Segundo asalto

Aunque en apariencia son asuntos distintos existe una relación directa entre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y la futura ley de amnistía para los implicados en el procés catalán. El PP ha impedido la renovación del CGPJ durante una legislatura y media creando una situación de transitoriedad a la espera de recuperar la mayoría absoluta que le sirvió para cerrar la última renovación pactada. Negar los nuevos equilibrios parlamentarios es negar la democracia, pero así ha sucedido sin que nadie haya sido capaz de desenredar el apaño. Para mayor desgracia, el único momento en que el pacto entre los dos grandes partidos nacionales estuvo a punto de consumarse, un descuido del muñidor conservador del acuerdo, el senador Ignacio Cosidó, dio al traste con la renovación. Hizo público por error un mensaje interno por el que tranquilizaba a los suyos y les decía que dominarían el Supremo a través del presidente propuesto. El magistrado citado presentó su renuncia por vergüenza torera con tan mala suerte que posteriormente formaría parte del tribunal encargado de juzgar en el Supremo a los políticos catalanes detenidos por el procés.

El juicio en sí ya fue una anomalía porque servía al intento fallido de resolver penalmente lo que apuntaba más bien a un conflicto político. De hecho, sus fuertes condenas produjeron el efecto esperable, los incapaces de combatir el desafío con otra cosa que porrazos de la Policía se refocilaron en su éxito, que era un fracaso de gestión gubernamental, y los condenados asumieron su papel de mártires por la causa frente a los que optaron por el exilio renunciando a unificar las defensas. Todo viró cuando Pedro Sánchez optó por dictar un indulto a los condenados contra la opinión mayoritaria salvo la de Cataluña. El resultado, sin embargo, se reconoce como positivo entre otras cosas porque permitió la normalización de un Gobierno catalán en beneficio de todo el país. Pero tras las nuevas elecciones renació el combate de legitimidades, y mientras los conservadores en la oposición han llegado a negar la representatividad del Parlamento y la neutralidad del Tribunal Constitucional, al mismo tiempo acusan a la tramitación de la ley de amnistía de quebrar el Estado de derecho y liquidar la igualdad entre españoles. Es evidente que todos ven la inconstitucionalidad en el ojo ajeno, pero jamás en el propio.

La no renovación del CGPJ permitió que la persecución desde juzgados, brigadas policiales y ciertos medios a líderes independentistas y partidos como Podemos quedara en un limbo desgastante mientras se dictaban auténticas amnistías desde la instrucción para los responsables políticos de estos desmanes. Por eso, cuando ha llegado la imaginativa acusación de terrorismo para tratar de vaciar el alcance práctico de la futura ley de amnistía ha sido percibida como una anomalía más en la salpicadura de la lucha partidista. Este desgaste institucional encadena anomalía tras anomalía tras anomalía. Y puede que la ley de amnistía solo sea la gran anomalía final que permita, irónicamente, colocar los contadores a cero y volver a empezar en la carrera hacia la legitimación de nuestras instituciones. Nuestra política necesita de una tabla rasa para desbloquearse. Por fortuna, la sociedad española ha mantenido mayoritariamente el sosiego en este clima enrarecido y dañino. Pero nada es infinito y urge un nuevo acuerdo que comience a desmontar la aborrecible tenaza cínica que padecemos.