El Gobierno pacta la ley de vivienda con ERC y Bildu

El Gobierno desbloquea la ley de vivienda, la norma más importante de las que tenía pendientes, y podrá aprobarla de forma rápida en plena precampaña de las autonómicas y municipales del 28 de mayo. El Ejecutivo llevaba meses negociando con ERC y Bildu, los aliados clave en esta norma, y finalmente se ha pactado el contenido fundamental y también la forma de anunciarlo: han sido ERC y Bildu quienes han contado los detalles para que se vea así claramente que son ellos los que han logrado los últimos avances, en especial el límite del 3% a la subida de los alquileres, que era el centro de la última fase de la negociación, y que queda fijado para 2024. En 2023 seguirá el límite de aumento en toda España del 2%. En 2024, será el 3% y para 2025 habrá que establecer un índice específico que aún no está definido.

Los negociadores de ERC y Bildu han acudido este viernes al Congreso para cerrar los últimos detalles y anunciar el acuerdo. “Todos los alquileres que se encuentren en áreas tensionadas serán regulados y topados, sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios”, han asegurado la diputada del Grupo Republicano, Pilar Vallugera, y el portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, que han cerrado la negociación. Esta escenificación es importante, porque quita todo el protagonismo al PSOE, pero también a Unidas Podemos, que convirtió esta ley en un asunto central de su estrategia política, y se lo da a los dos grupos que son imprescindibles para sacar adelante la norma. “Serán los 18 votos de ERC y EH BIldu los que permitan hacer realidad esta ley de vivienda”, han insistido Vallugera y Matute.

Ha sido el sector socialista y en especial el Ministerio de Transportes, con Raquel Sánchez al frente, quien ha llevado con ERC y Bildu la fase final de la negociación. Vallugera y Matute han insistido varias veces en que la negociación directa la han hecho con Transportes, en manos del PSOE, y han mantenido informado al de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra, de Podemos. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha estado muy encima y de hecho vetó algunas de las propuestas negociadoras de Transportes, que llegó a poner encima de la mesa un límite del 3% a los alquileres de forma indefinida. El veto de Economía bloqueó de nuevo la negociación y al final el PSOE tuvo que volver a poner encima de la mesa el 3%, pero no de forma indefinida sino limitada en el tiempo. En realidad, con la inflación ya cerca del 3%, el límite se acercaría mucho al IPC, con lo cual no tendría tanto impacto.

Lo más relevante políticamente para el PSOE es tener aprobada la ley cuanto antes para poder reivindicarla en una campaña decisiva de las autonómicas y municipales. De hecho, el propio Pedro Sánchez ya empezó a hacerlo en un mitin este jueves en Cáceres. “Cada minuto que pasa estoy más convencido de que habrá ley de vivienda esta legislatura”, dijo. El Gobierno lleva toda la semana concentrado en el asunto de la vivienda en sus discursos.

El sector de Unidas Podemos ponía sus peros a las últimas propuestas, que veía insuficientes. Sin embargo, la negociación ha sido directamente del PSOE con ERC y Bildu porque los socialistas entienden que la ley ya estaba pactada internamente en el Gobierno y el único escollo eran estos dos grupos. La ley, que se discute desde hace años, incluso antes de que se formara la coalición, cuando aún gobernaba el PSOE en solitario con apoyo de Unidas Podemos, había salido del Consejo de Ministros en octubre de 2021 tras una negociación interna muy intensa entre el PSOE y Unidas Podemos, pero no contaba con el apoyo de ERC y Bildu y, por tanto, no podía ser aprobada en el Congreso, porque esta norma no tiene el respaldo garantizado de otros grupos de la mayoría, como el PNV, y mucho menos del PP o de Vox. De hecho, en las autonomías del PP muy probablemente no se aplicarán los asuntos más polémicos de esta norma, porque la vivienda es una competencia autonómica y si las comunidades no quieren llevarla adelante será muy difícil imponerla, según admiten en el Ejecutivo. Es una norma que sobre todo ampara y amplía las políticas de vivienda más progresistas en comunidades como Cataluña, gobernada por ERC, o Baleares, en manos de los socialistas.

Vallugera y Matute han admitido que las comunidades del PP podrán no aplicar la norma y no declarar las zonas tensionadas, pero tendrán que enfrentarse al juicio de sus ciudadanos cuando vean que otras comunidades sí lo hacen y logran bajar el precio de los alquileres. En el bloque de la investidura están convencidos de que este asunto puede ser muy relevante para las próximas elecciones. “Si viviera en una comunidad que no lo aplica me plantearía de qué me sirve tomar cañas si no puedo pagar mi alquiler porque mi gobierno decide no declarar una zona tensionada y bajarlo”, ha resumido Matute pensando claramente en Madrid.

La clave final de la negociación ha sido el límite del 3%. “Sin eso no había ley”, ha explicado Vallugera. En la actualidad, como medida extraordinaria frente a la inflación provocada por las consecuencias de la guerra de Ucrania, hay un tope del 2% para todos los alquileres, que decae a finales de este año. El sector socialista, después de superar el inicial veto de Economía, planteaba en la fase final de la negociación que en 2024 ese límite para actualizar los arrendamientos pase del 2% al 3% y luego establecer un tope a las revisiones de renta con un nuevo índice de precios que aún se está diseñando. Así ha quedado finalmente en la ley, según el documento que han preparado ERC y Bildu: “en 2024 el límite será del 3%, y en adelante se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual”. “Lo que pretendemos es que nunca la subida de los alquileres supere al IPC”, ha insistido Matute.

Otra de las novedades del acuerdo, que ya se daba por hecha hace tiempo, es que la definición de “gran tenedor” pasa de 10 a 5 inmuebles, con lo que incluirá a muchos más propietarios. En desahucios, se dificultan mucho más y por ejemplo se fija que “se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada”, algo que facilita la movilización de los grupos que se dedican a intentar frenarlos. También se garantiza por ley que los gastos de la inmobiliaria los pagará el propietario, y no el inquilino. Además, se amplía la declaración de zona tensionada: se podrá hacer cuando el alquier suponga más del 30% de la renta familiar. “Eso puede hacer que prácticamente todo el País Vasco sea declarado zona tensionada, porque en Euskadi estamos en el 30.26%”, ha resumido Matute.

Desde hace semanas, el ambiente que se respiraba entre los negociadores era de inminente acuerdo, aunque nunca terminaba de cerrarse, esperando el momento político oportuno, que ha llegado después de la Semana Santa. La negociación entre estos mismos interlocutores fracasó en la reforma de la ley mordaza, que no era una iniciativa del Gobierno directamente, sino una propuesta del PNV, pero en vivienda todos los mensajes que se trasladaban es que el acuerdo estaba muy cerca.