Junts ha votado en contra de todos los decretos ‘anticrisis’ aprobados por el Gobierno

El probable rechazo de Junts al decreto anticrisis que el Gobierno pretende aprobar este miércoles demuestra que la legislatura va a ser compleja desde su primera votación. Ya en el anterior mandato de Sánchez, la formación nacionalista rechazó los tres decretos con los que el Gobierno trató de hacer frente a la espiral inflacionista derivada de la guerra en Ucrania. En total, Junts apoyó más de la mitad (72 a favor, 55 abstenciones) de las leyes sometidas a votación por el Ejecutivo (157).

La relación entre el partido independentista y el Gobierno fue turbulenta desde el principio de la legislatura. Con la desconfianza respecto a la excarcelación de los políticos independentistas presos por el procés como pretexto, los entonces ocho diputados de Junts —uno menos ahora— votaron en contra durante las dos sesiones de investidura de Pedro Sánchez en 2020. Y con el líder socialista ya investido, Junts rechazó los Presupuestos Generales del Estado de 2021, 2022 y 2023.

Además, de los tres paquetes anticrisis aprobados por el Gobierno hasta la fecha, Junts no ha votado a favor en ninguna ocasión. El primero coincidió con el supuesto espionaje a independentistas por parte del Estado —el llamado caso Pegasus—, lo que llevó a Junts a votar “no” a la propuesta de un Gobierno que, aseguraron, les “espía”, en palabras de su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras. En el segundo, en julio de 2022, Junts se abstuvo en una votación en la que solo Vox votó en contra. En el tercero, en enero del año pasado, Junts volvió a votar en contra —cuando incluso Vox y el PP se abstuvieron— ante las críticas de la diputada Mariona Illamola por que España siguiera importando gas ruso tras el estallido de la guerra de Ucrania y por la ruptura de relaciones comerciales con Argelia, primer proveedor de gas a España.

La formación independentista también rechazó algunas medidas económicas argumentando que o bien invadían competencias autonómicas o bien no satisfacían las particularidades regionales de Cataluña. Fue el caso de la la reforma laboral, a la que Miriam Nogueras llegó a calificar de “parche” acordado entre la CEOE y los sindicatos españoles, pero que “excluía al 99,8% del tejido empresarial catalán”. De manera similar, Junts también votó en contra de la Ley de Vivienda por su supuesta invasión de las competencias autonómicas, en una línea similar a la mantenida por el PP de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que rechazó aplicar la norma en la Comunidad de Madrid. Una vez aprobado el texto, Junts impulsó un recurso en el Parlament catalán para que el Constitucional la tumbase por su presunta invasión de las competencias catalanas.

El intento de derogación de la llamada ley mordaza aprobada por el Ejecutivo de Rajoy en 2015 también provocó un choque con el Gobierno. Aunque lo que tumbó la reforma legislativa fue el rechazo final de ERC y EH Bildu, Junts votó en contra, junto a PP, Vox y Cs. Entonces, el diputado Josep Pagés (Junts) aseguró que la modificación era una mera “mordaza light” con la “misma orientación autoritaria” que su predecesora. “No vamos a permitir que en suelo catalán la Policía Nacional continúe reventándonos los ojos”, dijo entonces en alusión al uso policial de las pelotas de goma, uno de los puntos de desencuentro entre los socios de investidura.

Para Junts, la Ley de Memoria Democrática fue “insuficiente” y Pagés condicionó su apoyo al texto a que se citase expresamente “la nación catalana” como “víctima del franquismo”. Además, llegó a calificar la democracia española como un “hijo bastardo de la dictadura fascista” durante su votación en el Congreso.

Apoyo en más de la mitad de las leyes

A pesar de los sonados rechazos, Junts votó a favor en 72 de las 157 leyes sometidas a votación durante la primera legislatura de Sánchez, y se abstuvo en 55 ocasiones. Más allá de apoyos más obvios, como el de la derogación del delito de sedición o la reforma del de malversación, los independentistas apoyaron los ERTE y algunas medidas económicas durante los meses más duros de la pandemia de covid..

Con algunas de las medidas más polémicas emitidas desde el Ministerio de Igualdad, Junts se posicionó a favor del Gobierno. En primer lugar, apoyaron la ley del solo sí es sí; y tras sus efectos indeseados, la formación independentista se abstuvo en la posterior modificación del Gobierno para revertir la norma. Respecto a la ley trans, que dividió fuertemente a los socios del Gobierno de coalición, Junts votó a favor, aunque la diputada Pilar Calvo se situó en línea con la tesis de Unidas Podemos y criticó que los menores de 12 a 14 años necesitasen autorización judicial para modificar su sexo en el registro civil.

Los de Junts también votaron a favor en otras medidas económicas como la revalorización de las pensiones para ajustarlas a la evolución del IPC o la creación del Ingreso Mínimo Vital. Una vez aprobado, Junts también votó favorablemente al reciente traspaso de la gestión de esta ayuda a Cataluña, uno de los acuerdos alcanzados el mes pasado entre Sánchez y el president Pere Aragonès.

En materia energética, Junts ha dado muestras de su ambivalencia. Pese a rechazar los tres paquetes anticrisis y amenazar con votar en contra del próximo, Junts se posicionó a favor de la creación de un impuesto a los beneficios extraordinarios que la banca o las grandes energéticas, disparados en el contexto de inflación. Al mismo tiempo, los nacionalistas se abstuvieron durante la votación para aprobar el mecanismo de limitación de precios de la energía, conocido como la excepción ibérica.

Algunas normas, como la Ley de Eutanasia, lograron el consenso de partidos tan diversos ideológicamente como Ciudadanos y el PNV, pero se encontraron con la abstención de los independentistas catalanes. En materia educativa, se mostraron en contra de la ley Celáa, de educación, pero decidieron abstenerse para poner fin a la Lomce, vigente hasta entonces. En el caso de una de las propuestas estrella de Unidas Podemos, la Ley de Bienestar Animal, Junts se abstuvo al no estar de acuerdo con la exclusión de los perros de caza de los animales protegidos con nuevos derechos.