El otro “regalo” menos conocido a la privada en Madrid: clases en casa para alumnos enfermos pagadas con dinero público

Cuando un alumno enferma durante una larga temporada es preciso garantizar su derecho a la educación. En el caso de los estudiantes de colegios públicos y concertados lo normal es que un equipo de profesores dependientes de las comunidades autónomas se ocupen de visitarlos a domicilio. Si los alumnos estudian en centros 100% privados de la Comunidad de Madrid, esos docentes también son costeados por la administración autonómica. Es una ayuda a estas empresas poco conocida y menos cuantiosa que las que motivaron el verano pasado fuertes críticas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según lo ven fuentes del sector educativo en Madrid, que añaden que, sin embargo, esta cobertura es reveladora de una filosofía de fondo que tiende a favorecer el negocio de la educación.

La Comunidad cubre este servicio en colegios públicos y concertados mediante 43 maestros y 71 profesores de enseñanza secundaria integrados en el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED). Se beneficiaron 665 alumnos en el curso 2020-21. El Ejecutivo madrileño también cubre esa atención en los colegios privados, mediante otro sistema: paga a un tercero por medio de un contrato que licita anualmente, desde el curso 2015-2016 ―el último lo publicó hace dos semanas con un presupuesto de 48.101 euros―. La licitación siempre ha sido adjudicada a la mayor cooperativa de profesores de Madrid, Gredos San Diego. Anualmente, se atiende a entre 10 y 15 alumnos de esos colegios, según la Consejería de Educación. El número de clases particulares varía según la etapa educativa del alumno entre cuatro y nueve horas semanales.

Este periódico no ha podido encontrar otros casos de comunidades que estén dando esta ayuda a los colegios privados no concertados. Las autonomías que han contestado a la pregunta (Andalucía, Cataluña, Valencia, Galicia, Castilla y León, País Vasco, Murcia y Navarra) solo se encargan de la cobertura de alumnos enfermos de las escuelas públicas o concertadas. Los grandes sindicatos, CCOO y UGT, no tienen noticia de casos similares al madrileño. “Esto debe ser una innovación de la Comunidad de Madrid, siempre en el mismo sentido”, dice Maribel Loranca, secretaria de educación de UGT a escala estatal. “Tienen una agenda encubierta para favorecer a estas escuelas”.

La Consejería de Educación dice que está obligada por ley estatal a ocuparse de los estudiantes enfermos, con independencia del tipo de centro en que estén inscritos. “La Administración educativa tiene la obligación contenida en el artículo 80 de la LOE de garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la educación de todos los alumnos”, afirma en un correo la Consejería. De ser así, sería un deber que están incumpliendo otras comunidades.

Fuentes del sector educativo en Madrid lo ven más bien como un “regalo”. La presidenta de la Federación Asociaciones de Padres Giner de los Ríos, Mari Carmen Morillas, tacha de “incomprensible” que con dinero público se esté pagando las clases de alumnado de la privada. “Es como si voy a un restaurante a comer y me ofrecen gratis el segundo plato, subvencionado con dinero público, un sin sentido”.

“La argumentación que esgrimen es la igualdad de derechos”, añade. “La garantía de los derechos fundamentales deben ser cubiertos a través de los servicios públicos y ahí es donde se accederá de manera gratuita y universal, pero desviar los fondos públicos subcontratando docentes para los centros privados es una distorsión absoluta. Las familias deciden escolarizar en pública o privada, sabiendo lo que supone cada una de las opciones”.

Las comunidades sí cuentan con aulas hospitalarias donde no se hace distinción entre niños. Se les agrupa y se les tutoriza en un espacio habilitado para ello. Pero otra cosa distinta es la atención a domicilio, un servicio para alumnos convalecientes de larga duración que no pueden volver a clase, como por ejemplo pasa con los niños inmunodeprimidos.

Una portavoz de la patronal de los colegios privados en Madrid, Cicae, responde que este servicio es muy minoritario como para que les reporte un beneficio económico.

De fondo subyace el malestar por las políticas educativas del PP madrileño, como pasa en sanidad o asuntos sociales. Históricamente, los populares han favorecido a la privada concertada, pero más novedosa es la creciente generosidad con la privada pura.

Durante la era Ayuso, ha crecido sustancialmente la ayuda pública a la educación privada, una política que inició la expresidenta Esperanza Aguirre con los cheques para estudiar en guarderías privadas. Ignacio González extendió las ayudas a FP de grado superior y Ángel Garrido creó los cheques de Bachillerato, pero restringidos a colegios concertados. Como adelantó este periódico, Ayuso amplió el año pasado estos últimos a los centros privados puros y también ideó las ayudas para estudiantes de grado medio. Además, Ayuso rebajó los requisitos para acceder a las ayudas, permitiendo así que las familias de altos ingresos se beneficien. Durante su etapa en el poder, el monto destinado a estas ayudas que acaban en la cuenta de resultados de los colegios privados ha pasado de 60 millones de euros a 127 millones.

“Como pagarles el bus”

Sobre las clases a alumnos enfermos, la cuestión se agrava porque varias fuentes señalan que el servicio que atiende a los alumnos de colegios públicos y concertados, el SAED, está saturado. “Nos han llegado quejas de familias que soportan retrasos”, dice la portavoz de educación de Más Madrid, María Pastor. “No es de recibo que haya dos sistemas paralelos que funcionan distinto y uno esté atascado”, añade. “Probablemente, esos padres de la privada tienen recursos para pagarse un profesor de refuerzo, mientras que los de la pública deben esperar sin nada”.

El padre de una estudiante de segundo de ESO (13-14 años) en un instituto público dice que su hija tuvo que esperar el curso pasado dos meses hasta que llegaron los profesores a casa. “El Instituto nos decía que el SAED estaba saturado”, dice este padre que pide anonimato porque trabaja para la Comunidad. Pasaron dos meses de angustia añadida al problema médico. “Su salud era nuestra primera preocupación, pero justo después vino que nuestra hija pudiera reengancharse. Para ella era importantísimo tener en el horizonte la esperanza de volver a clase con sus compañeros”, añade.

Otro asunto hiriente es que la cooperativa ganadora del contrato para clases a alumnos de la privada, Gredos San Diego, también se benefició recientemente de otra concesión del Gobierno de Ayuso que ha causado polémica: una cesión de dos parcelas de suelo público valoradas en 11 millones para construir colegios concertados. Esta empresa tiene ocho centros en la región madrileña.

Los críticos piden el fin de estas ayudas al negocio privado y más recursos para la educación pública, que consideran abandonada. CC OO reprocha que la Comunidad “cede a las presiones” de la privada. “Su objetivo es que les den cada vez más dinero público”, dice Isabel Galvín, la encargada de educación en Madrid de ese sindicato.

La asociación de directores de institutos públicos Adimad lamenta que esta ayuda se dé al tiempo que ellos carecen de cosas básicas: “50.000 euros para estas clases particulares puede parecer poco, pero siempre nos dicen que no hay dinero para la pública, donde faltan trabajadores sociales, integradores culturales, clases de refuerzo... Esos sí son niños vulnerables”, dice su presidenta, Rosa Rocha.

El PSOE madrileño está estudiando si puede recurrir el contrato, según su portavoz de educación en la Asamblea, Esteban Álvarez, que ve un desvío injustificado de fondos públicos: “Es como si les pagamos el bus o el uniforme. Debe correr a cuenta del usuario que ha elegido esa opción educativa”.

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