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Junts apremia al Gobierno con su rechazo a los decretos y certifica la complejidad de la legislatura

El partido de Puigdemont, que celebra este lunes una ejecutiva, rechaza el texto al sostener que pone en peligro la amnistía

Gobierno de España
La líder parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, entra en el hemiciclo ante Pedro Sánchez y Teresa Ribera.Jaime Villanueva
Àngels Piñol

Junts per Catalunya se propone votar este miércoles en contra de los tres decretos que presentará el Gobierno de coalición en el Congreso. El partido de Carles Puigdemont ya amenazó antes de Fin de Año con tumbar el decreto Ómnibus al incluir, pero no solo, un artículo que a su juicio puede demorar la aplicación de la ley de amnistía, el eje sobre el que gira toda su estrategia. Tras la vuelta de las vacaciones, Junts celebra este lunes una ejecutiva y a su conclusión explicará su decisión, salvo sorpresa mayúscula, de rechazar los decretos. Con su postura, la formación independentista presiona al máximo y a las primeras de cambio al Gobierno de Pedro Sánchez y cumple su guion: que la estabilidad de la legislatura depende de los avances en el conflicto soberanista y en lograr mejoras para Cataluña.

Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, se desplazó este jueves a Barcelona para reunirse con el secretario general de Junts, Jordi Turull, sin que lograran despejar el primer escollo de este mandato. Tiene una incuestionable carga simbólica porque es la primera decisión que impulsa el Gobierno —la aprobó el 19 de diciembre— y ahora mismo está en el aire. Junts ha querido dar una muestra de fuerza porque además del asunto de la amnistía, dice que el Ejecutivo no ha querido negociar los otros dos textos con antelación y que siempre está a tiempo de retirarlos. En cualquier caso, rechaza convalidarlos y tramitarlos después como proyectos de ley. El PSOE se niega a dar marcha atrás y, sometido a una prueba de estrés, está mirando al PP para ver si puede alcanzar un pacto in extremis para impulsarlo por trámite de urgencia como proyecto de ley.

Turull convino este domingo que el decreto estaba preparado antes del 23-J pero que las circunstancias no son las mismas que las de ahora. “Tal y como está ahora, nuestra votación es un no como una casa de pagès, No tiene nuestra validación de ninguna de les maneras. No solo por el artículo 43, sino por otras muchas cosas”, afirmó en una entrevista en ElNacional.cat. El dirigente recuerda que en el acuerdo entre Junts y el PSOE “en ningún lado” recoge que deban votar las cosas “porque sí” y señala que las cosas no funcionan así y que es el PSOE en que debe decidir si quiere negociar con antelación, posponiendo los textos o volviendo a hacer otros. Y recuerda que la legislatura depende del avance en la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado y en acabar “agravios”. “En estos decretos hay temas que no respetan ni la financiación de la Generalitat, ni temas competenciales. A partir de aquí y hasta el día del Pleno, veremos la reacción del PSOE”.

El Gobierno aprobó en diciembre el decreto sobre la transformación digital de la justicia, que fue una de condiciones que exigió la Comisión Europea para desembolsar la cuarta partida de 10.000 millones de euros de fondos europeos con destino a España. En total, se elevan al Congreso tres decretos: el paquete anticrisis; el de conciliación del Ministerio de Trabajo y el ómnibus que incluye la digitalización de la justicia y medidas relacionadas con los fondos. Miriam Nogueras, líder parlamentaria de Junts, ya avisó al PSOE hace semanas que podrían votar en contra y apuntó que el artículo 43 bis del texto al entender que “pone en riesgo la aplicación de la amnistía”. El artículo fija que cuando un tribunal presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe suspender automáticamente la causa hasta que la justicia europea resuelva.

La cuestión es que esa posibilidad es una práctica real entre tribunales que no estaba plasmado en una ley. Junts certifica su postura y rechaza la tramitación como proyecto de ley y mantiene además que el contenido de los otros decretos no se ha negociado. “Son reales decreto macedonia que regulan materias inconexas y que dificultan el posicionamiento”, sostuvo Nogueras, que citó entre otras cosas que el decreto comporte modificar el servicio de justicia sin aportar recursos y que invaden competencias de la Generalitat en función pública y tras que inciden en lo que consideran una deficiente financiación.

Anna Erra, presidenta del Parlament, sostuvo, en una entrevista a la Agencia Catalana de Noticies, que su partido está aplicando la filosofía de ser pragmático y de “pagar por adelantado” para conseguir cosas que beneficien a Cataluña. Fue ese el lema que Puigdemont utilizó cuando dibujó en septiembre cómo serían las relaciones con los socialistas. “Lo único que está haciendo Junts es aprovechar la fuerza que le ha dado la aritmética con sus siete diputados. Lo que estamos sencillamente es jugar al juego que nos hemos encontrado”, afirmó la diputada apelando a ese pragmatismo por la “desconfianza y el miedo” que les generan los partidos españoles históricamente con Cataluña.

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Ley de Amnistía
El expresident y eurodiputado Carles Puigdemont, en una intervención en el Parlamento europeo ante Pedro Sánchez.RONALD WITTEK (EFE)

Delegaciones del PSOE y Junts se reunieron el 2 de diciembre en Ginebra (Suiza) y la incógnita es saber cómo afectará a su relación este episodio que ha contrariado a las primeras de cambio al Gobierno. Con todo, Junts asegura la permanencia de la legislatura mientras como mínimo no esté aprobada y aplicada y en vigor la amnistía. La posición de Junts tiene una lectura interna también en su competencia con Esquerra en un año preelectoral para lanzar la idea de que aceptan sin grandes resistencias las exigencias del PSOE. En cualquier caso, la portavoz de ERC, Raquel Sans, acaba de avisar al PSC de que los presupuestos catalanes están ligados a los Generales y ha vinculado la estabilidad del Gobierno a la negociación del referéndum.

Los siete votos de Junts son determinantes para alcanzar la mayoría absoluta (176 escaños) pero también los de otras fuerzas. La misma ERC no ha revelado su su voto en el decreto òmnibus. Tampoco el PNV, EH Bildu ni tampoco los los cinco diputados de Podemos, ahora en el grupo mixto, tras la ruptura con Sumar. Fuentes del partido morado sostienen que colectivos sociales les han trasladado su inquietud por el punto de la amnistía y por si se podría demorar su aplicación. La votación en cualquier caso evidencia que la legislatura será tan volcánica como su gestación. Con un Gobierno con una mayoría parlamentaria inestable, la situación evoca a la del Ejecutivo catalán de Pere Aragonès cuando el PSC le recrimina que no pacte con antelación los decretos-ley. El último, como el de la regulación de los pisos turísticos, le forzó a tramitarlo como proyecto de ley.

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