Gobierno y Junta ofrecen hasta 100.000 euros por hectárea a los agricultores de Doñana que eliminen sus invernaderos

Tras 685 días de polémica, llegó la paz a cambio de una lluvia de millones. Desde que presentó su proposición de ley a principios de 2022 para ampliar regadíos junto a Doñana, la derecha andaluza ha recorrido un largo camino lleno de espinas con la oposición de la Unión Europea, que ahora ha hecho recular al Gobierno de Juan Manuel Moreno. Este lunes el presidente andaluz ha anunciado que retira su norma a cambio de un acuerdo de 350 millones de euros firmado con Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, para compensar a la comarca onubense de El Condado y otros nueve municipios por dejar de esquilmar el acuífero sobreexplotado con sus invernaderos de fresas.

Ambos dirigentes han presentado en Almonte (Huelva) el acuerdo por el que el PP se compromete a retirar el proyecto de ley autonómico que suponía legalizar cientos de hectáreas del entorno de Doñana que actualmente se riegan con agua del acuífero del que también vive este emblemático espacio protegido. A cambio, el Gobierno se ha comprometido a invertir 350 millones de euros para intentar llevar a cabo una reconversión de cultivos y de actividad económica en la zona para rebajar la presión sobre ese acuífero (que se suman a los otros 356 millones del plan de infraestructuras que ya tiene en marcha).

De los 350 millones del ministerio, 116 irán destinados a los agricultores para que levanten sus cultivos. Eso sí, las tierras beneficiadas serán de 14 pueblos con vínculos con el acuífero de Doñana, de las provincias de Sevilla y Cádiz, no solo de la comarca de El Condado. Cada empresario fresero que decida suprimir sus invernaderos, sean legales o ilegales, para “renaturalizarlos” recibirá a lo largo de una década 100.000 euros del Gobierno, que aporta el 70%; la Junta pone otro 20% y la Diputación de Huelva el 10% restante.

Los empresarios no necesitarán tener derechos de riego sobre sus tierras para optar a las ayudas, por lo que los ilegales que han regado sin autorizaciones durante años también podrán beneficiarse del plan social trazado. “No hemos comprado terrenos de regadío ni derechos de agua que no existen (...) No hemos hecho ningún tipo de revisión, censo o catastro. La vigilancia del cumplimiento de la legalidad se mantiene y en paralelo se ofrecen buenas alternativas para las personas preocupadas o los vecinos de las 14 localidades”, ha defendido Ribera este lunes.

Por contra, los cientos de freseros con multas administrativas de los agentes medioambientales y el medio centenar con condenas por vía penal denunciados por Fiscalía seguirán afrontando las sanciones, aunque con la billetera llena. “No habrá vetos pero tampoco amnistía”, resumen fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Moreno aseguró que los agricultores cobrarán las ayudas “en cinco años”, pero el Gobierno, que distribuirá el grueso de los fondos, insiste en que será a lo largo de 10 años.

“Los pagos se harán anualmente y solo si se demuestra que se está cumpliendo con rigor. No les adelantamos ahora 100.000 euros”, matizan dichas fuentes. Además, ese abandono de los cultivos deberá ser durante un plazo de 30 años, aunque el dinero se cobre en la primera década. El precio de mercado de una hectárea de regadío de fresas ronda los 100.000 euros y si la finca carece de autorización legal para regar, oscila entre 20.000 y 30.000 euros, según fuentes del sector. La diferencia es que a cambio de estos últimos pagos el fresero vende sus tierras, mientras que con las subvenciones de las Administraciones mantendrá la propiedad, aunque durante tres décadas no podrá cultivar. Además, las tierras de secano de los 14 municipios también podrán optar a las ayudas millonarias.

Moreno ha tildado el acuerdo de “histórico” y ha destacado que “blinda” Doñana ante una situación “enquistada”. Para el presidente andaluz, el pacto alcanzado tras casi dos meses de negociación para cerrar flecos, concilia la protección del parque con el progreso social de El Condado. “Todo el mundo gana y nadie pierde con el acuerdo. Doñana son sus municipios y las más de 200.000 personas que la habitan”, ha añadido. Moreno ha equiparado la inversión del Estado con la de la Junta y ha asegurado que esta última aportará 728 millones, con los que ha elevado la cifra de inversión total hasta los 1.400 millones “en Doñana y su entorno”. Sin embargo, esa enorme cifra tiene fondos muy alejados del corazón de Doñana, como depuradoras de Sevilla capital por 124 millones, un total de 334 millones en infraestructuras hidráulicas y hasta ayudas al sector pesquero por valor de 23 millones.

La clave ecológica para que Doñana reverdezca está en el plan de canalizaciones para reflotar el acuífero que el ministerio presentó hace un año, pero sobre todo en que se cumpla el Plan de la Fresa de 2014, cuya ejecución depende de la Junta y nueve años después su nivel de cumplimiento es muy deficiente. “La gran preocupación es la revisión del plan de la corona que hoy ha planteado la Junta. ¿Eso significa revisar la cartografía para intentar meter más superficie?”, interroga Felipe Fuentelsaz, de WWF.

