¿Qué pasa ahora con la amnistía? Siguientes pasos y plazos para la aprobación y aplicación de la ley

La proposición de ley de amnistía a los encausados del procés independentista catalán avanza con agilidad en el Congreso. Cuando salga de la Cámara baja, el proyecto se ralentizará un poco en el Senado, donde el PP ha aprovechado su mayoría absoluta para cambiar el reglamento y que el texto no se tramite por el procedimiento de urgencia sino por el ordinario, lo que hará que se extienda durante dos meses. La previsión es que quede definitivamente aprobada en abril o mayo; después, quedará en manos de los jueces.

Una vez que el Congreso ha aprobado su toma en consideración y ha finalizado el período de presentación de enmiendas, ¿qué pasa ahora con la ley de amnistía? ¿Qué dicen las enmiendas? ¿En qué momento se aplicará? ¿Regresará de inmediato a España Carles Puigdemont? Aquí van las respuestas:

¿En qué estado se encuentra la proposición de ley en el Congreso?

El viernes, la proposición de ley de amnistía presentada en solitario por el PSOE el 13 de noviembre —como condición para que los partidos independentistas catalanes apoyaran la investidura de Pedro Sánchez— superó su primer gran trámite: el pleno del Congreso aprobó su toma en consideración con 178 votos a favor y 172 en contra (PP, Vox, Coalición Canaria y UPN). Las enmiendas a la totalidad o de devolución, planteadas por el PP y Vox, fueron rechazadas el miércoles pasado, y ahora el texto ha pasado al debate de enmiendas parciales en comisión de Justicia.

¿Quiénes han presentado enmiendas y sobre qué?

El plazo para la presentación de enmiendas parciales concluyó el martes 16 de enero. Las que se han registrado pueden agruparse en tres bloques:

• 1. Un bloque registrado por los socialistas y cuatro de sus socios (Sumar, ERC, EH Bildu y BNG), con 13 enmiendas. En estas se deja intacto el precepto que impide amnistiar los delitos de terrorismo cuando exista sentencia firme (el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia, está investigado en la Audiencia Nacional por una causa de presunto terrorismo).. De momento, estas enmiendas son las únicas que tienen garantizado prosperar.
• 2. Una docena de enmiendas presentadas en solitario por Junts. El partido de Puigdemont plantea crear una disposición adicional nueva para que la ley de amnistía sea de aplicación preferente a pesar de los recursos que puedan presentar los tribunales. Junts concentra sus enmiendas en su anhelo de que la ley incluya todos los casos de “persecución contra el independentismo sin excepciones” y que “tenga efectos inmediatos en su aplicación”. Así, sus enmiendas proponen borrar íntegramente el apartado C del artículo 2 de la proposición socialista, que excluye de la amnistía los delitos de terrorismo cuando haya sentencia firme. También quiere incluir como amnistiables los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa nacional.
• 3. Un pack de cuatro enmiendas de ERC. Las enmiendas de los republicanos incluyen modificaciones que el PSOE no ha aceptado incluir en su escrito. Pretenden, como Junts, que la presentación de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) no frene los efectos inmediatos que la proposición de ley prevé una vez que la norma entre en vigor, como el levantamiento de las medidas cautelares o de las órdenes internacionales y europeas de ingreso en prisión.

¿Por qué tanta insistencia en los supuestos delitos de terrorismo?

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón atribuye delitos de terrorismo a Puigdemont (líder de Junts) y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa de Tsunami Democràtic. El juez, a pesar de que admite que no tiene pruebas sólidas, pide investigar al expresident por los disturbios de Tsunami en octubre de 2019 junto al aeropuerto de El Prat, durante los cuales murió de un infarto un ciudadano francés. Por tanto, si de la ley quedaran excluidos como amnistiables todos los delitos vinculados al terrorismo, Puigdemont y Rovira tendrían un problema; no obstante, la proposición de ley del PSOE solo excluye de la amnistía aquellos delitos de terrorismo que hayan dado lugar a una condena con “sentencia firme”, y ahora mismo la causa que afecta a Puigdemont y Rovira está muy lejos de tener sentencia firme, de modo que, en este momento, su causa sí sería amnistiable si la ley prospera.

Y si no se llega a un acuerdo sobre las enmiendas, ¿qué pasa?

