Alexander Betts, de la Universidad de Oxford: “El principio de asilo está amenazado más que nunca desde la II Guerra Mundial”

En un mundo cada vez más conflictivo y autoritario crece el número de personas que huyen de la violencia y la persecución. Cambio climático, desigualdad y otros factores espolean grandes éxodos de población que escapa de catástrofes naturales y miseria. Mientras, en las democracias avanzadas, se consolidan posiciones cada vez más restrictivas en materia migratoria. Alexander Betts (Bristol, 1980), director del Centro de Estudios sobre Refugiados de la Universidad de Oxford, alerta, en una entrevista concedida en Ginebra, de que “el principio de asilo está amenazado más que nunca desde la II Guerra Mundial”. La conversación tuvo lugar el miércoles en el marco de la conferencia Cumbre para el Crecimiento organizada por el Foro Económico Mundial.

Pregunta. Europa ha acogido en poco más de un año, con cierta eficacia y sin grandes tensiones, a unos ocho millones de refugiados ucranios. Al mismo tiempo, unas 300.000 llegadas irregulares a la UE en 2022 bastan para que algunos consideren que hay una crisis. ¿Hay algún síntoma de racismo detrás de esa diferencia?

Respuesta. Creo que debemos celebrar la respuesta de Europa a la crisis de Ucrania y reconocer la extraordinaria ola de solidaridad humanitaria. Por otro lado, debemos reconocer que Europa muestra un rostro muy diferente a los solicitantes de asilo y los migrantes irregulares que vienen de otras regiones del mundo. Hay un doble rasero. Algunos dirían que la diferencia radica en la proximidad geográfica. Por supuesto, tenemos que abrir las puertas a los que vienen de nuestros países vecinos, hay una responsabilidad especial. Pero pienso que hay mucho de cierto en la afirmación de que hay un elemento subyacente de hipocresía y que la diferencia se explica en parte por la raza, la religión y el género. En toda Europa, recibimos a muchas personas que, sin lugar a duda, son refugiadas de países perseguidores o afectados por conflictos. Sin embargo, Europa no solo no proporciona pasajes seguros para que esas personas lleguen, sino que, en muchos casos, también está cometiendo actos de devolución, devolviendo por la fuerza a personas que llegan en barcos o por tierra, a países que no son seguros, como Libia. Así que vemos estas dos caras de la moneda y la raza está en el centro de la cuestión. La religión también forma parte de ello.

P. ¿Qué opina de los planes de países como el Reino Unido, o también Dinamarca, de rebotar a países terceros como Ruanda los solicitantes de asilo que lleguen a su territorio?

R. El plan británico de Ruanda es impracticable, cruel e ilegal. Se basa en precedentes como el enfoque de Australia para deslocalizar y procesar a los solicitantes de asilo en la isla de Nauru y Papúa Nueva Guinea. Pero va un paso más allá. Australia tramita las solicitudes de asilo en esos países con la intención de que las personas reconocidas como refugiadas sean devueltas finalmente a territorio australiano. La propuesta de Ruanda consiste en que a las personas que lleguen se les negaría el acceso a un proceso legal para determinar si son refugiadas y se las enviaría con un billete de solo ida a ese país africano con un historial imperfecto en cuanto a derechos humanos, pagándole para que, en su caso, las integre. Es muy probable que resulte incompatible con la legislación sobre refugiados y derechos humanos. Niega a las personas el acceso al derecho a solicitar asilo, que es fundamental para la legislación sobre refugiados y derechos humanos. La ministra del Interior [Suella Braverman] ha dicho a los medios de comunicación que sueña con que las noticias de primera plana de un diario nacional, The Daily Telegraph, muestren una imagen de un avión despegando. Estas iniciativas tienen fuerte relación con los debates políticos nacionales.

P. Usted señala al Gobierno conservador británico. Pero observamos que los socialdemócratas en el poder en Dinamarca también adoptan políticas muy restrictivas. Otros partidos de la familia progresista están endureciendo su posición en materia de inmigración. ¿Cree que estamos siendo testigos de una tendencia general hacia la derecha al abordar este tipo de cuestiones?

R. Sí, creo que hay un giro a la derecha en materia de inmigración entre los principales partidos de toda Europa. En Escandinavia, Dinamarca es quizás el ejemplo más extremo. Los partidos de centroizquierda de toda Europa se encuentran a menudo en una situación muy difícil, ya que necesitan atraer a votantes de la clase trabajadora, y esos son los grupos que suelen mostrar más escepticismo con respecto a la inmigración debido al efecto que la inmigración poco cualificada tiene en los niveles salariales, los precios de la vivienda, el acceso a servicios públicos como la educación y la sanidad. Y eso significa que, cada vez más, sus partidos se mantienen alejados del debate sobre el asilo y la inmigración, dejando que la derecha determine la agenda.

