El Supremo de Estados Unidos se muestra reacio a conceder inmunidad plena a Trump

¿Puede el presidente de Estados Unidos ordenar el asesinato de un rival político? Donald Trump sostiene que sí. Su abogado, John Sauer, lo ha argumentado este jueves en el solemne salón de vistas del Tribunal Supremo en el caso Donald Trump contra Estados Unidos. También ha defendido que el presidente podría ser inmune incluso por ordenar un golpe de Estado. Con un Trump que se presenta de nuevo a las presidenciales de noviembre, que lidera las encuestas, que clama venganza y que ha dicho que va a ser “dictador” por un día, sus tesis provocan escalofríos. Los magistrados, incluidos los conservadores, se mostraron reacios este jueves a asumir esa doctrina, pero sí se mostraron abiertos a limitar o dilatar las acusaciones contra el expresidente.

Lo que está en juego en el caso que discute el Supremo no es una acusación de asesinato, sino cuatro presuntos delitos por tratar de alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió frente a Joe Biden, y aferrarse al poder haciendo trampas e impidiendo la certificación de esa victoria. Aunque los jueces se hayan mostrado escépticos sobre las alegaciones de inmunidad plena de Trump, los conservadores también han dado señas de preocupación por el hecho de que un expresidente pueda ser imputado como un ciudadano normal.

La sentencia llegará en las próximas semanas y marcará el futuro judicial de Trump. Los jueces pueden admitir o rechazar de plano la inmunidad, pero los conservadores parecían más partidarios de tomar una vía intermedia, sentar criterios generales de qué actos oficiales podrían quedar blindados de persecución y en qué circunstancias y remitir a una decisión posterior de los tribunales inferiores. Al dilatar el proceso, probablemente hasta después de las elecciones, eso ya sería un triunfo para Trump. La alegación de inmunidad ha logrado retrasar el comienzo del juicio por intentar subvertir los resultados de las elecciones de 2020, previsto inicialmente para el pasado 4 de marzo.

La vista, de más de dos horas y media de duración, se desarrolló en Washington mientras el expresidente se sentaba en el banquillo de los acusados en Nueva York, donde se le juzga por presuntos delitos cometidos antes de ser presidente. En el Supremo, se discutía sobre su inmunidad en un caso histórico que puede dibujar los contornos del poder presidencial para el futuro. Ningún presidente ni expresidente ha sido imputado antes de Trump, así que el Supremo nunca se ha pronunciado sobre la cuestión. “Este caso tiene enormes implicaciones para la presidencia, para el futuro de la presidencia, para el futuro del país”, ha dicho el juez Brett Kavanaugh.

Actos privados

Donald Trump no reclama en realidad inmunidad absoluta. Su abogado admitió que podría ser imputado por su conducta privada, pero no por los actos realizados en ejercicio de su cargo, aunque considerando que el asesinato de rivales y el golpe de Estado pueden entrar en esa categoría.

“Creo que dependería de las circunstancias, si fue un acto oficial”, dijo Sauer en referencia a un hipotético golpe de Estado. “Bien podría ser un acto oficial”, insistió, provocando la respuesta asombrada de la jueza progresista Elena Kagan. El abogado de Trump señaló que, en cualquier hipótesis, tendría que ser sometido a impeachment y condenado por el Senado antes de poder ser procesado penalmente.

Ahí fue incluso la conservadora Amy Coney Barrett la que replicó al subrayar que otros cargos, incluidos los jueces del Supremo, pueden ser sometidos a impeachment sin que nadie interprete que sin una condena en un juicio de destitución no puedan ser procesados por un posible delito. “¿Por qué el presidente es diferente?”, dijo.

La hipotética inmunidad del presidente por ordenar a las fuerzas especiales el asesinato de un rival político ya surgió en el Tribunal de Apelaciones. Esta vez ha sido el juez Samuel Alito, uno de los más conservadores, el que la ha planteado y el que a continuación ha mostrado escepticismo sobre que un acto así pueda ser merecedor de inmunidad.

La difusa frontera entre actos personales y oficiales ocupó una parte del debate, pero los jueces se mostraron reacios incluso a conceder una inmunidad plena para los actos oficiales, puesto que eso daría al presidente de Estados Unidos un poder casi ilimitado. O, alternativamente, para considerar oficial cualquier acto en el ejercicio del cargo.

