La Fiscalía apoya a los médicos y cree que el Gobierno de Ayuso no justificó unos servicios mínimos del 100% en la huelga de las urgencias

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid apoya el recurso que el sindicato médico Amyts presentó por la exigencia de servicios mínimos del 100% en la huelga de urgencias extrahospitalarias de finales del año pasado. El Ministerio Público considera que la Comunidad de Madrid fue muy vaga en la justificación de este porcentaje y no sustentó suficiente esta alta exigencia, por ello, concluye que se vulneró el derecho de los trabajadores. “No se cumplen las exigencias de motivación y proporcionalidad que viene proclamando la jurisprudencia”, escribe la Fiscalía en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. Ahora será un juez el que tenga que decidir si exigir el 100% de servicios mínimos fue un exceso.

La reapertura de las urgencias extrahospitalarias anunciada por la presidenta Isabel Díaz-Ayuso, cerradas desde la pandemia, supuso un “caos” en palabras de los sanitarios, que condujeron a esta huelga en noviembre, que se convocó como indefinida y acabó durando 10 días. Desde el principio, los convocantes adujeron que era una acción simbólica debido a las altas exigencias de servicios mínimos de la Comunidad. Por eso, el sindicato presentó un recurso contra esta decisión que consideraron desproporcionada, algo que ahora apoya la Fiscalía.

El Ministerio Público se apoya en doctrina del Tribunal Constitucional para secundar la reclamación del sindicato médico mayoritario. Así, se apoya en sentencias que indican que “aquellas resoluciones que fijen los servicios mínimos y carezcan de motivación u ofrezcan una de carácter genérico, válida para cualquier convocatoria de huelga o, en general, las que no consideren las circunstancias específicas de aquella a la que se refieren habrán de ser consideradas nulas”.

El escrito de la Fiscalía también hace referencia a otros fallos judiciales como uno de 2012 sobre una huelga de la centralita del Summa 112 que también rechazó los servicios mínimos del 100% y que argumentaba que “la hipotética esencialidad del servicio no constituye por sí sola razón suficiente para el establecimiento de los servicios mínimos en un 100%”.

El 20 de octubre, Ayuso proclamó en la Asamblea de Madrid la reactivación del servicio y en menos de una semana centenares de facultativos de toda la región empezaron a recibir correos electrónicos, en su mayoría de madrugada, en los que les asignaban un nuevo puesto y horario de la noche a la mañana y, en muchos casos, a decenas de kilómetros de su casa y de sus pacientes de toda la vida. Así comenzó una sucesión de centros que no contaban con médico, bajas sin cubrir, traslados forzosos... Los médicos denunciaban que el Gobierno regional quería abrir más puntos asistenciales sin contratar más personal.

La huelga duró del 7 al 17 de noviembre, cuando los facultativos y la Consejería de Sanidad llegaron a un acuerdo. Sobre el papel, los doctores lograron que el Gobierno renunciara a abrir 78 puntos de urgencia con médico, como prometió en un principio la presidenta y que fueran solo 49 los que siguieran abiertos en esas condiciones, 39 de los antiguos Servicios de Atención Rural (SAR) y 10 de las Urgencias de Atención Primaria (SUAP), todos con un equipo propio. Sin embargo, los médicos se sienten ahora estafados y consideran que el Gobierno regional no está cumpliendo su parte. Según los profesionales sanitarios, los centros rurales siguen en su mayoría sin doctores y amenazan con volver a las movilizaciones. La Comunidad, por su parte, achaca al “volumen importante de bajas médicas”, la disfunción en la planificación. El conflicto parece lejos de acabar.

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