El Gobierno ultima el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital a Cataluña para abrochar el acuerdo con ERC

Las negociaciones para celebrar la investidura de Pedro Sánchez se han acelerado tras el punto de no retorno que supuso la defensa sin eufemismos de la amnistía en el último comité federal del PSOE. La reunión este lunes en Bruselas de Santos Cerdán con Carles Puigdemont es el preámbulo de la recta final de los pactos con ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el BNG, cuyo respaldo Sánchez necesita y que se encuentran muy avanzados a falta de los remates finales. La medida de gracia haría posible la investidura, pero con eso no le basta a los independentistas, en especial a ERC y dentro de su lucha por la hegemonía con Junts en su espacio electoral. Sánchez, a su vez, persigue un acuerdo de legislatura y que, por tanto, no se limite a que sea investido, es decir, que busca garantías de estabilidad en un Congreso sin mayoría progresista. En este contexto se entiende el traspaso de competencias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Cataluña que ultiman el Gobierno y la Generalitat, según avanzan fuentes conocedoras de las negociaciones a EL PAÍS.

La Moncloa y el Govern tienen prácticamente listo el acuerdo. En todo caso, no se trataría de una cesión de nuevo cuño, pues el acuerdo de traspaso de esta prestación ya se había tomado en la comisión bilateral en febrero del año pasado —por entonces ERC y Junts cogobernaban la Generalitat, antes de su ruptura hace un año—, pero el desenlace llegará justamente en medio del tira y afloja entre el PSOE y los partidos independentistas para sacar adelante la investidura. Dentro del Govern monocolor de ERC ven con buenos ojos el avance, pero alertan de que es un error que se obvie que su voto depende de que, además de la amnistía y los avances hacia el referéndum, se aborde el fin del “déficit fiscal” y el traspaso de Rodalies.

Oficialmente, la Generalitat asegura que el traspaso de la gestión sigue “embarrancado” desde que en febrero de 2023, en la reunión de los ejecutivos central y catalán en Barcelona, se oficializara el traspaso de esa competencia. Hasta ahora, el desacuerdo radicaba básicamente en que el departamento de Derechos Sociales, que comanda Carles Campuzano, descartaba un acuerdo que implicaba asumir una carga administrativa que, según el propio conseller, generaba “un infierno burocrático su acceso para la gente más vulnerable” al haber dos prestaciones similares de distinta regulación. Según datos del Ministerio de Inclusión, un total de 199.252 catalanes pobres han recibido esa ayuda, que es compatible con la catalana Renta Garantizada.

Sin embargo, fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran en privado que el acuerdo está allanado y que faltan “algunos flecos” para poder presentarlo. Las reuniones que Campuzano ha mantenido desde septiembre con responsables del ministerio que dirige José Luis Escrivá, según comparten distintas fuentes, han encauzado el traspaso que tanto fuentes socialistas como del Govern dan por seguro.

En las filas de ERC aseguran, no obstante, que si bien se trata de una reivindicación sobre la mesa desde que la ley se tramitó en 2021, no es materia de las negociaciones de la investidura. El sí a Sánchez, recuerdan, depende de tres carpetas: la amnistía, avances en la resolución del conflicto político y el fin del déficit fiscal y el traspaso de Rodalies. La gestión del IMV, continúan, supondría una “carpeta cero”, es decir, que el PSOE estaría cumpliendo con acuerdos pendientes como muestra de confianza entre las partes de cara a un futuro pacto.

Bajo el umbral de la pobreza

El IMV se aprobó de manera definitiva en el Congreso en diciembre de 2021 y, según datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el pasado mes de mayo llegaba al 16,2% de los catalanes bajo el umbral de pobreza. Entonces, el PNV supeditó claramente su apoyo a las cuentas a que se traspasara al Gobierno vasco la gestión de la ayuda. ERC hizo lo propio, pero, a diferencia de los nacionalistas vascos, no había visto la concreción de ese acuerdo. El Ejecutivo de Iñaki Urkullu tramita la prestación que busca luchar contra la pobreza estructural desde el otoño de 2020 como una encomienda de gestión y desde marzo de 2022 también gestiona de forma autónoma los expedientes y abona la ayuda. Navarra asumió el pasado mes de noviembre la competencia para la gestión del Ingreso Mínimo Vital, de la que se encarga el Departamento de Derechos Sociales.

La Generalitat incluso presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. Los magistrados, con dos votos en contra, rechazaron la petición asegurando que el IMV es una competencia estatal. En su disposición cuarta, el articulado fija a posibilidad de alcanzar convenios entre administraciones para la gestión de esta prestación por parte de las comunidades autónomas.