La paz en Doñana

El acuerdo sobre Doñana alcanzado esta semana entre la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, supone un punto y aparte en un conflicto enquistado desde hace décadas, un litigio que hunde sus raíces en un modelo insostenible de desarrollo en los alrededores del parque natural hasta el punto de amenazar su supervivencia.

Tras meses de extrema tensión por la proposición de ley con la que el Gobierno de Andalucía pretendía regularizar cientos de hectáreas de regadíos ilegales —y ante la amenaza de multas de la Unión Europea y las recriminaciones desde el ámbito científico que llevaron a la Unesco a advertir de que Doñana podía entrar en la lista de patrimonio en peligro—, las negociaciones entre ambos gobiernos han culminado en un pacto que lleva a la práctica los principios de la llamada transición justa. Se trata así de proteger y reparar un ecosistema como Doñana, retirando regadíos a cambio de subvenciones tanto para los agricultores afectados como para los territorios que vivían de estas explotaciones, de forma que se puedan implementar modelos de desarrollo alternativos.

El plan del ministerio prevé una línea de subvenciones para la renaturalización de terrenos, otra para la conversión de regadíos en cultivos de secano y una tercera para el desarrollo de explotaciones de agricultura ecológica. Además, se contempla la creación de la marca Reserva de la Biosfera de Doñana, que irá acompañada de campañas de comunicación para destacar su valor ambiental y social. A esto hay que añadir partidas dirigidas a los ayuntamientos, así como acciones en materia energética que van desde la instalación de placas fotovoltaicas en edificios públicos hasta la rehabilitación de inmuebles para la mejora de la eficiencia energética.

El fin del conflicto es producto del diálogo y del acuerdo entre dos gobiernos con orientaciones ideológicas diferentes en aras de un bien superior: la protección de Doñana y el desarrollo de la zona. La vigilancia internacional y el trabajo de los científicos y de las organizaciones ambientales han ayudado al mismo. El acuerdo alcanzado, saludado positivamente por todas las partes, es un ejemplo de compatibilidad entre ecología y economía. Y supone, en la coyuntura política española, un ejemplo de colaboración responsable entre administraciones gestionadas por partidos de distinto signo.

El pacto contrasta con la actuación de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien eligió el mismo día en que se firmaba el acuerdo de Doñana para hacer público un recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid hace casi dos meses contra el Plan Hidrológico del Tajo, aprobado en enero, por considerar que perjudica los intereses de esa comunidad. Ayuso llegó a declarar que el plan “pone en riesgo el abastecimiento de agua de casi siete millones de personas”. Nada parecido figura en ese proyecto, que garantiza el volumen del abastecimiento a las poblaciones de Madrid. La ley establece, además, que el suministro para uso humano tiene prioridad frente al resto de usos. Pero la presidenta madrileña parece abonada al lenguaje bélico y, en su opinión, “Sánchez quiere que Madrid se rinda por sed”. Dos modelos de ocuparse de los problemas, dos maneras de interpretar la realidad de un mundo y de una democracia plurales.