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Feijóo carga contra el acuerdo para la ley de vivienda: “Disminuirá la oferta de alquiler e incrementará los precios”

La ministra Ione Belarra defiende el acuerdo con ERC y Bildu como “el paso más importante que se ha dado” para garantizar un “derecho constitucional”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz (derecha), en San Sebastián, este viernes.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz (derecha), en San Sebastián, este viernes.Javier Hernandez Juantegui

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el acuerdo del Gobierno con ERC y Bildu para la ley de vivienda anunciado este viernes y que incluye un tope permanente a la subida de los alquileres en toda España. “Intervenir en el mercado puede conllevar una disminución de la oferta de alquiler y un incremento de los precios como consecuencia de la disminución de los pisos porque los propietarios no están dispuestos a ponerlos a disposición de los ciudadanos”, ha afirmado Feijóo a preguntas de los periodistas en conferencia de prensa en San Sebastián, este viernes, donde ha acudido a un acto de precampaña.

Además, el líder del principal partido de la oposición ha censurado que sean ERC y Bildu quienes “impongan” el contenido del texto por la “debilidad” del Ejecutivo. “Nos sorprende que los políticos independentistas señalen la política de vivienda del conjunto de España cuando ellos pretenden no formar parte de la nación. La política de vivienda la marcan quienes no quieren formar parte de España y que no representan más que a un porcentaje muy pequeño de la población española”, ha aseverado el dirigente popular, que no ha querido entrar a valorar si derogará o no la norma de llegar a La Moncloa tras las elecciones generales previstas para final de año.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido a su vez contra el acuerdo a su llegada a un acto de la Fundación Mutua Madrileña. “Todo lo que sea intervenir va a llevar a España a la pobreza más absoluta. Me parece sorprendente que Bildu tenga la capacidad de decidir sobre la vivienda de los españoles”, ha criticado la dirigente popular, al tiempo que ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “blanquea al entorno político de ETA”.

También desde la oposición, Ciudadanos se ha mostrado en contra de la medida. “Los parches intervencionistas del Gobierno y sus socios populistas no solucionan el gran problema de acceso a una vivienda asequible tras años de políticas fracasadas de PP-PSOE no solo en vivienda sino en empleo juvenil y emancipación”, ha criticado la portavoz nacional de CS, Patricia Guasp, a través de Twitter.

Por su parte, el Gobierno ha salido unido a defender el pacto alcanzado con sus socios en una de las leyes más importantes que quedan pendientes en esta legislatura. “Han sido tres años difíciles, de muchísimas horas de negociación. Gana la ciudadanía y pierden los especuladores que durante décadas han estado campando a sus anchas”, ha subrayado Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. En 2023, el límite al aumento del alquiler para quienes renueven su contrato de arrendamiento seguirá siendo del 2% en toda España. En 2024 será del 3% y para 2025 habrá que establecer un índice específico que aún no está definido.

La dirigente de Unidas Podemos ha comparecido en representación del Ejecutivo tras anunciarse el acuerdo, y después de que la diputada del Grupo Republicano, Pilar Vallugera, y el portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, hayan avanzado el contenido de la norma en rueda de prensa en la Cámara baja, ya que han sido estas formaciones las que han logrado los últimos avances, en especial el límite del 3%. “Es el paso más importante que se ha dado en toda nuestra democracia para garantizar el derecho constitucional a la vivienda”, ha defendido Belarra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha celebrado el acuerdo a través de Twitter: “Damos respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y reforzamos nuestro estado del bienestar”.

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El sector de Unidas Podemos ponía sus peros a las últimas propuestas, que veía insuficientes, pero la negociación ha sido directamente del PSOE con ERC y Bildu porque los socialistas entienden que la ley ya estaba pactada internamente en el Gobierno y el único escollo eran estos dos grupos. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha ensalzado “el paso decisivo” dado por el Gobierno y ha explicado que “se ha hablado con quienes tienen una visión progresista y quieren proteger a propietarios e inquilinos”. “Desde ahora vamos a agilizar todas las gestiones para que durante el mes de mayo esté aprobada [la ley] ya en el Congreso”, ha asegurado Bolaños. Desde Lisboa, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha calificado de “ejemplo de política útil” la norma. “Proteger a las familias y, en especial, a todas las personas jóvenes, es un motivo para la esperanza. Hoy somos un país un poco mejor”, ha añadido a través de Twitter.

Desde Barcelona, donde ha inaugurado la sede de Vueling, la ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha señalado su “orgullo porque en este país cuando se producen avances en derechos es gracias a los socialistas” y ha reconocido “el compromiso y voluntad de Pedro Sánchez para aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia”. La ministra de la que depende la política de vivienda ha insistido en que “la vivienda es un derecho nuclear que da paso a otros como la estabilidad o la dignidad” y ha asegurado que tras su aprobación en las Cortes, “ninguna administración podrá abstraerse de dar respuestas efectivas”.

Frente a las críticas de entidades que defienden el derecho a la vivienda, que aseguran que el texto tiene “agujeros” que permitirán subidas del precio del alquiler, Sánchez, ha replicado, sin entrar en detalle, que “es una buena ley” que permitirá “blindar el derecho a la vivienda”. “Se establecen garantías para inquilinos y propietarios, no atenta contra el derecho a la propiedad, establece derechos y obligaciones, será una medida que ayudará a un mercado que ha funcionado de manera arbitraria y desproporcionada, que no se ha podido controlar”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado el acuerdo alcanzado y ha valorado el papel de la capital catalana en reclamar una regulación de los alquileres y “hacer aportaciones al redactado”, porque el 40% de los vecinos de la ciudad viven de alquiler. Colau ha agradecido su papel “a los movimientos sociales por la vivienda, como el Sindicato de Inquilinas y la PAH (Plataforma de afectados por la Hipoteca)” y ha presumido de su exigencia de “una regulación que fuera efectiva” y ha celebrado que “a diferencia del redactado inicial, el final lo es” e incluye las renovaciones y nuevos contratos “y que las comunidades puedan regular a partir del índice de referencia, que Cataluña ya tiene”. La dirigente de En Comú Podem ha lamentado, no obstante, que “los alquileres de temporada queden fuera de la legislación: los que tienen una duración menor a un año y que las entidades han alertado que pueden ser un coladero de subidas que esquiven la norma. “Pediremos a Sánchez que lo reconsidere y haga una pequeña enmienda al texto para que queden incluidos”, ha afirmado.

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