El texto quedaría como ha llegado en la proposición de ley socialista. Y la amnistía incluiría a Puigdemont y Rovira. No obstante, la distinción hecha en la ley entre los delitos de terrorismo en función de que haya o no sentencia firme suscita dudas jurídicas; la última de ellas, formulada por los letrados de la comisión de Justicia del Congreso. El riesgo para el PSOE y sus socios es que ese extremo u otros contenidos en la ley no pasen el filtro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o del Tribunal Constitucional. En el Congreso, la mayoría que invistió a Pedro Sánchez garantiza la aprobación de la ley, que solo podría zozobrar en el caso improbable de que Junts acabe desmarcándose en protesta por que no se acepten sus enmiendas.

¿Cuál es el siguiente paso en el Congreso?

Este jueves se reunirá, en sesión extraordinaria, la Ponencia de la Comisión de Justicia para someter a estudio, debatir y elaborar un texto sobre la proposición de ley de amnistía. Lo más probable es que el martes que viene se vuelva a reunir esa comisión para cerrar el texto articulado, ya incluyendo las enmiendas que sean pactadas, y remitirlo al pleno del Congreso. Este aprobará previsiblemente la ley el martes 30 de enero y la enviará al Senado.

¿Qué pasará con la ley en el Senado, donde el PP ha cambiado el reglamento?

El PP goza de una amplia mayoría absoluta en el Senado, que ha aprovechado para reformar el Reglamento con el fin de retrasar lo más posible el debate de la ley de amnistía en esa Cámara. Esa reforma permite a la Mesa del Senado decidir de forma autónoma sobre la tramitación de las proposiciones de ley, aun cuando hayan sido tramitadas por el procedimiento de urgencia en el Congreso. La consecuencia práctica es que, en lugar de estar 20 días en la Cámara alta, la proposición de ley de amnistía estará dos meses. El PSOE ha recurrido este movimiento del PP ante el Tribunal Constitucional, pero este no dictará sentencia probablemente hasta dentro de unos meses. Por tanto, la amnistía no se tramitará de urgencia en el Senado.

Así, lo previsible es que la ley salga rechazada del Senado, como pronto, a finales de marzo o principios de abril. Las modificaciones o vetos introducidos por la Cámara alta se remitirán de nuevo al Congreso, en cuyo pleno se someterán a debate y votación. Las enmiendas del Senado se incorporan al texto definitivo de la ley si el Congreso las ratifica por mayoría simple. Los vetos del Senado pueden ser levantados por el Congreso si lo decide una mayoría absoluta dentro de los dos meses siguientes o una mayoría simple una vez transcurrido dicho plazo. De esta manera, la aprobación definitiva de la ley sería entre los meses de abril y mayo.

Análisis de la futura ley de amnistía, una norma de borrón y cuenta nueva

El texto legal establece que cualquier proyecto es defendible, pero dentro de la Constitución de 1978, “que garantiza los derechos fundamentales”. El preámbulo obvia las ilegalidades cometidas durante el ‘procés’ y sugiere la “legitimidad” de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. La proposición no incluye investigar el ‘lawfare’

Entonces, ¿ya se les aplicaría la amnistía a Puigdemont y al resto de los encausados del procés?

No. Para hacerse efectiva, la ley de amnistía tiene que ser aplicada por cada tribunal que ya haya dictado sentencia o que tenga abierto un procedimiento afectado por la medida de gracia. Una vez que se apruebe y se publique en el BOE, los jueces y tribunales disponen de dos meses para aplicarla, pero cabe la posibilidad de que prefieran presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En ese caso, la aplicación de la ley quedaría suspendida de forma provisional hasta que el Constitucional dicte sentencia. Eso es una de las cosas que intentan evitar los partidos independentistas con sus enmiendas.

¿A quiénes afectaría la amnistía?

Según sus impulsores, a casi 400 personas, entre políticos y cargos públicos, ciudadanos encausados por los disturbios posteriores a la sentencia de 2019 y policías. La amnistía incluye a los encausados por la consulta ilegal del 9-N de 2014 impulsada por el Govern de Artur Mas y a los que lo están por la preparación del referéndum ilegal del 1-O de 2017 y por los altercados registrados tras la sentencia del Tribunal Supremo, en octubre de 2019. En el caso de Puigdemont y otros prófugos del procés, será la Sala Penal (no el instructor, Pablo Llarena) la que deberá aplicar la ley de amnistía y decidir, en su caso, si eleva cuestión de inconstitucionalidad. Todo apunta a que lo hará.

Lea aquí el pacto de investidura que suscribieron PSOE y Junts: