El Poder Judicial rechaza por primera vez avalar el nombramiento de un fiscal general del Estado

Por primera vez en la actual etapa democrática, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el lunes cumplirá cinco años con el mandato caducado, ha votado en contra de la propuesta de nombramiento de un fiscal general del Estado. Ocho de los diez vocales del bloque conservador —todos salvo el presidente suplente, Vicente Guilarte, y el vocal Juan Martínez Moya— se han alineado para imponer su mayoría y negar el aval al fiscal general Álvaro García Ortiz, a quien el Gobierno acababa de renovar en el cargo. Guilarte, Martínez Moya y cinco de los seis vocales progresistas han votado a favor, mientras que el vocal Enrique Lucas, también progresista, se ha abstenido porque su hermano, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, es el autor de la reciente sentencia que estableció que el fiscal general incurrió en desviación de poder al ascender a su predecesora, Dolores Delgado. Precisamente esa sentencia es una de las razones que esgrime la mayoría del sector conservador para considerar que García Ortiz no es idóneo para el cargo.

El informe del órgano de gobierno de los jueces no es vinculante, así que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podrá seguir adelante con la renovación del fiscal general. Sin embargo, la decisión del Consejo abre una brecha sin precedentes entre el Gobierno y el CGPJ justo a cuatro días de que se cumplan cinco años desde que expiró el mandato de los actuales vocales, que siguen en el cargo por la negativa del PP a llegar a un acuerdo con el PSOE para renovar el órgano.

El informe del Consejo sobre la propuesta de nombramiento del fiscal general es un trámite preceptivo en el que el CGPJ comprueba que el candidato cumple los requisitos formales para ocupar ese cargo: ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. García Ortiz cumple esas condiciones y así lo ha constatado el CGPJ, pero ocho vocales conservadores consideran que no es idóneo para ocupar este cargo.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha recalcado que la ley establece que el CGPJ tiene que estudiar si el fiscal general cumple dos requisitos: “Ser un jurista de reconocido prestigio y tener más de 15 años de ejercicio”. “Ambos requisitos se dan. Hubo un informe del Consejo de hace un año que decía que se cumplían. Cualquier informe para establecer requisitos diferentes es al margen de la ley”. El PP ha pedido al Gobierno que “no se empeñe en mantener a la presidenta del Consejo de Estado y al fiscal general del Estado” y ha alertado del “hundimiento institucional sin precedentes” que, en la valoración del partido, supone que “en un solo día y por primera vez en la historia”, el Poder Judicial rechace el nombramiento de García Ortiz y el Tribunal Supremo anule el de Magdalena Valerio. “Al intento del Gobierno de controlar el Estado de derecho a través de la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Estado, el Ejecutivo se ha encontrado dos nuevas resistencias en el Poder Judicial independiente”, señalan fuentes del partido.

El grueso del bloque conservador que ha votado en contra del fiscal general ya se opuso a su nombramiento en julio de 2022, cuando el Gobierno le designó por primera vez como jefe de la Fiscalía General tras la dimisión de Dolores Delgado por motivos de salud. En aquella ocasión, estos vocales sostuvieron que García Ortiz no era idóneo porque su imagen de imparcialidad estaba comprometida por su cercanía a Delgado y por una supuesta vinculación con el PSOE. Esta vez han sumado otro argumento: la reciente sentencia del Supremo que anula el ascenso concedido por García Ortiz a Delgado por considerar que el fiscal general incurrió en “desviación de poder”. Y a los siete vocales conservadores que entonces suscribieron esa postura se ha unido el magistrado del Supremo Wenceslao Olea, que hace año y medio votó a favor de avalar al fiscal general.

El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, “oído previamente el Consejo General del Poder Judicial”; y que será elegido “entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión”. Hasta ahora, los informes del Consejo sobre la designación del fiscal general se limitaban a informar de si la persona propuesta cumplía los requisitos que la ley exige. Un grupo de vocales conservadores ya intentó en 2020 rechazar a Dolores Delgado, que acababa de cesar como ministra de Justicia, admitiendo que cumplía los requisitos formales pero considerándola no idónea. Para evitarlo, el entonces presidente, Carlos Lesmes, modificó el texto con el que habitualmente se avalaba a los fiscales generales: eliminó la referencia a la idoneidad y dejó únicamente la alusión a los requisitos formales. Con esa nueva redacción más técnica y que se prestaba menos a valoraciones subjetivas, salieron adelante los informes favorables a Delgado y al actual fiscal general, aun con los votos en contra de un grupo de vocales conservadores.

Esta vez, sin embargo, los vocales contrarios a García Ortiz han impuesto su posición gracias a que las bajas por dimisiones y jubilaciones que se han registrado en el Consejo en los últimos meses han mermado a los progresistas y fortalecido al núcleo duro del sector conservador. Este bloque ha argumentado la falta de idoneidad del fiscal general en su supuesta afinidad con el PSOE, y ha alegado todos los episodios recientes que han enfrentado a García Ortiz con el ala más conservadora de la carrera fiscal, como la sentencia del Supremo sobre Delgado o el rechazo del jefe de la Fiscalía a pronunciarse en contra de la proposición de ley de amnistía a los encausados del procés o de la inclusión del término lawfare en el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Fuentes consultadas coinciden en que la ley no deja claro si el Consejo debe valorar la idoneidad del fiscal general del Estado, pero señalan que en ocasiones anteriores no se ha hecho y que los propios conservadores del actual CGPJ se opusieron a ello en la votación sobre los dos últimos fiscales nombrados durante el mandato de Mariano Rajoy (José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar). En esos casos, algunos vocales pidieron que el informe del CGPJ no se limitara a comprobar que el candidato cumplía con los requisitos exigidos para ser fiscal general, sino que incluyera una valoración sobre sus cualidades para el cargo. La mayoría de vocales del sector conservador se opuso entonces. Consejeros progresistas han recordado este jueves en el pleno esos precedentes para apelar a la “coherencia” y defender que no se actuara de otra forma con García Ortiz, pero la mayoría conservadora ha impuesto su rechazo al fiscal general.

Las fuentes consultadas solo recuerdan un precedente en el que el CGPJ haya opinado sobre la idoneidad del fiscal general del Estado: cuando el Gobierno de José María Aznar propuso en 1997 para ese cargo a Jesús Cardenal, el pleno del CGPJ sí fue más allá de la valoración técnica y dejó constancia de su preocupación por “manifestaciones” del candidato no acordes con la Constitución. Se referían a la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 1994, donde Cardenal había hablado de la “mediocridad ética” de la sociedad al reflexionar sobre los planes de facilitar los divorcios, o reconocer a las parejas homosexuales. No obstante, la designación fue respaldada de forma unánime.

El actual Consejo, que lleva en el cargo desde 2013, se ha pronunciado sobre seis fiscales generales: Consuelo Madrigal, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar, nombrados el Gobierno de Rajoy, y María José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, nombrados por el de Sánchez. En los cuatro primeros, la propuesta del Gobierno recibió el visto bueno de todos los vocales, excepto un voto en contra de Maza y Sánchez Melgar por parte de la vocal progresista Concepción Sáez (ya fuera del Consejo porque dimitió en marzo pasado). Los consejeros se limitaban a constatar que se cumplían los requisitos formales y no se entró a debatir su idoneidad. La división llegó con la designación de Delgado, que llegó al cargo tras cesar, unos días antes, como ministra de justicia. Su sucesor, Álvaro García Ortiz, heredó esa brecha, que se ha agrandado tras su primer año y medio de mandato, en el que se ha enfrentado al ala más conservadora de la carrera.

Tras conocer la decisión del CGPJ, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía García Ortiz hasta que fue nombrado fiscal general, ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “absoluta sorpresa y desacuerdo” con el hecho de que el pleno de un Consejo, “cuyo mandato caducó hace 5 años y cuyas mayorías se ven claramente alteradas por las dimisiones de aquellos vocales que con honestidad y coherencia renunciaron en su día al cargo para no prolongar esa ilícita situación”, se pronuncie acerca de la inidoneidad para el cargo de un candidato a fiscal general cuyos méritos, según esta asociación, “ignora y desconoce, pese a ser públicamente reconocidos”.