Cinco años de bloqueo del PP en el Poder Judicial abocan a la justicia a su crisis más grave

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple el lunes cinco años con el mandato caducado. Por más que, desde hace un lustro, cada 4 de diciembre se recuerde el aniversario de un bloqueo que hace tiempo que dejó de tener precedentes, las circunstancias que rodean al de este año apuntalan la crisis en la que se encuentra sumida la justicia, que, para varios magistrados consultados, es ya la más grave de la democracia. Y lo peor es que no se ve salida. El PSOE prevé intentar una nueva negociación con el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero los populares, que, con diferentes excusas, se han desmarcado de los últimos pactos cuando ya estaban casi cerrados, amagan ahora con ni siquiera sentarse a hablar.

Este lustro de bloqueo implica que los 16 vocales que permanecen en el Consejo —compuesto de inicio por 20 miembros y un presidente— han duplicado el periodo de cinco años para el que, de acuerdo con la Constitución, fueron elegidos. Esto, de alguna manera, supone vulnerar la norma por la vía de los hechos, ya que el artículo 567.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe expresamente que los vocales repitan en el cargo dos mandatos seguidos. En este caso, técnicamente ninguno ha sido designado dos veces consecutivas, pero la falta de renovación del órgano ha hecho que lleven 10 años en el puesto, desde diciembre de 2013. “Es una tragedia que creo que poco a poco va a adquirir una dimensión histórica”, advierte un magistrado del Tribunal Supremo, que pone el acento en el “deterioro absoluto” del sistema. “El espectáculo es insólito, extravagante y genera perplejidad. Las dos partes tienen culpa, pero de un modo especial el PP, que está incumpliendo el mandato constitucional”, señala este juez. Todos los consultados, de diversas tendencias, coinciden en atribuir al partido de Alberto Núñez Feijóo la mayor carga de responsabilidad, aunque algunos reprochan al PSOE “falta de estrategia” para cerrar los pactos que estuvieron casi hechos.

La actual falta de renovación supera con creces el anterior récord de bloqueo del CGPJ, que fue de un año y 10 meses, en el Consejo presidido por Francisco José Hernando (2001-2008). El quinto aniversario llega en un momento de enorme tensión entre el poder judicial y el legislativo y, sobre todo, el ejecutivo, por el rechazo que ha provocado entre el sector más conservador de la justicia la proposición de ley de amnistía de los encausados del procés y los términos del pacto del PSOE con Junts, especialmente la referencia al lawfare, la llamada guerra judicial contra los adversarios políticos. Y en ese escenario, el CGPJ se ha convertido en una trinchera desde la que se ataca al Gobierno. En las últimas semanas, este órgano ha acordado dos resoluciones que cuestionan decisiones de los otros dos poderes del Estado: el acuerdo contra la ley de amnistía cuando ni siquiera se conocía todavía el contenido de la proposición de ley registrada por el PSOE; y el informe en contra de la renovación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una resolución que tampoco tiene precedentes en la actual etapa democrática.

Estas son algunas claves de la situación actual:

Una cúpula judicial bajo mínimos. Uno de los efectos más visibles del bloqueo del Consejo son las vacantes que se acumulan, un total de 85, en los principales órganos judiciales del país. En marzo de 2021, cuando el CGPJ llevaba solo dos años y tres meses prorrogado, el PSOE sacó adelante una reforma legal para intentar presionar al PP a favor de la renovación. Esa norma prohíbe al CGPJ en funciones, como está ahora, ejercer su principal competencia, y la que hace al Consejo muy codiciado políticamente: realizar los nombramientos discrecionales de la cúpula judicial, es decir, los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia autonómicos y de las audiencias provinciales. El alto tribunal, con 23 de sus 79 plazas vacías, es el más afectado, ya que todos sus miembros son designados discrecionalmente por el CGPJ, por lo que no se puede sustituir a los jueces que se jubilan, fallecen o renuncian a su puesto.

