El Gobierno de Armengol reclamó 2,6 millones de euros a la empresa de la trama de mascarillas
El Servicio de Salud de Baleares comprobó que las mascarillas FPP2 compradas por 3,7 millones de euros eran en realidad quirúrgicas y reclamó la devolución del sobrecoste
El Gobierno de Baleares presidido por la socialista Francina Armengol, reclamó 2,6 millones de euros a la empresa de la trama de mascarillas investigada por supuestos cobros de comisiones por la Audiencia Nacional y que se vincula a Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos que ha quedado en libertad este jueves por este caso tras declarar en la Audiencia Nacional. El Servicio de Salud de Baleares gastó 3,7 millones en mascarillas FPP2 en mayo de 2020, en el peor momento de la pandemia, pero en realidad eran quirúrgicas y reclamó la devolución del sobrecoste casi tres años después. El caso ha desembocado en una tormenta política en Baleares. El PP ha acusado al anterior equipo de gobierno de no haber reclamado el sobrecoste de las mascarillas hasta después de perder las elecciones, un extremo los socialistas desmienten alegando que ya hicieron un apercibimiento a la empresa antes de los comicios autonómicos del pasado mayo.
El Gobierno balear compró las mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L en mayo de 2020. Según los informes aportados por el Gobierno balear, la empresa vinculada a Koldo García contactó con el Servicio de Salud balear mediante correo electrónico unos días antes, el 25 de abril de 2020, para ofrecer “un avión repleto de mascarillas KN95″ y la disposición para suministrar “1.480.700 mascarillas de protección para vapores orgánicos FPP2 de un solo uso”.
En mayo de 2020, el director general del IB Salud emitió una resolución para adquirir el material sanitario por un importe total de 3,7 millones de euros y distribuyó las mascarillas para su uso en los centros de salud. Sin embargo, tras enviar muestras de las mascarillas al Centro Nacional de Medios de Protección, los resultados corroboraron que ninguna de las muestras enviadas cumplía con los requisitos de una mascarilla con el nivel de protección FFP2. Las mascarillas fueron retiradas y almacenadas en las dependencias del antiguo hospital de referencia de Son Dureta a la espera de que se decretara el fin de la pandemia y no fuera necesario retener el material.
El Servicio de Salud de las islas anunció a la empresa que iba a reclamar que las mascarillas no cumplían con los requerimientos técnicos exigidos casi tres años después, en marzo de 2023. En este mismo acto le anunció que tomarían las medidas oportunas para resarcir al erario público. La reclamación se formalizó en julio. El Gobierno balear explicaba que no habían reclamado antes la compensación porque la pandemia seguía vigente. Por ello, esperaron a que la Organización Mundial de la Salud decretara el final de la pandemia, el 5 de mayo de 2023, y entonces ejecutaron una de las cláusulas del contrato para reclamar el sobrecoste.
Auditoría interna del PP
Después del cambio de gobierno tras las elecciones autonómicas, el Gobierno de la popular Marga Prohens ha continuado el trámite de la reclamación y ha exigido el pago de los 2,6 millones de euros, algo que la empresa todavía no ha abonado. La Consejería de Salud ha avanzado este jueves que llevará a cabo una auditoría interna para investigar la compra de las mascarillas y ha recordado que en julio de 2022 la Guardia Civil solicitó una copia del expediente tras haber detectado presuntas irregularidades en otras comunidades autónomas.
Las circunstancias en las que se produjo esta contratación ha caldeado los ánimos de los representantes políticos baleares, unas horas después de que la investigación de la Audiencia Nacional en torno al asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos haya salido a la luz. Los populares han criticado que el anterior equipo de gobierno no reclamara el sobrecoste de las mascarillas hasta después de perder las elecciones. “Mintieron y dijeron que habían comenzado a reclamar del dinero antes de las elecciones, cuando las informaciones reales que sabemos es que no lo hicieron hasta el 6 de julio, cuando ya sabían que abandonarían el Govern. Las informaciones hacen pensar que no habrían reclamado si hubiesen seguido”, ha manifestado el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras.
El portavoz parlamentario del PSOE, Iago Negueruela, ha explicado que el aviso a la empresa de que se iba a reclamar se hizo en marzo de 2023, dos meses antes de las elecciones, advirtiendo de que tomarían las medidas oportunas para recuperar el dinero invertido en las mascarillas. “Las víctimas han sido el anterior Gobierno y el actual y si se investiga a una persona exigimos que se actúe con la máxima contundencia”, ha señalado.