Trump sostiene que si se puede perseguir a un presidente tras dejar la Casa Blanca, eso condicionará su actuación. La jueza progresista Ketanji Brown Jackson, en cambio, advirtió del riesgo de que “la persona más poderosa del mundo (...) pueda ir al trabajo sabiendo que no habría ninguna pena potencial por cometer delitos”.

Sauer sostenía que el presidente debe verse libre de trabas para tomar decisiones importantes con valentía. Jackson le replicó: “Hay muchas personas que ocupan puestos de gran responsabilidad, que toman muchas decisiones importantes, y lo hacen con el telón de fondo de la posibilidad de ser procesados penalmente si infringen la ley en el ejercicio de sus funciones”, argumentó. “Hay mucha gente que tiene que tomar decisiones de vida o muerte, y aun así tienen que seguir la ley. Y si no lo hacen, pueden ir a la cárcel”, insistió. Jackson advirtió de que la inmunidad absoluta podría convertir el Despacho Oval en “la sede de la actividad criminal en este país”.

Los magistrados conservadores, en cambio, se mostraron más receptivos en ese punto hacia la argumentación de Trump. Neil Gorsuch sugirió que si los presidentes temen que puedan ser procesados después de dejar el cargo, podrían comenzar a indultarse preventivamente. “Nunca hemos respondido sobre si un presidente puede hacer eso. Y felizmente, nunca se nos ha presentado”, dijo.

Kavanaugh, uno de los tres miembros del Supremo nombrados por Trump, dijo que le preocupaba la posibilidad de un “fiscal creativo” que salga a cazar a un presidente. Samuel Alito, uno de los más conservadores, fue más allá al señalar el supuesto riesgo que tendría para la democracia que los presidentes no pudieran dejar el cargo con la tranquilidad de que iban a retirarse en paz y que eso podría tentarles a aferrarse al poder. Es justo lo contrario de lo que ocurrió: en lugar de retirarse, Trump se negó a reconocer la victoria de Biden y se le acusa de violar la ley al tratar de aferrarse al cargo.

En su turno, el fiscal Michael Dreeben, fue tajante con respecto a esa posibilidad de acusaciones de unos contra otros: “La razón por la que no ha habido procesamientos penales previos [de un presidente] es que no hubo delitos”.

John Roberts, presidente del Tribunal, criticó la argumentación circular de la decisión del Tribunal de Apelaciones que sentenció que Trump no tiene inmunidad, y que el expresidente recurrió. “Según leo, dice simplemente: un expresidente puede ser procesado porque está siendo procesado. Ahora bien, ustedes saben lo fácil que es en muchos casos para un fiscal conseguir que un gran jurado presente una imputación. Y confiar en la buena fe del fiscal puede no ser suficiente en algunos casos”, añadió.

En esa línea, Alito se refirió al viejo dicho de que las facilidades procesales permiten a los fiscales convencer a un gran jurado incluso para que “impute a un sandwich de jamón”. Y preguntó al fiscal si se había encontrado muchos casos en que un gran jurado rechazase una acusación de los fiscales. Cuando Michael Dreeben trataba de contestar que en alguna ocasión había sido así, Alito le cortó: “De vez en cuando también hay un eclipse”, dijo, provocando las únicas risas que se han escuchado este jueves en la sala.

Roberts había puesto el dedo en la llaga antes sobre la dificultad de desligar actos oficiales y privados. Si un presidente acepta un soborno de un millón de dólares para nombrar a alguien embajador, ¿puede argüir que el nombramiento de embajadores es un acto oficial para reclamar inmunidad?

El fiscal Michael Dreeben dijo que lo que buscaba Trump era una “inmunidad penal generalizada” y que no debería quedar impune su “presunto abuso de poder oficial para subvertir la democracia”.

Las tres juezas progresistas se alinearon con su posición. Jackson mencionó el indulto de Richard Nixon para tratar de demostrar que la tesis de la inmunidad de Trump no se sostenía: “Si todo el mundo pensaba que no se podía procesar a los presidentes, ¿a qué venía eso?”, dijo en referencia al indulto.

“Los Padres Fundadores no pusieron una cláusula de inmunidad en la Constitución. Sabían cómo hacerlo”, argumentó Kagan. Y añadió: “Estaban reaccionando contra un monarca que pretendía estar por encima de la ley. ¿No se trataba de que el presidente no estuviera por encima de la ley?”.

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