La situación está afectando ya seriamente al funcionamiento del Supremo. No se dictan menos sentencias, en contra de lo que vaticinó el propio tribunal, pero porque los letrados que se han incorporado como refuerzos a las salas, tras un acuerdo entre el Consejo y el Ministerio de Justicia, redactan sentencias que luego repasan y firman los magistrados, admiten varios jueces. “Las bolsas de asuntos seriados, sentencias que son casi iguales, sobre los que ya tenemos una jurisprudencia clara, las están sacando los letrados”, señala un magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la que revisa los recursos contra las decisiones del Gobierno. A este refuerzo se une el “sobreesfuerzo” de los jueces. “Tenemos que ver todos los asuntos e ir filtrando. Es imposible. A veces sientes que se te puede pasar algo importante. La situación es muy incómoda”, añade este juez.

En esta sala, con 12 de sus 33 plazas vacantes, ninguna sección tiene ya más de cinco miembros, el número necesario para formar tribunal, por lo que cuando alguno falta o se tiene que abstener, tienen que incorporarse miembros de otras secciones. Los datos demuestran, además, un incremento del número de asuntos ingresados en casi todas las salas en los últimos años, lo que agrava la situación. En la Sala de lo Social, la encargada de decidir sobre conflictos laborales y que tiene vacantes 6 de sus 13 plazas, los ingresos crecieron el 14,74% en 2022, por lo que, a pesar de que se resolvieron más, la pendencia (de más de 6.000 asuntos) sigue siendo “alarmante”, según dejó escrito su presidenta en funciones, Rosa María Virolés (recientemente jubilada) en la memoria anual.

A esta situación de precariedad, algunos jueces añaden el valor “simbólico” de tener un Tribunal Supremo descabezado, desde la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del alto tribunal y del CGPJ, en octubre de 2022, en un intento de forzar a los políticos a una renovación que reclamó, entre otras ocasiones, en cada apertura solemne del año judicial desde 2019. “No hay ningún Tribunal Supremo de ningún Estado democrático cuya presidencia esté vacante”, advierte un juez, que recalca la “sensación de desolación absoluta y de anomalía institucional” que supone ver cerrado a cal y canto el despacho del presidente y prácticamente vacía toda la zona reservada a esta área. “Se está arrastrando por los suelos al tercer poder del Estado. Es una deslealtad institucional y un comportamiento antidemocrático”, afirma este magistrado, que señala al PP por poner razones “accesorias” a la obligación constitucional de renovar el CGPJ.

Un Consejo con un núcleo duro que gana peso. La Constitución otorga al CGPJ 21 miembros (20 vocales y un presidente), pero ha perdido cinco, tras dos dimisiones (Carlos Lesmes y Concepción Sáez), dos jubilaciones (Rafael Mozo y Rafael Fernández Valverde) y un fallecimiento (Victoria Cinto). La mayoría la ostentan los 10 vocales conservadores, todos propuestos por el PP para formar parte del órgano, de los que 8 han conformado un grupo muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez que el año pasado boicoteó durante meses la renovación del Tribunal Constitucional y ahora ha impulsado la movilización contraria a la ley de amnistía y el rechazo a la renovación del fiscal general.

Este grupo se ha ido fortaleciendo en los últimos años, pero hasta la dimisión de Lesmes, que gobernaba el órgano con mano firme y perseguía el consenso en las decisiones relevantes, se mantenía en segundo plano. Su renuncia les dio el control absoluto del sector conservador, que ha ido escalando en su crítica al Gobierno hasta convertirse en un actor más de la oposición, uno de los más activos y despiadados y con el halo institucional que otorga representar a un órgano constitucional. Aunque en La Moncloa, y también entre jueces que disienten de esta estrategia, consideran que nada de lo que haga el actual Consejo tiene ya credibilidad, se admite que el órgano se ha constituido en una de las armas políticas más firmes del partido de Núñez Feijóo. “Se retroalimentan, eso es evidente”, señala un magistrado.

Miembros de este sector conservador aseguran que están deseando que se desbloquee la negociación, pero arman de razones al PP para no llegar a un acuerdo ahora. “Con un Gobierno que criminaliza a toda la carrera y que se salta la separación de poderes no se puede pactar nada”, afirma un vocal. Las asociaciones de jueces de tendencia moderada o conservadora, sobre todo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ejercen también una presión creciente contra el Gobierno, con protestas y declaraciones contra la amnistía. Pero la APM discrepa del PP respecto a la renovación del Consejo y, este fin de semana, ha difundido una declaración con un “llamamiento urgente” a que se constituya un nuevo CGPJ con la ley actual, “sin perjuicio” de que se impulsen reformas en el futuro para que los vocales jueces sean elegidos por los miembros de la carrera.

