Casi tres meses a la espera de una ayuda urgente para comprar comida
Las prestaciones de emergencia social se ahogan bajo la burocracia y los plazos de la ley de subvenciones
La familia de Carmen se quedó sin ingresos durante la pandemia. Fue a servicios sociales del municipio donde vive, en Andalucía, y contó que no tenían dinero para comer. Le dijeron que le darían una ayuda de emergencia social: 300 euros durante tres meses. Esa prestación que se concede en casos de urgencia tardó “dos meses y medio en llegar”, cuenta Carmen, con un nombre ficticio. El año pasado fue “terrible”. En su casa son cinco, ocho cuando su hijo mayor y sus dos nietos se quedan con ellos. Ninguno trabaja. “No podía comprar ni un litro de leche”, recuerda esta mujer, de 45 años. “Mientras, las trabajadoras me daban comida del banco de alimentos. Cuando estás sin nada y lo necesitas, la espera se hace eterna”.
La pandemia ha causado una gran crisis social. Más de tres millones de personas estaban el año pasado en situación de carencia material severa, según el Instituto Nacional de Estadística, un indicador que se mide cuando los encuestados no pueden permitirse cuatro puntos de una lista de nueve, que incluye no poder comer carne o pescado al menos cada dos días, tener retrasos en pagos relacionados con la vivienda, imposibilidad de afrontar gastos imprevistos o de mantener la casa a una temperatura adecuada. Son un millón más que en 2019.
Las ayudas de emergencia social son prestaciones cuyo objetivo es paliar situaciones de urgencia, necesidades básicas como alimentación, ropa, vivienda o suministros. Son pagos únicos o fraccionados en varios meses. En 2018 se otorgaron cerca de 870.000, según estima la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, usando los últimos datos del plan concertado (los servicios sociales básicos que prestan los ayuntamientos y corporaciones locales). Se gastaron unos 160 millones de euros. Con cifras de 13 comunidades autónomas, sale una media de 184 euros por prestación, según este estudio. “En gran parte de los municipios se tramitan como subvenciones, con procedimientos rígidos y complejos que ralentizan el proceso. Hay lugares donde pueden tardar dos o tres meses”, critica José Manuel Ramírez, presidente de la asociación.
No hay una normativa a nivel estatal que regule estas ayudas, el marco lo fijan las comunidades autónomas, competentes en servicios sociales, y las propias ordenanzas municipales porque en la mayoría de los casos dependen directamente de las entidades locales (en Castilla-La Mancha la concesión es autonómica), tanto ayuntamientos como diputaciones, en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Hay regiones que han especificado que no pueden ser tratadas como subvenciones, como por ejemplo Castilla y León o Cataluña. Pero en otras, como Andalucía y Madrid, sí son consideradas como tal. “Hay municipios donde emplean el procedimiento más estricto, con una fiscalización previa que requiere hasta cuatro o cinco firmas para autorizar el pago, y otros que utilizan fórmulas para agilizar estos pasos”, prosigue Ramírez. En la práctica, afirma, al no haber un único marco a nivel estatal, depende de la interpretación que haga cada corporación.
Por ello, la Asociación de Directoras y Gerentes pide al Gobierno que actúe. “No es aceptable que una prestación para personas que están viviendo una situación tan angustiosa deba seguir los mismos procedimientos que cualquier entidad que recibe una subvención, incluso millonaria. Es imprescindible y urgente que se modifique el artículo dos de la ley de subvenciones para excluir las ayudas de emergencia social”, sostiene Ramírez, “o que la Intervención General de la Administración del Estado emita una instrucción que deje claro a los interventores de los ayuntamientos que las ayudas económicas de urgencia deben agilizarse”.
En el Ministerio de Hacienda indican que la intervención general no tiene “ninguna competencia” sobre las intervenciones locales. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales aseguran que están “buscando opciones para solucionar” el problema. “Hay que estudiarlo bien para encontrar la mejor opción que no provoque inseguridad jurídica y que permita que estas ayudas cumplan con su objetivo, que es atender la emergencia”, añaden.
En el caso de Carmen, su angustia se alargó durante el año que pasaron sin ningún ingreso. Antes de la pandemia su marido hacía algún trabajo, “pintando alguna puerta”, por ejemplo. Sus hijos, ya mayores de edad, faenaban en el campo. “Aunque no estuviesen asegurados, íbamos tirando”. Pero con el confinamiento todo se paró. “Durante siete meses no pude pagar el alquiler, creí que acabaría en la calle, había días que no tenía ganas de levantarme de la cama ni de vivir ni de nada”, dice.
“Me las vi y me las deseé. Por eso fui a servicios sociales a pedir la ayuda de emergencia. Te piden que justifiques que no cobras nada, te piden papeles y te dicen que tienes que esperar”, afirma Carmen. “Me salvé porque mientras me dieron alimentos. Yo creo que si saben que no estás cobrando nada no se puede tardar de esa manera”, lamenta. Cuando llegó el dinero, le recordaron que había alimentos que no podía comprar. “Refrescos o dulces, por ejemplo, que no son necesarios. Aunque si tienes niños a veces sí lo son”, se resigna. “Luego tienes que llevar los tiques para justificar en qué te has gastado el dinero”.
Procedimiento “indigno”
Hontanares Arranz, trabajadora social de una localidad de la Comunidad de Madrid, lo considera “indigno”. “Aquí se hizo un escrito en el que se dice a las familias qué cosas no pueden consumir, es humillante. Alguien que no tiene dinero y de pronto se ve con 300 euros en la mano no le puede comprar un dulce a sus hijos, o unos refrescos y unas chucherías para celebrar un cumpleaños”, se indigna. Arranz critica que las situaciones de emergencia se deben en muchos casos al escaso apoyo de otras administraciones, “a la falta de protección social”: “los ayuntamientos están supliendo las carencias del ingreso mínimo vital, del servicio de empleo, en materia de vivienda…” En su municipio tienen una lista de espera de dos meses para dar cita, aunque aclara que las situaciones de emergencia suelen ir fuera de agenda, “la gente no puede esperar”. “Aquí la ayuda puede tardar una semana o 15 días, pero me consta que hay ayuntamientos donde son más de tres meses”, señala la trabajadora social.
Ramírez explica que “los presupuestos municipales para atender necesidades básicas se han incrementado hasta un 30% en algunos casos, pero los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones han imposibilitado el acceso y, por tanto, la eficacia de las ayudas”. “Sería impensable que para realizar una prueba médica se exigieran tantos requisitos”, ejemplifica. Y añade que hay entidades locales donde los trámites son mucho más ágiles. En Barcelona, por ejemplo, si la persona ya está siendo atendida por servicios sociales, la ayuda puede estar lista en “dos o tres días, siete máximo”, explica Sonia Fuertes, comisionada de acción social del Ayuntamiento. Si no es usuaria, son unos 15 días. “No son consideradas subvenciones, nuestra fiscalización es posterior: tenemos una auditoría anual que selecciona un 30% o 35% de las ayudas. También pedimos los tiques”, sostiene Fuertes. En la Diputación de Segovia, donde tampoco se las considera subvenciones, su presidente, Miguel Ángel de Vicente, asegura que el tiempo medio de resolución está en torno a los 15 días y que los usuarios tienen cuatro meses para justificar los gastos. Afirma que “la ley de subvenciones entorpece bastante la tramitación y ralentiza mucho la solución del problema”.
Aplicar esta ley incrementa los trámites. Vicente Calvo, director del Observatorio de Subvenciones del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, indica que “exige una ordenanza municipal con las bases, que se aprueba en el pleno, y después se debe aprobar la convocatoria de la subvención y se tiene que publicar a través de la base de datos de subvenciones”. “La ley permite aplicar un sistema, el anticipo de caja fijo, que agiliza el pago y avala la fiscalización a posteriori”, explica, “así ahorras unas cuantas fases”. “Ahora es una posibilidad que aplicamos en algunos ayuntamientos, pero no es una obligación”, expone. Él también considera que debería cambiarse la ley. “¿Una ayuda social debe ser una subvención? Entiendo que no”.
Alberto, de 49 años y que vive en el mismo municipio que Carmen, también usa un nombre ficticio. El año pasado, él y su mujer se vieron en la calle. “Dormimos en la calle durante casi tres meses”. Tampoco tenía trabajo. Fueron a servicios sociales y les dijeron que podrían ayudarles con el alquiler, pero debían conseguir antes una casa. “Gracias a Cáritas lo logramos: nos pagaron la fianza y la primera mensualidad”, cuenta. Con el contrato de alquiler en la mano, fueron de nuevo a servicios sociales. “Tuvimos que esperar casi tres meses para cobrar el dinero. El primer pago nos llegó hace poco, hemos pagado con retraso al casero”, añade. Tienen resuelto hasta septiembre, que está a la vuelta de la esquina. Ahora busca empleo, “en lo que sea”. Aunque está agradecido con la ayuda, reclama agilidad. “Yo solo digo que investiguen, que ellos vean dónde duerme de verdad una persona y si lo está pasando mal. Si comprueban que es así, que no tarden tantos meses en dar la ayuda”, pide.
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