P. Usted ha hecho referencia a prácticas de devolución, más o menos en caliente, que tienen lugar en distintos lugares. ¿Este tipo de actuaciones son conformes al derecho internacional?

R. El derecho a solicitar asilo es un principio realmente importante y consolidado en el derecho internacional desde la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La idea central es que todos los Estados del mundo se comprometan recíprocamente a admitir a los refugiados en su territorio y a permitirles permanecer hasta que puedan regresar a sus hogares de manera segura. Si el Reino Unido o Dinamarca dicen que no van a acoger a refugiados, entonces, ¿por qué debería hacerlo Kenia? ¿Por qué debería hacerlo Turquía? El principio de asilo está amenazado más que nunca desde la II Guerra Mundial. Y se debe en parte a que los Estados están erosionando el derecho a solicitar asilo de forma espontánea. Hay un principio fundamental de no devolución en la ley de refugiados y en la ley de derechos humanos. La idea de que no puedes devolver a alguien a un país donde puede ser perseguido. En Europa lo que se está haciendo es alejar la frontera virtual de la real. Los Estados se han dado cuenta de que si pueden imponer restricciones y mecanismos de prohibición que dificulten cada vez más la entrada al territorio de ese Estado, pueden así eludir sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Lo hacen ya sea enviando oficiales de control de inmigración a los aeropuertos o puertos de entrada de otros países, ya sea realizando operaciones navales que restrinjan la capacidad de cruzar aguas territoriales, ya sea trabajando para establecer vallas de concertinas que impidan que las personas crucen desde Marruecos a España.

P. ¿Cuáles son las consecuencias?

R. El control extraterritorial de la frontera dificulta cada vez más el movimiento espontáneo de los solicitantes de asilo. A menos que tengan un visado, no pueden subir fácilmente a un avión. Es eso lo que hace que ahora las redes de contrabando y las bandas criminales, demonizadas por los políticos europeos en los medios de comunicación, se hayan convertido en uno de los actores clave del asilo. Se han convertido en la única forma realista en la que la mayoría de los refugiados pueden acceder al territorio europeo.

P. ¿Cómo ve los intentos de la UE de configurar un nuevo pacto sobre asilo y migración? ¿Cree que es realista esperar algún cambio significativo en el corto y medio plazo?

R. El sistema europeo común de asilo no funciona y necesita actualizarse. El sistema de Dublín que lo sustenta es problemático porque asigna la mayor parte de la responsabilidad a los países de primera línea. Significa que si llegas a Grecia, Italia o España, esos deberían ser los países que evalúen tu solicitud de asilo y asuman la responsabilidad. Genera un incentivo perverso para que algunos de esos países hagan la vista gorda ante sus movimientos, conocidos en otras partes de Europa. Y a través de eso crece la sospecha y la desconfianza entre países europeos. Las propuestas de la Comisión Europea sobre la mesa son buenas, pero la política se interpone. Los Estados de Visegrado [el grupo formado por Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia] están en una posición muy diferente a la de los del Mediterráneo. Estos, a su vez, alejados de la de los Estados de Europa occidental y septentrional. Lo que hace falta es un liderazgo serio y concertado para lograr una acción colectiva.

P. Muchos países europeos sufren graves declives demográficos y la inmigración económica ordenada es parte de la solución. Alemania, por ejemplo, está dando pasos en ese sentido, pero en otros muchos casos no se detectan grandes movimientos. ¿Cree que habrá avances en este segmento o seguiremos atrapados en lógicas restrictivas?

R. Está muy claro que Europa necesita trabajadores. La demografía y el envejecimiento de la población significan que necesitamos importar mano de obra para abordar ese desequilibrio. Sabemos que todo el mundo se beneficia de la migración cualificada. La poco cualificada beneficia a las empresas, pero tiene consecuencias redistributivas al ejercer una presión a la baja sobre los salarios y al alza sobre los precios de la vivienda. Sin embargo, el balance de conjunto de la migración laboral poco cualificada sí es beneficioso. Los retos son explicar bien que esta dinámica traerá beneficios en conjunto y diseñar políticas para que los beneficios se redistribuyan entre quienes pueden sufrir un impacto negativo.

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