Sin acuerdo a la vista entre los partidos. El Gobierno asume que viene una guerra larga con la justicia. De hecho, en algunos sectores del Ejecutivo señalan que la “verdadera oposición” la tienen en la judicatura, porque creen que el mundo conservador tiene ahí más fuerza para complicar la gestión del Gobierno que la oposición política real, la que hace el PP en el Parlamento. Con la amnistía se ha recrudecido un enfrentamiento que viene de lejos, y que llegó al máximo en diciembre de 2022 cuando el Tribunal Constitucional, entonces aún dominado por una mayoría conservadora, llegó a impedir una votación en el Senado de una reforma promovida por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, algo inédito. Deshacer esta madeja es el objetivo fundamental de Félix Bolaños, que ha sido elegido por Sánchez como superministro de Presidencia y Justicia para intentar que el mundo judicial deje de ser el gran quebradero de cabeza del Gobierno.

Bolaños ha sido recibido de uñas, y la Asociación Profesional de la Magistratura ni siquiera acudió a su toma de posesión, toda una señal. Pero en La Moncloa confían en poder deshacer poco a poco, con contactos personales y explicación detallada de los planes reales del Gobierno, ese enorme recelo de los jueces conservadores. El problema, tal como lo ven en el Ejecutivo, es que la clave para volver a una cierta normalidad no es tanto la amnistía, que confían en que se aplicará con resistencias pero en su totalidad, sino la renovación del CGPJ. Con el PP ahora las cosas están imposibles, y ni Sánchez ni Bolaños parecen tener intenciones inmediatas de llamar a Alberto Núñez Feijóo o a Esteban González Pons, sus interlocutores. Si lo hicieran ahora sería un fracaso seguro, explican en el Gobierno. Pero tendrán que hacerlo más adelante, cuando se vea un resquicio para negociar. Es muy difícil que este hueco exista en pleno periodo electoral. Y las elecciones gallegas, muy importantes para el PP porque necesita conservar la plaza que dejó Feijóo para dar el salto a la política nacional, podrían ser en febrero. Después hay otras, además de las vascas: las europeas de junio. Y ahí sí podría llegar un momento más propicio, en el verano de 2024.

EL PSOE tiene contabilizadas hasta 29 excusas distintas por parte del PP para no llegar a un acuerdo sobre el CGPJ. Estuvo a punto de renovarse a finales de 2018, antes de que expirara el mandato. Pero ese pacto se rompió cuando el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que había sido el elegido para presidir el alto tribunal y el órgano de gobierno de los jueces, renunció al encargo tras filtrarse un wasap en el que el entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosido, se jactaba de que, con el nuevo presidente, el PP seguiría controlando “por la puerta de atrás” la Sala de lo Penal del Supremo, donde estaba a punto de iniciarse el juicio del procés. Desde entonces, socialistas y populares han rozado el acuerdo varias veces, pero el PP siempre ha acabado bajándose. La última vez, hace un año, cuando el PSOE impulsó la eliminación del delito de sedición y la reforma de la malversación para rebajar las penas a los líderes independentistas.

El PP ya ha dejado claro ahora que no pretende negociar si no se aprueba un cambio en el método de elección de los vocales. El nuevo portavoz parlamentario, Miguel Tellado, fue explícito el viernes cerrando la puerta a una nueva negociación si no es bajo sus condiciones, que se apartan de lo que pide Europa. El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, reclama de forma persistente al PP y al PSOE que primero se renueve y después se aborde un cambio de modelo, pero el PP es ajeno a esta petición del comisario, a quien, sin embargo, no deja de cortejar para que cuestione la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE.

La posición del Partido Popular está atravesada en realidad por el contexto político. En privado, destacados dirigentes de la formación reconocen que un pacto con los socialistas para renovar el Consejo los convertiría en “cómplices” de la actuación del Gobierno con la ley de amnistía, que ha levantado en armas a parte del mundo judicial contra el Ejecutivo. El PP no quiere dar oxígeno al Gobierno en su conflicto con parte del estamento judicial; al contrario, pretende avivarlo para forzar el desgaste del presidente socialista.

Con información de Carlos E. Cué y Elsa García de Blas.