Salvar vidas en el Mediterráneo, un mar de trabas para las ONG

A las 14.06 del viernes 28 de abril, cuatro miembros de la tripulación del Astral, el velero de salvamento marítimo de la ONG española Open Arms, sacaban del buque el cuerpo sin vida de un hombre ante la mirada del empleado de una funeraria, una médica forense y cuatro efectivos de la Guardia Costera italiana. Apostados en la bocana del puerto de Lampedusa, los agentes recibieron el cadáver y lo depositaron en un ataúd de madera. El único comentario que se escuchó fue por parte de la sanitaria, al abrir la cremallera del sudario y observar en su interior: “Irreconocible”, sentenció. El Astral navegó con un cadáver a bordo durante 24 horas. Chrys Basso, el cocinero del equipo, fue el primero en avistarlo con los prismáticos en la inmensidad azul del Mediterráneo central, el viernes a mediodía. No parecía un bidón, ni un neumático como los que quedan en las inmediaciones de donde se llevan a cabo rescates de pateras, así que Basso pidió por el walkie-talkie a sus compañeras de la zódiac que se acercaran a mirar. La respuesta llegó a los pocos minutos: “Confirmo. Es el cuerpo de un hombre”.

Italia vive un aumento de llegadas que no se daba desde el año 2017. El canal de emergencias de Radio Lampedusa está ocupado las 24 horas y la Guardia Costera no parece dar abasto. Porque no hay que olvidar la otra cuenta, la de los vivos: más de 46.000 personas que han emigrado desde las costas norteafricanas en una patera en lo que va de año y han sido rescatadas. De ellas, 36.000 han llegado a costas italianas. Este repunte motivó que el Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni aprobara hace un mes escaso un “estado de emergencia migratoria” que le permite tomar decisiones sin pasar por el Parlamento y que incluye medidas para facilitar las expulsiones. “La declaración viene porque [el ministro de Transporte y extitular de Interior] Matteo Salvini desmanteló el sistema de acogida y la Guardia Costera”, afirma Óscar Camps, fundador de Open Arms, en referencia al eterno caballo de batalla electoral en Italia.

En ese contexto, las ONG denuncian que no pueden trabajar, lastradas por un rosario de normativas que pasan por encima del derecho internacional. Recuerdan cómo les declaró la guerra el Gobierno de Salvini en 2018, nada más ganar las elecciones. “Desde 2015, todos nuestros movimientos siempre habían estado ordenados por el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo (CCRM) y no había ningún problema. Rescatábamos 4.000 personas en un día y nadie jamás se quejó. Luego se acabó todo. Ahora están como pollos sin cabeza”, continúa Camps.

Desde que se avistó el cadáver, la tripulación del Astral intentó que alguna autoridad se hiciera cargo del fallecido. Primero, con Malta, dado que el barco navegaba por aguas de su jurisdicción. No hubo respuesta y probaron con Italia. “Nos dicen que tienen muchas pateras a las que auxiliar, que esperemos”, informó la jefa de misión, Esther Camps, tras contactar con el CCRM. El cadáver era de un varón adulto, vestido con un abrigo naranja y atascado en la cámara de un neumático que debió emplear como un flotador. Yacía doblado sobre sí mismo y con la cabeza sumergida. Por su avanzado estado de descomposición, debió morir al menos 48 horas antes. En los últimos 10 días, 300 personas han muerto o desaparecido en las aguas del Mediterráneo central, según la Organización Internacional de las Migraciones. Ese cuerpo mecido por las olas se suma a la macabra cifra.

El colofón de los problemas de las ONG tuvo lugar el 2 de enero, con la aprobación de un decreto que incluso se ha ganado la reprobación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Una de las medidas es asignar puertos lejanos para desembarcar a los rescatados. “Pedimos ir a Lampedusa, ya que era el más cercano, pero el CCRM nos asignó Taranto, a 61 horas. De camino tuvimos que evacuar a dos personas porque se encontraban en estado crítico”, describe por correo electrónico Axel Steier, portavoz de la ONG Mission Lifeline, que opera con el barco Ocean Viking. También al Humanity 1, de la organización SOS Humanity, se le pidió viajar hasta el puerto de Rávena, a más de 1.600 kilómetros de su ubicación. Estas dos organizaciones y la alemana Sea-Eye han iniciado acciones legales contra Italia por “la asignación sistemática e ilegítima de puertos distantes”, expresa también a través de un correo electrónico su representante, Wasil Schauseil.

De hecho, SOS Humanity ha documentado todas las operaciones, tanto propias como de otras organizaciones, desde diciembre de 2022. En ninguna de ellas se determinó como destino Lampedusa o algún puerto de Sicilia, que son los más cercanos a la zona de búsqueda y rescate de Italia, Malta, Túnez y Libia, donde se producen todos los naufragios. “Esta es una de las prácticas que puso el Gobierno para minimizar el tiempo que podemos ser operativos, cubriendo el trabajo que los mismos Estados han dejado en esta franja del mar”, denuncia por teléfono Juan Matías Gil, jefe de misión del Geo Barents, el buque de salvamento de Médicos Sin Fronteras.

