Con el año apenas estrenado, el Gobierno vive estos primeros días de enero inmerso en un frenético proceso de negociación hasta el próximo miércoles. El Congreso debatirá durante esa jornada tanto las dos enmiendas a la totalidad de la ley amnistía de PP y Vox como los tres decretos aprobados por el Ejecutivo en diciembre. Junts anunció este viernes que votará en contra de los textos, de los que dependen tanto la continuidad de las medidas anticrisis como la recepción de 10.000 millones de euros de fondos europeos. Desde La Moncloa no quieren dejar ninguna liana sin lanzar y presionarán a los populares, cuyas comunidades autónomas se verían directamente afectadas si Bruselas corta el grifo, además de apretar a la formación de Alberto Núñez Feijóo con las consecuencias económicas que implicaría para los ciudadanos hacer caer el escudo social, según fuentes gubernamentales. En paralelo, los contactos se mantendrán hasta el último momento con Junts, pero desde el Ejecutivo se niegan de plano a ceder a una de sus condiciones: cambiar los decretos por nuevos textos. Tampoco está garantizado el sí de otros partidos como Podemos o PNV. La tensión, anticipan, podría prolongarse hasta justo antes del pleno.

La sesión de alto voltaje empezará el miércoles a las nueve de la mañana en el Senado, al encontrarse el Congreso en obras. La Cámara baja discutirá ese día en un pleno extraordinario tanto las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía, con la oposición frontal de las fuerzas de la derecha, como la ratificación de tres decretos: el que extiende a 2024 gran parte del paquete anticrisis, el decreto ómnibus que incluye otras medidas relacionadas con la recepción de los fondos europeos —como la digitalización de la Justicia— y un tercero sobre medidas de conciliación del Ministerio de Trabajo. Todos zozobran por la negativa de Junts. Y el Gobierno teme que mantengan el pulso.

La formación de Carles Puigdemont sostiene que el texto que afecta a Justicia “pone en peligro” la aplicación de la medida de gracia a los encausados por el procés. La jurisprudencia europea contradice este argumento y demuestra que en la práctica no variaría nada. Junts rechaza los otros dos textos porque cree que parte del contenido de las iniciativas parlamentarias invade competencias de la Generalitat y agrava su “infrafinanciación”, según fuentes del partido catalán.

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, mantuvieron una reunión infructuosa este jueves. De momento, las posiciones están totalmente enfrentadas al rechazar Junts los tres decretos y negarse el Gobierno a sustituirlos por nuevos textos. Los contactos se mantendrán hasta el final con los catalanes pero, entretanto, el Gobierno pone el foco en el PP, a los que presionarán durante estos días para lograr el voto favorable de los populares a las tres iniciativas parlamentarias, vigentes provisionalmente hasta que sean ratificadas.

Feijóo avanzó este viernes en una entrevista en el diario digital El debate que está “dispuesto” a pactar la convalidación del decreto de las medidas anticrisis si el Gobierno añade tres enmiendas. El líder de la oposición exige como condiciones: aplicar una rebaja del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros, incluir en la rebaja del IVA de los alimentos la carne, el pescado y las conservas y que se mantenga la rebaja del IVA del gas y electricidad en el mismo índice del año pasado —del 5% en lugar del 10%—.

El problema para los populares es que en su decisión de apoyar o no los decretos se mezclan varios factores. Por un lado, sobre sus hombros pesa la pérdida de financiación que implicaría la no convalidación del decreto ómnibus para los presidentes autonómicos del PP. De la aprobación de ese texto dependía que España pudiera cobrar la cuarta partida de los fondos Next Generation por valor de 10.000 millones de euros. Una ingente fuente de ingresos que revierte en las comunidades, de las cuales 11 están gobernadas por el PP.

Por otra parte, de suceder el voto favorable de los populares a los decretos, este movimiento tendría lugar en plena pugna con Vox por escenificar quién da más contra Sánchez en la antesala del nuevo ciclo electoral. Una lucha que se avivó este miércoles con el registro de sus respectivas enmiendas a la ley de amnistía. El PP propone en su texto alternativo la disolución de partidos que promuevan declaraciones de independencia o referendos ilegales, una postura antes defendida por los de Santiago Abascal y que los de Feijóo habían rechazado. “Menuda hipocresía. Son unos judas, dicen una cosa y hacen la contraria, son unos falsos”, dijo al respecto el concejal madrileño, Javier Ortega-Smith, este jueves.

Defensa aguerrida

El PP juega ahora con otra baza más para atacar al Ejecutivo durante el debate: la resistencia de Junts a votar a favor de los decretos. “A Pedro Sánchez la pelota de pelo se le va a hacer muy gorda en la garganta”, señalan fuentes de la dirección popular. “Tiene la gran batalla a final de año, y en 2025, que es las catalanas. Con una rivalidad clarísima, Junts y Esquerra, donde eso le va a llevar a una contradicción muy potente porque todos los días están batallando por lo mismo: quién es el que tiene más peso. Lo va a tener muy difícil para legislar. Cuando tus socios lo que quieren es debilitarte como Gobierno y como Estado, es muy difícil que pueda llegar a acuerdos sólidos”, agregan.

Durante el pleno, el PP hará una defensa aguerrida de su enmienda a la totalidad de la ley de amnistía que, además de proponer la disolución de partidos, golpea de lleno en su exposición de motivos el contenido de la norma basándose en pronunciamientos de Bruselas, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en doctrina del Tribunal Supremo y del Constitucional que a su juicio sostienen su oposición a la medida de gracia, que ven como mero pago para que Sánchez fuese investido.

El otro adversario del PP, el próximo miércoles, será Abascal, cuyos dardos contra los populares se han intensificado. Vox se apresuró ya el pasado viernes a censurar con dureza que Feijóo se abra a convalidar las medidas anticrisis. “El señor Feijóo no se ha enterado o no se quiere enterar de que el golpe de Estado que está dando Pedro Sánchez le echa de la legalidad e impide cualquier acuerdo político”, escribió el partido ultra en X. “Solo Vox lo tiene claro: distancia infinita con este Gobierno y sus socios golpistas, terroristas y comunistas”, añadió. Además disponen de otro elemento, revelado esta semana, para confrontar con los populares: la reunión que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, mantuvo con dos altos cargos de Junts en un hotel, a mediados de agosto. Abascal ya utilizó, durante el primer pleno sobre la medida de gracia, la mitad de su tiempo de intervención en cargar contra Feijóo.

De los férreos ataques de la derecha tendrá que zafarse por su parte el Gobierno en el hemiciclo. El Ejecutivo podrá agitar contra el PP un cócktail que mezcle la cita los populares con Junts en verano, las críticas de la comunidad jurídica a la propuesta de disolver partidos y la condena pero con reservas de los populares al apaleamiento de un muñeco de Sánchez en Nochevieja. El Gobierno suele contrarrestar los argumentos contra la amnistía con la defensa de la protección social y las medidas anticrisis, que justo se debaten durante la misma sesión. La cuestión es llegar con su aprobación atada. Y quedan tres días de angustiosa negociación por delante.