La ecología en la agenda política
La transición ecológica de la economía supone una oportunidad para aumentar la productividad y el empleo de calidad
Los estudios sociológicos señalan una preocupación creciente de los españoles por cuestiones ambientales. Cada vez hay más personas conscientes de que la contaminación mata prematuramente, el cambio climático genera inéditos fenómenos meteorológicos, y los plásticos invaden los océanos y amenazan la vida marina.
Esa mayor concienciación, fruto del trabajo de los científicos y de su divulgación, en gran medida gracias a las ONG, facilita el ascenso de la ecología en la agenda política; y favorece la implicación de la ciudadanía.
El cambio de paradigma económico será muy complejo. Como dice la economista jefe de la OCDE, exige una decidida acción política: más inversión pública, incentivos a la inversión privada y nueva regulación de sectores estratégicos. El mejor ejemplo, en España, es el sector eléctrico, todavía beneficiario de un marco normativo que debe revisarse para favorecer la máxima penetración de las energías renovables y el autoconsumo, con mecanismos que trasladen a los consumidores la reducción del precio de la electricidad derivada del rápido abaratamiento de estas tecnologías, aprovechando la madurez de las centrales hidroeléctricas y nucleares, y el final de la vida útil de las centrales térmicas.
La lentitud en la respuesta política ante los desafíos ecológicos es consecuencia de la generalizada convicción según la cual el crecimiento económico, al tiempo que garantiza las conquistas sociales del Estado del bienestar, resolverá los problemas ambientales. O sea: que "no hay ecología sin economía".
Pero un crecimiento económico basado en la desregulación y en la mínima acción pública ha provocado, precisamente, los graves problemas ecológicos y sociales, que cuestionan hoy incluso a las instituciones democráticas. Según el Instituto de la Resiliencia de Estocolmo, estamos desbordando determinados "límites planetarios" —por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación por nitratos, la reducción de agua dulce...—. Si se superan puntos de no retorno, es difícil prever los efectos sobre la vida humana. En esa perspectiva, ante la que urge reaccionar, cobra sentido afirmar que "no hay economía sin ecología", en contra de lo hasta ahora asumido... Es más: la transición ecológica de la economía supone una extraordinaria oportunidad para aumentar la productividad y el empleo de calidad.
El problema no reside en el crecimiento económico como tal —imprescindible para atender necesidades de una población creciente, en particular en los países más pobres—, sino en un modelo concreto basado en un consumo excesivo de recursos naturales no renovables y en la nula consideración de los equilibrios ecológicos que permiten la vida. Por eso hay que medir el progreso —un progreso más justo, más seguro y más duradero—, más allá del PIB.
Simon Kuznets, premio Nobel de Economía (1971), introdujo el PIB como indicador del crecimiento económico, señalando desde el principio (1934) que era "muy difícil deducir el bienestar de una nación" a partir de dicho indicador. En 1962 afirmó que "hay que tener en cuenta las diferencias entre la calidad y la cantidad del crecimiento, entre sus costes y sus beneficios, y entre el plazo corto y el largo... los objetivos de 'más' crecimiento deberían especificar 'de qué' y 'para qué".
Sin embargo, con carácter general, la prosperidad y el bienestar de un país se asocian con el incremento del PIB, objetivo prioritario de la agenda política, sin que se haya avanzado significativamente en el análisis sobre qué producimos, para satisfacer qué necesidades, cómo se distribuye lo que se produce, qué impacto tiene la actividad productiva en el largo plazo... Lo cierto es que el aumento del PIB no garantiza en absoluto la reducción de las desigualdades ni de la pobreza, y comporta una importante "huella ecológica", incluyendo las emisiones causantes del cambio climático, desmintiendo los planteamientos más economicistas: el aumento del PIB no es la panacea para redistribuir la riqueza y evitar los problemas ambientales.
Desde 2015, todos los Gobiernos se han comprometido a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: una aproximación holística, que integra elementos ambientales, sociales, económicos e institucionales imprescindibles para el progreso de la sociedad, reconociendo la interdependencia de las diferentes dimensiones de una agenda política transformadora y coherente, y la necesidad de hojas de ruta para el medio y el largo plazo —consistentes con medidas urgentes a corto plazo—, para garantizar la rentabilidad de las inversiones y la creación de empleo.
Cristina Narbona fue ministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008.
