto. La justicia admitió a trámite una querella contra Colau por la peatonalización de estas calles del Eixample, presentada por el ex arquitecto jefe de Barcelona, Josep Anton Acebillo, que presentó anteriormente una demanda a la Fiscalía que fue archivada.

Desde la oposición, el portavoz de Junts, Jordi Martí Galbis, ha valorado que la sentencia es “una noticia devastadora para el Eixample, Barcelona y las arcas municipales que valida las tesis” que el partido defendió “contra el urbanismo unilateral y chapucero de Ada Colau y Jaume Collboni”. Martí Galbis ha recordado que Junts ya defendió en 2022 que la reforma de Consell de Cent debería haberse tramitado con una modificación del planeamiento, ha valorado que “el mal urbanismo sale caro” y ha pedido “responsabilidades políticas”. Desde el grupo municipal del PP, su jefe de filas, Daniel Sirera, ha escrito en las redes sociales: “En enero le pedí a Colau que parase las obras. No me hizo caso. Y ahora ¿quién lo paga?”.

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