El drama de la niña afgana R., ¿adoptada o secuestrada en Estados Unidos?

No es frecuente que el Gobierno de Estados Unidos se implique en un juicio de derecho familiar. Pero el que decide sobre la adopción ―o secuestro, según las versiones― por parte de una familia militar de la niña afgana conocida en su país como R., en Estados Unidos como L., no es un proceso normal. La Administración Biden apoya la devolución de la pequeña de cuatro años a su familia afgana y argumenta que el caso representa un grave perjuicio para el prestigio internacional del país. Especialmente en Afganistán, donde su imagen ya está muy golpeada tras la retirada de sus fuerzas hace dos años, y donde la percepción sobre el caso es que “un soldado estadounidense robó a una niña musulmana”.

Todo empezó el 5 de septiembre de 2019. Aquella noche, un grupo de marines estadounidenses rodeó una vivienda en una aldea afgana donde sospechaba que actuaban combatientes extranjeros. Comenzó un cruce de disparos. Un hombre y una mujer con un bebé entraron en su punto de mira. Él llevaba un chaleco bomba y lo hizo estallar. Ella, herida, empezó a moverse; los soldados temieron otro ataque y la acribillaron. Solo quedaba el bebé, una niña de dos meses, con el cráneo fracturado, una pierna rota y quemaduras de segundo grado en cabeza y cuello. Los militares la llevaron a su base de Bagram, en las afueras de Kabul, para tratarla. De inmediato comenzaron las conjeturas sobre qué hacer con ella.

El mayor Joshua Mast no había participado en el asalto, pero enseguida, como el resto de la base, oyó hablar del caso. Este militar del cuerpo jurídico, destinado brevemente en Afganistán, padre de cuatro hijos, cristiano ferviente, formado en la muy conservadora Liberty University del predicador Jerry Falwell y con contactos en la Administración de Donald Trump, llamó de inmediato a su esposa, Stephanie. Ambos estuvieron de acuerdo: debían adoptar a la pequeña.

Mast empezó a mover hilos en Estados Unidos. En Virginia, el estado donde residía, puso en marcha a su hermano Richard ―abogado de una organización cristiana conservadora también vinculada a Liberty University― para solicitar formalmente la adopción de la niña. Según su versión, la bebé era hija de combatientes extranjeros, se había quedado sola en el mundo, necesitaba atención médica inexistente en Afganistán y el Gobierno afgano negaba jurisdicción sobre ella. Un juzgado en el condado rural de Fluvanna determinó, a 7.000 kilómetros de distancia de la niña, que L. era apátrida y concedió su custodia al militar y a su esposa. En 2021, el mismo juez formalizó la adopción de manera permanente.

Pero las cosas no eran tal y como Mast las había descrito, según alega el Departamento de Justicia en una serie de documentos bajo secreto de sumario a los que ha tenido acceso la agencia AP. La bebé no era apátrida, sino afgana de nacimiento y familia; el Gobierno afgano no había renunciado a su jurisdicción y la orden de adopción “fue obtenida por los Mast de modo fraudulento, a sabiendas presentaron argumentos falsos ante los tribunales de Virginia”, apunta la institución. El Departamento de Estado consideraba, en cables diplomáticos incluidos en el caso judicial, que la solicitud del militar “adolecía de graves defectos”.

Mientras la bebé se recuperaba, los funcionarios afganos localizaron a familiares de la pequeña. A su salida del hospital, la niña ―ahora R., por el nombre que sus padres le habían dado al nacer― quedó bajo custodia de uno de sus primos y su esposa, recién casados, que la acogieron con entusiasmo. Durante 18 meses se convirtieron en una familia.

El mayor y su esposa no cejaron en su empeño. A través de una abogada en Kabul se pusieron en contacto con los custodios de la niña, casi totalmente recuperada de sus heridas, para pedirles que la enviaran a Estados Unidos, con el argumento de que querían ofrecerle tratamiento médico de modo altruista. Nunca ―aseguran estos familiares, identificados en los documentos judiciales con el nombre genérico de John y Jane Doe― los Mast les llegaron a revelar que contaban con una orden de adopción en Virginia.

Con la caída de Kabul en agosto de 2021, esta familia afgana salió del país en uno de los vuelos militares habilitados por Estados Unidos desde el aeropuerto de la capital. En parte, su marcha fue posible mediante la recomendación del militar, que describió a John Doe como un hombre que había puesto en riesgo su vida y la de su familia por ayudar a Estados Unidos. El mayor “indicó falsamente a otros militares que tenía todo en regla para traer a la niña”, según el Departamento de Justicia.

Tras quedar instalados de modo temporal en una base militar, Mast acudió a visitar a John y Jane acompañado de su hermano. Con la orden judicial de adopción en mano, se llevó a la niña, entonces ya de dos años. Los funcionarios federales presentes no sabían que el Departamento de Estado ya había considerado defectuosa esa orden. Los padres adoptivos afganos, que desde entonces han tenido otra hija natural, no han vuelto a ver a R. más que en alguna fotografía. Jane cayó en una depresión por la ausencia de la pequeña.

Instalados ahora en Texas, presentaron una demanda para acusar a los Mast de secuestro y exigir que se les devolviera a la pequeña. Los abogados de la familia estadounidense aseguran que el militar y su esposa actuaron de buena fe y se han esforzado, con “gran sacrificio y gasto personal”, en proteger a R. y “ofrecerle un hogar lleno de amor”.

En marzo, el juez Claude Worrell declaró nula la adopción, pero dejó a la niña al cuidado de los Mast, citando una orden de custodia. La familia estadounidense ha apelado la decisión de la magistrada.

Mientras tanto, la investigación continúa en Camp Lejeune, donde se encuentra Mast destinado en la actualidad, y examina, entre otros aspectos, el posible uso y retención indebidos de documentación clasificada, según ha explicado a Associated Press (AP) un oficial de infantería de Marina. La Administración del presidente Joe Biden argumenta que los retrasos en el caso y la “narrativa de que un militar estadounidense robó a un bebé musulmán” dañan la imagen de Estados Unidos en el mundo y, sobre todo, en Afganistán.

“La percepción de que Estados Unidos es un lugar donde los niños afganos pueden ser arrancados de sus familias, por encima de las protestas de estas, sin poder recurrir de modo efectivo, aumenta esos riesgos”, indica una declaración del Departamento de Estado citada por AP, “en perjuicio de los intereses de la política exterior estadounidense”.