Bronca en el Poder Judicial antes del pleno que debe pronunciarse sobre la renovación del fiscal general

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace casi cinco años, prevé pronunciarse este jueves sobre la propuesta de nombramiento de Álvaro García Ortiz para el cargo de fiscal general del Estado. Se trata de un trámite previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pero que en los últimos precedentes ha causado enorme división entre los vocales propuestos por el PP porque la mayoría de este sector se ha negado a avalar a los fiscales generales designados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta vez, la trifulca ha empezado incluso antes de llegar al pleno: el vocal conservador Wenceslao Olea ha reclamado al presidente suplente, Vicente Guilarte, que no incorpore este punto al orden del día. Asegura que su inclusión es irregular, ya que el reglamento del Consejo establece que la relación de asuntos que han de tratarse en el órgano se debe fijar “con tres días, al menos, de antelación”. Guilarte ha contestado ya a ese escrito rechazando la petición, y la oficina de comunicación del CGPJ ha informado este miércoles de que el pleno ordinario de mañana tratará la designación de García Ortiz, lo que, previsiblemente, llevará a que el debate sobre si el asunto debió o no incluirse en el orden del día se traslade al propio pleno.

Olea, magistrado del Tribunal Supremo y uno de los vocales propuestos por el PP que suele ir al margen de las maniobras del núcleo duro del sector conservador, argumenta que el debate y votación sobre el nombramiento del fiscal general presenta “suficiente complejidad” como para evitar “la premura” adoptada por el presidente suplente. Según el escrito de Olea, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los vocales recibieron el martes a las 20.17 un mensaje vía WhatsApp del secretario general. En él se comunicaba que se incluía en el orden del día del próximo pleno, que se celebra este jueves, la emisión del informe que debe elaborar el consejo para la designación del fiscal general del Estado. La designación de García Ortiz se aprobó en el Consejo de Ministros del martes y fue entonces cuando el Gobierno reclamó al CGPJ el informe, preceptivo aunque no vinculante.

Olea recuerda en su escrito que el reglamento del Consejo recoge que el orden del día de los plenos se ha de establecer “con tres días, al menos, de antelación”, y que pasado ese plazo, solo se pueden incluir nuevos asuntos por unanimidad y estando todos los vocales presentes. “El que suscribe”, anuncia el vocal, “no votaría a favor de dicha inclusión, por lo que el mismo deberá excluirse del pleno”, señala Olea, que pide a Guilarte que revoque la inclusión de ese punto el jueves. El presidente suplente, según fuentes del órgano, ya han contestado al vocal rechazando la petición, a lo que Olea ha contestado con un nuevo escrito insistiendo en su reclamación. Las fuentes consultadas dan por hecho que el debate se trasladará al pleno del jueves y, en el caso de que se imponga la postura de Olea, se convocaría un pleno extraordinario en los próximos días para debatir el nombramiento del fiscal general, como se ha hecho en otras ocasiones.

Olea fue uno de los tres vocales conservadores (junto al actual presidente suplente y Juan Martínez Moya), que en 2022 votó a favor de avalar la designación de García Ortiz cuando el Gobierno le designó por primera vez para el cargo. El informe del órgano de gobierno de los jueces es un trámite en el que el CGPJ comprueba que el candidato a fiscal general cumple los requisitos formales para ocupar ese cargo: ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. García Ortiz cumple esas condiciones y así lo constató el CGPJ en julio de 2022, pero siete vocales consideraron que no era apto para el puesto. Es previsible que este escenario se repita otra vez, aunque, si todos los vocales que siguen en el órgano (desde entonces ha habido una jubilación y una dimisión en el bloque progresista) votan lo mismo que en aquella ocasión, García Ortiz obtendría el apoyo mayoritario del Consejo con el voto de los seis consejeros del bloque progresista y tres conservadores, mientras que los otros siete propuestos por el PP se pronunciarían en contra.

En la vez anterior, este grupo argumentó que entre los requisitos para ser nombrado fiscal general debe considerarse “la idoneidad”, aunque la ley no lo explicita así, y García Ortiz, asegura este sector, no era idóneo porque su imagen de imparcialidad está comprometida por su cercanía a su predecesora, Dolores Delgado, y por una supuesta vinculación con el PSOE. Una vez superado el trámite del CGPJ, García Ortiz tiene que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso.