La Comunidad subcontrata con dinero público las clases a alumnos de colegios privados convalecientes en casa
Educación sostiene que es más barato privatizar el servicio que reforzar la red regional que ya apoya a estudiantes de la pública y la concertada
La Comunidad de Madrid licita un contrato de 45.556,06 euros para financiar con fondos públicos la subcontratación del apoyo educativo domiciliario a alumnos de colegios privados que lleven más de un mes sin poder acudir a clase por enfermedad. La decisión ha provocado las críticas de sindicatos y profesionales, que denuncian la falta de medios y recursos de la red que presta el mismo servicio para estudiantes de centros financiados con fondos públicos. Aunque el Gobierno regional plantea que dejar sin clases a los alumnos convalecientes de la privada sería discriminatorio, según CC OO una decena de autonomías los atienden a través de programas públicos mejor financiados, y sin dar dinero a terceros.
“La Administración educativa tienen la obligación contenida en el artículo 80 de la LOE de garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la educación de todos los alumnos”, explica un portavoz de la Consejería de Educación sobre una ayuda que se presta en Madrid desde el curso 2015-2016, y que beneficia a entre 10 y 15 alumnos al año. “La prestación de este servicio se autoriza únicamente para alumnado que está cursando en régimen privado las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, para el que los centros educativos en los que están matriculados no pueden organizar durante su convalecencia una respuesta educativa adecuada”, añade. Y detalla: “Son alumnos con graves patologías médicas o psiquiátricas que impiden su asistencia a las aulas o poder seguir el ritmo diario de una enseñanza telemática, precisando el desarrollo de una adaptación curricular con un apoyo más individualizado y específico”.
El Gobierno regional calcula que los profesores contratados tendrán que dedicar unas 1.515 horas a los alumnos, y plantea que cobren 30,07 euros por cada una de ellas. No dar ese servicio, sostiene la Administración, podría ser “discriminatorio” y atentar contra “el principio de igualdad”. Y hacerlo a través de un tercero, asegura, es más barato que reforzar la red regional que ya apoya a estudiantes de la pública y la concertada. Sus explicaciones, sin embargo, no convencen a los profesionales del sector público.
El derecho a la educación del alumnado enfermo con necesidad de atención domiciliaria escolarizado en la privada ya estaba garantizadoIsabel Galvín, CC OO
Así, Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO de Madrid, asegura que el servicio es “innecesario”. La norma que regula el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED) “tal cual está, no excluye a ningún alumno, porque cubre a todos los que tengan asistencia sanitaria y esta es universal”, asegura. “El derecho a la educación del alumnado enfermo con necesidad de atención domiciliaria escolarizado en la privada ya estaba garantizado”, afirma, por lo que en su opinión son “ganas de externalizar”.
“La falta de recursos y las insuficiencias del programa actual las sufren todos los niños enfermos, pero Díaz Ayuso solo se preocupa y se ocupa del alumnado de la privada. Es terrible que, para la presidenta de Madrid, no todos los niños enfermos sean iguales y tengan los mismos derechos, sino que privilegien al alumnado de la privada sobre el de la pública o incluso de la concertada”, denuncia CC OO, para preguntarse “quién va a hacer negocio con todo esto”.
Carmen Morillas, presidenta de la Federación de asociaciones de padres y madres del alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, lo considera “un despropósito absoluto, una vergüenza”. Afecta, asegura, a un servicio que “se ha visto bastante saturado en los últimos tiempos, es complicado de solicitar y de tramitar, y no sustituye ni mucho menos a la atención en un centro educativo”.
Que se diga que se hace para garantizar la igualdad de oportunidades de niños cuyos padres pagan 500 y 1.000 euros por su escolarización es una injusticia, una inmoralidad y un insulto hacia las familias que no tienen ni qué comerCarmen Morillas, FAPA Giner de los Ríos
En la propia orden que justifica la medida, “Educación admite una insuficiencia de medios personales” para prestar el servicio, subraya Morillas, pero, “en lugar de mejorarlo y reforzarlo porque no se cubren las necesidades se desvía dinero a la privada que debería estar dirigido a la escuela pública”. “Que se diga que se hace para garantizar la igualdad de oportunidades de niños cuyos padres pagan 500 y 1.000 euros por su escolarización es una injusticia, una inmoralidad y un insulto hacia las familias que no tienen ni qué comer”, sentencia la representante de los padres.
En el curso 2018-2019, el último del que se tienen datos, se beneficiaron del servicio, que varía según la etapa educativa, 483 alumnos de centros financiados con fondos públicos. En el 2º ciclo de infantil son cuatro horas a la semana; en 1º y 2º de primaria, seis; en 3º y 4º, siete; en 5º y 6º, ocho; en secundaria, nueve; en la FP básica, cuatro, y en bachillerato, apenas dos y “como orientación y seguimiento”. En el consejo escolar de diciembre de 2020, la FAPA Giner de los Ríos ya pidió ampliar el número de horas semanales.
Para Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad), no es “ni justo ni razonable”. “Se está financiando con dinero público una actividad privada. Ya puestos, ¿por qué no les pagan el comedor o los libros de texto?”, se pregunta. A su juicio, se trata de “una subvención encubierta” porque quien debería de hacerse cargo de los alumnos convalecientes “es la empresa absolutamente privada a la que asisten a clase”.
Y, mientras tanto, “a la pública se le escamotea y regatea hasta el último céntimo y hasta el último profesor”, subraya Álvarez, para precisar que el curso que viene primaria y secundaria tendrán entre 4.000 y 5.000 docentes menos. “Contaremos con el 50% de los profesores de refuerzo para la covid”, remacha. “Es una desfachatez, una muestra más del cuidado y esmero con el que la Consejería de Educación administra el dinero público”, ironiza el representante de los directores, para quien “se prescinde de lo fundamental, se ahorra en lo que beneficia a todos, y se financia algo que solo beneficia a los más beneficiados”.
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