La Guardia Civil investiga si las supuestas mordidas del exasesor de Ábalos se destinaron a pisos, gastos suntuarios y dinero en efectivo

La investigación que ha desembocado en la desarticulación de la presunta trama encabezada por Koldo García, antiguo asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, intenta ahora acreditar el destino de las millonarias mordidas recibidas supuestamente por la adjudicación de contratos para suministrar mascarillas en plena pandemia. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han constatado un incremento patrimonial no justificado en varios de los detenidos tras localizar inmuebles y terrenos supuestamente adquiridos con estos fondos, así como numerosos gastos suntuarios de algunos implicados que exceden sus ingresos declarados. Además, a un arrestado se le intervinieron 120.000 euros en efectivo, que los agentes intentan determinar si forma parte de estas comisiones presuntamente ilegales. Las primeras estimaciones de la Guardia Civil cifran en 9,5 millones el beneficio obtenido por la red desmantelada.

En el caso de Koldo García, la investigación ha puesto bajo sospecha la compra entre 2020 y 2023 de dos pisos en la costa alicantina ―uno de ellos, un ático― y varios terrenos en la misma provincia que figuran adquiridos junto a su mujer, Patricia U., también detenida. A la esposa, tras interrogarla, la Guardia Civil la puso en libertad a la espera de que el juez la cite a declarar en la Audiencia Nacional. Todas estas propiedades inmobiliarias han sido bloqueadas por orden del magistrado. Además, según fuentes jurídicas, también se vincula al excolaborador de Ábalos con presuntas sociedades pantalla.

En el caso del empresario Víctor de Aldama, otro de las personajes clave de la supuesta trama por su presunto papel de gestor en la sombra de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., la sociedad con la que presuntamente se cometió el fraude, la investigación le ha detectado un alto nivel de vida, con numerosos gastos suntuarios difícil de justificar con los ingresos declarados con sus otras mercantiles. De Aldama es presidente del Zamora Club de Fútbol, equipo que milita en Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español.

Tras declarar este miércoles ante el juez Ismael Moreno, instructor de la Audiencia Nacional, Koldo García y Víctor de Aldama han quedado en libertad con medidas cautelares —se les retira el pasaporte, se les prohíbe salir de España y se les impone comparecencias quincenales en el juzgado—. Las pesquisas se mantienen abiertas por delitos de organización criminal, blanqueo, tráfico de influencias y cohecho. El dinero en efectivo se localizó en poder de Rogelio P., propietario de un depósito judicial en la provincia de Murcia, señalan fuentes cercanas a la investigación. Rogelio P. también quedó en libertad tras declarar ante los agentes y, según esperan fuentes cercanas a las pesquisas, previsiblemente será citado en las próximas semanas por el juez. La causa sigue bajo secreto de sumario.

La Operación Delorme (bautizada así en referencia a Charles de Lorme, médico que ideó en el siglo XVII una máscara con la que pretendía evitar el contagio de la peste negra) se inició a raíz de la denuncia presentada en 2022 ante la Fiscalía Anticorrupción por Alfonso Serrano, diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. En ese momento, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se encontraba en en el centro de la polémica por la adjudicación por parte de su Ejecutivo de un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas que acabó beneficiando a su hermano. El partido conservador decidió contraatacar con un escrito donde alertaba de supuestas irregularidades en una docena de contratos de emergencia relacionados también con la covid y formalizados por diversos organismos de la Administración General del Estado, en manos del PSOE.

Tras indagar sobre todos esos expedientes, el ministerio público archivó prácticamente todas las denuncias tras no constatar indicios de delito. Sin embargo, una de las líneas de investigación siguió adelante: la que ponía bajo sospecha a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., una empresa con sede en Zaragoza y que, pese a tener como objeto de actividad declarado “servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales (principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas)”, obtuvo contratos por encima de 50 millones para suministrar mascarillas y equipos de protección individual (EPI) a varios ministerios y administraciones públicas, pese a que sus relaciones con China (gran suministrador entonces de material sanitario) eran inexistentes.

La Fiscalía presentó una querella en los juzgados en septiembre de 2023 contra siete personas, según fuentes jurídicas, que precisan que ese documento no vinculaba a Ábalos con la trama —aunque, posteriormente, la UCO y Anticorrupción han impulsado más diligencias que aún no han salido a la luz—. Entre la veintena de arrestados esta semana se encuentra, por ejemplo, un guardia civil al que los agentes tomaron declaración y dejaron en libertad tras concluir que no tiene una gran relevancia en la cúpula de la red corrupta.

Las pesquisas apuntan a que Koldo García presuntamente utilizó las relaciones personales que había tejido con terceros por su puesto en el Ministerio de Transportes y su conocida vinculación personal con Ábalos para favorecer las adjudicaciones a dicha empresa, lo que le permitió cobrar supuestamente millonarias comisiones. La investigación pone bajo sospecha los contratos que adjudicaron a la sociedad desde instituciones como Puertos del Estado y Adif (ambas dependientes del departamento que entonces encabezaba Ábalos), el Ministerio del Interior y los gobiernos autónomos de Baleares y Canarias, entonces presididos respectivamente por la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Fuentes cercanas a la investigación destacan que Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas pasó de facturar cero euros en 2019, antes del inicio de la pandemia, a mover 53 millones de euros en 2020. “A partir de 2021, coincidiendo con la salida de Ábalos del Gobierno de Pedro Sánchez, esta sociedad dejó de facturar al Ministerio del Transporte”, recalcan estas mismas fuentes, como un indicio más de las supuestas irregularidades. En los últimos días, agentes de la UCO han tomado declaración como testigos a los responsables de contratación de los organismos públicos que compraron mascarillas a la empresa de la trama, entre ellos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. En los próximos días, los investigadores esperan que pasen a declarar por la Audiencia Nacional la quincena de detenidos que aún no lo han hecho y que la Guardia Civil dejó en libertad tras interrogarlos.