MSF y otras organizaciones humanitarias también denuncian la práctica del desembarco “selectivo”, por la que en noviembre se vivieron momentos críticos. Las autoridades solo admitieron a 357 personas rescatadas por el Geo Barents, dejando a 215 a bordo dos días más. En esos momentos también se aplicó la política de bloqueo de puertos, una de las promesas electorales de la ultraderecha italiana, lo que provocó que otras tres ONG tuvieran que esperar varios días hasta obtener permiso para desembarcar. Entre las cuatro sumaban 1.080 personas recogidas en el mar. Por una situación similar ocurrida en 2019, Open Arms ha llevado ante los tribunales al entonces primer ministro, Matteo Salvini, acusado del “secuestro” de los migrantes que habían sacado del agua. El proceso judicial aún está en marcha.

57 procesos judiciales contra ONG

Otro punto polémico de la nueva norma italiana surge por la obligación de los buques a dirigirse inmediatamente a puerto después de cada actuación, algo que retrasa las operaciones de salvamento, ya que habitualmente estos barcos llevaban a cabo más de un rescate en varios días. La detención de miembros de ONG, sanciones administrativas, multas e inspecciones ha sido analizada por la oficina de la UE para derechos humanos, FRA, que ha contabilizado 57 procesos judiciales contra las organizaciones dedicadas al salvamento en el Mediterráneo entre 2016 y junio de 2022. De estos, 34 terminaron en absolución; tres, en condenas, y 18 están pendientes. La mayoría se decide en tribunales italianos, pero también hay causas abiertas en España, Malta, Grecia, Alemania y Países Bajos. “Todas estas prácticas suponen una violación del derecho marítimo internacional y una restricción a la asistencia humanitaria”, concluye Gil.

Frente al discurso del “efecto llamada” del trabajo de estas ONG, el investigador principal del ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), Matteo Vila, publicó recientemente unos números que muestran cómo, en un contexto de llegadas como el actual, estas organizaciones solo rescataron alrededor de un 8% de esas personas. En el mismo periodo del año anterior, con menos llegadas, las ONG intervinieron en el 21% de las operaciones de salvamento.

En medio de tal maremágnum de restricciones, el propio CCRM se ha visto obligado a pedir ayuda a las ONG, algo que no se veía desde hace más de un lustro. El Astral ha sido el último barco en ser requerido por las autoridades para acudir al auxilio de una patera que acabó naufragando con 47 personas a bordo. El velero Nadir, de la ONG Resqship, intervino el 9 de abril, cuando la Guardia Costera italiana les pidió buscar otra embarcación. “Había demasiadas peticiones de socorro y ellos habían llegado al límite de sus capacidades”, relata su portavoz, Andrea Finker. Salvaron a 22 personas y recuperaron dos cadáveres, pero los supervivientes aseguraron que otros 20 más se habían ahogado durante la espera. El 26 y el 28 de abril esta organización recibió nuevos avisos para ocuparse de otros dos naufragios.

Para Gil, de MSF, estos episodios obedecen también a que después de la tragedia de Crotona, en la que murieron más de 90 personas en febrero, no se puede permitir ninguna más en costas italianas. “Es muy evidente que aquello ocurrió por una negligencia, por omisión de rescate”, asegura.

Cadáver en la cubierta

Costó trabajo que alguien se hiciera responsable del cuerpo que recuperó el Astral. Caía la tarde en el Mediterráneo central, el mismo día del hallazgo, y este seguía en el agua. El CCRM insistía al capitán, Savvas Kourepinis, que siguiera esperando porque había mucho trabajo de rescate de los vivos. Dado que con la llegada de la noche iba a ser más difícil tenerlo localizado, obtuvieron el visto bueno para subirlo al velero. La operación se llevó a cabo con todas las precauciones y no estuvo exenta de dificultad. Una vez fuera del agua, el hombre fue cuidadosamente envuelto en un sudario y depositado en la proa.

Unas horas después, recibieron noticias de que se aproximaba una lancha de la Guardia Costera para recoger al cadáver y a 21 jóvenes de origen tunecino que el Astral también había localizado, pero cuando llegaron, ya en plena noche, se negaron a hacerse cargo del fallecido y se marcharon. De nuevo, Kourepinis pidió instrucciones y la orden en esa ocasión fue que ayudaran a localizar más pateras e informaran de sus posiciones. El ahogado anónimo, mientras, pasó la noche en la cubierta. El viernes por la mañana, la radio siguió escupiendo maydays, pero el Astral no pudo atenderlos: por fin habían obtenido permiso para navegar hasta Lampedusa y entregar el cuerpo recuperado del mar.

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