El Defensor del Pueblo suma 95 nuevos testimonios de víctimas a su informe sobre pederastia en la Iglesia
El titular de la entidad, Ángel Gabilondo, recuerda que aún está pendiente la presentación del estudio ante la sede parlamentaria y que los diputados tomen una decisión sobre sus recomendaciones
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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El Defensor del Pueblo ha recopilado en los últimos cinco meses otros 95 testimonios de víctimas de pederastia en la Iglesia, según ha avanzado este viernes el titular del organismo, Ángel Gabilondo, durante la presentación de su memoria anual en el Congreso de los Diputados. Estos relatos se suman a los 487 que Gabilondo incluyó en el informe que el Congreso le encargó en 2022 sobre “las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”, entregado el pasado octubre. En total, 582 personas han acudido a la entidad pública para contar que sufrieron abusos sexuales. En algunos casos, los relatos se remontan a los años cuarenta. Sobre si incluirá la localización de estas nuevas denuncias de abusos en una versión actualizada del informe, Gabilondo ha advertido de que aún queda pendiente su presentación en sede parlamentaria. “Pondremos los casos que vaya habiendo, pero se modificará el informe en el momento en el que se haya presentado en el Congreso”, ha explicado. De cualquier forma, el Defensor ha matizado que estos nuevos datos no “alteran las conclusiones” que ya aparecen el estudio. La base de datos de EL PAÍS —la única pública que detalla todos los casos que han ido saliendo a la luz por cualquier vía, como prensa, sentencias judiciales o admisión de las instituciones eclesiásticas— contabiliza 2.608 víctimas y 1.460 acusados.
El Congreso de los Diputados encomendó por mayoría absoluta al Defensor del Pueblo la elaboración de este trabajo en marzo de 2022, después de que la investigación de este periódico —emprendida en 2018 y que destapó cientos de casos de pederastia— llevara a las instituciones públicas a abordar el problema. Gabilondo creó dos grupos de trabajo, un equipo de escucha y atención a víctimas y una comisión de expertos para analizar los datos y redactar el informe. Los trabajos se alargaron un año y medio y los resultados fueron demoledores: un 1,13% de la población residente en España —unas 440.000 personas, según cálculos de EL PAÍS— ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según estima una encuesta a gran escala que encargó para incorporar al estudio.
En el informe, de 779 páginas, puede verse que las diferentes diócesis y órdenes religiosas no cooperaron por igual con el Defensor cuando este les solicitó información de los casos que conocían. “No todos los obispos han colaborado, alguno nos ha reñido”, aseguró Gabilondo ante los medios cuando hizo público el documento en octubre. Del mismo modo, de los testimonios recopilados por el equipo de escucha se extrae “el impacto devastador que los abusos han tenido en personas concretas” y la nefasta actuación de la Iglesia ante el escándalo, silenciando a los afectados en muchísimas ocasiones y eludiendo su responsabilidad. Por esta razón, la institución decidió mantener los canales de escucha para seguir recibiendo testimonios y atender a las personas que lo necesitasen. “Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”, añadió Gabilondo durante dicha presentación.
Ahora, indica la institución, “la misión fundamental” es ver qué dirección va a tomar el poder legislativo ante las 24 recomendaciones que incluyó en su estudio. La más relevante es la cuestión de la reparación de las víctimas, para lo que el Defensor defendió la creación de un fondo estatal —en el que participe la Iglesia— para pagar indemnizaciones y un órgano especial de carácter temporal que las regule. Sobre esta propuesta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió durante su debate de investidura en noviembre “una reforma legal” para que la responsabilidad civil no prescriba en estos delitos. “Vamos a crear un fondo estatal para el pago de ayudas y compensaciones a las víctimas que se ajuste a los estándares europeos y vamos a instar a la Iglesia católica a que se comprometa a reconocer y a reparar a todas las personas que desgraciadamente sufrieron abusos por parte del clero”, afirmó. Los obispos españoles han asegurado que no participarán de esta iniciativa y que serán ellos mismos los que elaborarán un plan de reparación integral para las víctimas. No obstante, este no será independiente y, según los datos publicados por la Conferencia Episcopal Española en un informe propio, la Iglesia española solo cree a una de cada 10 víctimas que denuncia un caso de abusos.
Entre otras recomendaciones, el informe del Defensor señala que las diócesis y los institutos de vida consagrada “deberían permitir el acceso de los investigadores a la información contenida en los archivos”, que estas deberían hacer una revisión completa de los mismos y que la Iglesia en general “debería prestar la máxima atención a los procesos de selección de sus miembros”.
Gabilondo no ha querido opinar sobre qué posición debe tomar el Congreso ante sus propuestas: “No somos quienes para decirles [a los diputados] qué deben hacer. No somos ni jueces ni fiscales”. No obstante, ha recordado la urgencia de las víctimas para ser reconocidas como tales a través de un estatuto y la necesidad de ser reparadas económicamente.