El acuerdo entre Junta y Gobierno se cierra con el aliento de Europa en el cogote. Porque la Comisión Europea tenía en el punto de mira a España por esa propuesta de legalización de cultivos irregulares, que ha despertado un importante rechazo de los grupos ecologistas y del mundo científico. Bruselas había amenazado abiertamente a España con denunciarle ante el Tribunal de Justicia de la UE si se seguía adelante con la norma.

Aunque Ribera y Moreno han comparecido juntos, cada Administración ha presentado su propio plan de actuaciones e inversiones. Uno de los principales puntos de fricción para cerrar este pacto ha sido si se abría la puerta o no a la expropiación de hectáreas ilegales. Ribera dejó claro que el Gobierno central no estaba dispuesto a comprar “ni un metro cuadrado” de tierra ilegal —de secano puesta en regadío―, mientras que para Moreno era una de las soluciones idóneas para este problema. Finalmente, las tierras no se expropian, sino que se apuesta por un plan de subvenciones directas a los agricultores. Además, los freseros no deben ser propietarios, también serán beneficiados los que explotan las fincas propiedad de los Ayuntamientos gracias a concesiones administrativas.

Plan del ministerio

El Ministerio de Transición Ecológica ya tenía en marcha un plan de inversiones (para el cierre de pozos y regadíos, entre otras medidas) que ascendía a 356 millones de euros. Ahora, añade esos 350 millones. En el documento de 59 páginas del ministerio se hace un desglose del destino de los fondos y el grueso, 116 millones, se destinará al sector agrícola. Lo que se pretende, con tres líneas de ayudas, es una reconversión para eliminar regadío.

Una primera línea, que se concederá durante un período de 10 años y por un importe de 7.000 euros por hectárea, será para la renaturalización. Es decir, para transformar los cultivos en zona forestal. A eso, se le añadiría otros 3.000 euros de la Junta y la Diputación, hasta llegar a los 10.000 anuales que se convierten en 100.000 al transcurrir una década. Pero el compromiso es mantener las tierras como forestales 30 años, según figura en el plan del ministerio.

Otra segunda se destinará para la conversión de cultivos de regadíos en secano; se concederán durante un período de cinco años y ascenderán a 2.500 euros la hectárea. Los propietarios tendrán que mantener ese cultivo así durante al menos 10 años. Por último, se abrirá una tercera línea de ayudas (por cinco años y de 1.000 euros por hectáreas) con la finalidad de reconvertir explotaciones para que sean de agricultura ecológica. Además, el ministerio se compromete a invertir otros 32 millones de euros en “la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agrícolas”, otro de los asuntos pendientes en la zona.

El plan del ministerio también pasa por la creación de la marca Reserva de la Biosfera de Doñana y por poner “en marcha campañas de comunicación para trasladar su alto valor ambiental y social”. Además, el programa presentado por Ribera planea destinar 70 millones a los Ayuntamientos y 28 millones de euros a acciones en el sector energético. Por ejemplo, ayudas para aislamiento térmico e instalación de placas fotovoltaicas en escuelas, bibliotecas, gimnasios y museos, y fomento del autoconsumo energético.

“Sensatos y humildes”

Las reacciones tras el acuerdo han sido de satisfacción, aunque con matices por la cantidad de interrogantes que se abren ahora para implementarlo. La Plataforma de Regantes del Condado, impulsora de la ley de la derecha y que aprobó el domingo el acuerdo por unanimidad, mostró su satisfacción por el pacto millonario. “Algunos hemos sabido negociar desde mucho antes”, admitía satisfecho su portavoz, Julio Díaz. El presidente, Romualdo Macías, ha pedido: “Basta ya de criminalizarnos porque nuestros productos son los mejores, somos gente sensata y humilde”.

La asociación de agricultores de Almonte Puerta de Doñana, con 4.000 hectáreas de frutos rojos y derechos de riego, ha valorado: “Nos alegramos de que se hayan puesto de acuerdo por encima de sus intereses políticos. Las inversiones serán un fuerte impulso para la zona, pero lamentamos que la Junta no nos haya dado oportunidad de participar y dudamos de si la tubería para traer el agua hasta Almonte está incluida en el acuerdo”, ha subrayado su portavoz, Manuel Delgado.

Por último, la organización ecologista WWF ha valorado el pacto, aunque con matices: “Lo más importante es la retirada de la ley antiDoñana por parte de Moreno Bonilla por motivos políticos. Dicho esto, si las medidas sociales del Ministerio pueden ser importantes si se aplican correctamente, la lista de inversiones de la Junta es la suma de inversiones que ya había en Andalucía, ya existentes. No habrá desarrollo sostenible sin el cumplimiento de la ley”, ha dicho su secretario general, Juan Carlos del Olmo.

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