Si Puigdemont vuelve, ¿también Convergència?

El partido de Carles Puigdemont ya parece Convergència: ha pasado de declarar la independencia en el Parlament a amenazar con tumbar unos decretos en el Congreso. Sin embargo, el relato de la derecha es que una negociación competencial resulta equiparable a un acto delictivo propio de 2017. La polémica sobre una posible cesión de competencias a Cataluña obliga a la reflexión colectiva: ¿está España preparada para integrar al independentismo resultante de la amnistía?

Como dice el profesor José Luis Álvarez en su libro Los presidentes españoles, no es lo mismo un ciclo de poder en el Gobierno que un ciclo dominante social y políticamente. Pedro Sánchez afirmó la noche electoral que la izquierda y los nacionalistas “eran más” porque sumaban más escaños. Pero ese relato obvia otra cara de la realidad. El Partido Popular y Vox seguramente gobernarían con mayoría absoluta si se hubiesen presentado juntos el 23-J. España se fue tiñendo tras el procés de pulsiones recentralizadoras que anidan incluso en muchos votantes de izquierdas que consideran una “vergüenza” las cesiones que el Gobierno negocia con sus socios. Da igual que ERC o Puigdemont estén exigiendo actualmente muchos favores parecidos a los del PNV. La España a la que asoman pone ahora el grito en el cielo cada vez que Sánchez roza algo parecido al Pacto del Majestic de José María Aznar en 1996.

Así pues, ¿puede volver Convergència? Y la pregunta no habría que hacérsela solo a los independentistas. Pese a sus arrogantes discursos contra España, Junts está hoy dentro del autonomismo: ha aparcado el referéndum por una mesa de diálogo para salvarse de sus causas judiciales. Los partidos del procés saben además que el sueño de independencia no resulta tan creíble ya como en 2017: solo un 5% de catalanes creen que será una realidad, y por eso ERC y Puigdemont han empezado a orientar su discurso hacia cuestiones más pragmáticas, como la financiación o el autogobierno. Junts morirá de facto, y deberá reformularse, cuando se haya aplicado del todo la amnistía para regresar a una pantalla previa a 2012. En consecuencia, ¿qué escenario se presentará una vez se haya borrado de iure la afrenta del 1 de octubre?

A la derecha no le interesa alumbrar posibles, sino distorsionar lo que ya ocurre en su beneficio. Sus altavoces afirman estos días que “cómo va a estar Junts en el carril de la gobernabilidad, si amenaza al Gobierno con tumbarlo”. Que se sepa, amagar con dejar de apoyar a Sánchez no es un delito, ni el retorno al unilateralismo.

El caso es que las corrientes del ayusismo y el aznarismo son un potente escollo para un regreso al Majestic. La tesis de la derecha madrileña y de Vox es que el 1-O marcó un punto de inflexión, que constató cómo de iluso —e imposible— es “integrar” al nacionalismo a través del Estado autonómico. Ahora bien, la política también se basa en una correlación de fuerzas. Aznar pasó de “hablar en catalán en la intimidad” entre 1996 y 2000 a las tensiones centralizadoras entre 2000 y 2004, solo porque en el primer caso necesitaba los votos de CiU. Qué duda cabe: los portavoces de Alberto Núñez Feijóo habrían aplaudido un entendimiento con el PNV si ello le hubiera permitido ocupar hoy La Moncloa.

Tanto es así, que la preocupación de Junts por la inmigración somete a la derecha a una impostura. No critican a Puigdemont porque una parte de su electorado no comparta esas inquietudes —hete ahí la existencia de Vox—, sino por la expansión del autogobierno. Cuántas cosas más tendrían en común si pudieran llegar a acuerdos tras la amnistía y ante una eventual desaparición de la ultraderecha del tablero político.

Sin embargo, los partidos del procés tampoco tienen claro qué pasará tras la medida de gracia. El plan de Junts es a corto plazo: vivir de llevar a Sánchez al límite para fingirse distinto a ERC hasta que haya elecciones catalanas. El miedo a más penas de cárcel les disuadirá durante años, pero pronto se descubrirá que tampoco van a obtener ningún referéndum. Lo que el independentismo oficial (Junts y ERC) desearía es que su votante compre en adelante una especie de folclorización de la independencia: vender que ellos trabajan por un Estado propio mediante la obtención de competencias autonómicas, cuando en realidad hacen lo mismo que CiU. “Esto no ocurría desde 1997″, reconoció Miriam Nogueras en alusión a la negociación sobre el tema migratorio.

Con todo, Sánchez ha aprendido del ciclo dominante que excede a su Gobierno. Dijo en EL PAÍS que su intención es “legislar con proyectos de ley”, y no será porque le disguste la fórmula del decreto ley: lleva abusando de ella desde que llegó al poder en 2018. Sin embargo, se habrá dado cuenta de que llevar las negociaciones hasta el último minuto alimenta la idea de un independentismo todopoderoso ante el que tiene que ceder al máximo —con la mala prensa que ello tiene ahora—. Y es que en verdad nada se sabe de qué han pactado en materia migratoria o si la negociación empieza en este momento. Aunque si la polémica ya es amplia, cabe preguntarse si España está preparada para la posible vuelta de una nueva Convergència, con el encaje que ello supondría.