Navalni, víctima del carcelero de Rusia

Martirizado en un calabozo de castigo dentro de una prisión de régimen severo en el círculo polar ártico, el ruso Alexéi Navalni mostraba su inconmovible voluntad de resistir a sus verdugos, esos eslabones funcionariales del servicio penitenciario o de los órganos de seguridad que constituyen la llamada “vertical de poder”, en cuyo vértice se halla Vladímir Putin.

Navalni, que había sido encarcelado en varias ocasiones desde las protestas políticas por las irregularidades electorales de 2011, fue condenado a 19 años de prisión severa en 2023 por extremismo. Del tiempo pasado en prisión, Navalni estuvo al menos 27 veces en celdas de castigo (un total de 300 días), por cosas como no abrocharse el último botón de una camisa estrecha (tres días), por citar una decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (siete días) o por leer una decisión del mismo tribunal (15 días).

Lo sorprendente, pues, era que Navalni, debilitado físicamente por los castigos que se le imponían, no hubiera perecido ya, y también que se hubiera salvado de milagro del intento de envenenamiento del que fue víctima en el verano de 2020 cuando se encontraba en Siberia. El político se recuperó en Alemania y se empeñó después en volver a su tierra en enero de 2021. Lo encarcelaron enseguida. Los representantes de la justicia rusa disolvieron su organización (el Fondo Anticorrupción) y siguen persiguiendo a los miembros de esta organización, que revelaba los negocios turbios de dirigentes y empresarios estatales rusos. Los seguidores de Navalni son acusados hoy en Rusia como sospechosos de extremismo, terrorismo y otros de los delitos con los que el Kremlin se ha surtido en los últimos años para mejor castigar a la disidencia.

En vista de su larga y severa condena y las nuevas que le amenazaban, muchos dudaban de que aquel espíritu rebelde lograra salir vivo de la prisión, a no ser que ocurriera una revolución (de lo que no hay visos), que el régimen decidiera canjearlo en Occidente por algún sujeto ruso que pudiera serle útil o que decidiera indultarlo como gesto de buena voluntad, lo que no era probable en un sistema dominado por la venganza y el resentimiento. Dicho vulgarmente, Navalni dejó de ser moneda de cambio o elemento de chantaje para el Kremlin y se convirtió en un activo tóxico, uno más, para Vladímir Putin, quien jamás pronunciaba el nombre de su rival más carismático.

El cadáver de Navalni se suma a los de Ana Politkovskaia, periodista asesinada en el portal de su casa de Moscú en octubre de 2006; Borís Nemtsov, ex primer jefe de Gobierno ruso en los años noventa y asesinado cerca del Kremlin en febrero de 2015; el diputado y militar Serguéi Yushenkov, copresidente del Partido Liberal asesinado en 2003, y otros personajes informados y activos que denunciaron la represión en Rusia.

En las prisiones de ese país se acumulan hoy otros políticos, periodistas, ciudadanos, científicos prestigiosos, atropellados todos ellos por un mecanismo judicial que es simplemente un puro disfraz de la arbitrariedad. Esta es la triste realidad de la Rusia de hoy.

La crueldad con la que el sistema trataba a Navalni y trata a otros presos que pueden considerarse políticos ―la organización de derechos humanos Memorial, disuelta por el régimen, da una cifra de 604 a fecha de octubre de 2023― nada tiene que ver con los intereses de Rusia. El trato a la disidencia en la época de Putin lleva incorporadas características de perversidad, sadismo y total indiferencia por la vida humana que parecen ir más allá de lo racional, incluyendo en este concepto el “grado de represión necesario” para mantener un régimen autoritario. En época soviética tardía, en los años que precedieron a la perestroika o reforma de Mijaíl Gorbachov, las persecuciones políticas en general, aun siendo duras y también truculentas, no parecían tener un ensañamiento tan sistemático.

Nada se puede hacer por Navalni, aunque sí por su memoria. Pero a lo mejor aún se puede ayudar de alguna manera a personas que se pudren hoy en las cárceles rusas por acusaciones siniestras. Entre ellas están el político liberal Vladímir Kara-Murza (condenado a 25 años de prisión severa en abril pasado por traición a la patria); Ilia Yashin (político liberal condenado a ocho años y medio de prisión en diciembre de 2022 por difundir supuestos bulos sobre el ejército); el periodista Iván Safrónov, sentenciado a 22 años en régimen severo por traición a la patria; Alekséi Gorinov, concejal de barrio de Moscú, condenado a siete años en 2022 por sus opiniones contra la guerra. A la lista se ha incorporado esta semana el respetado sociólogo Borís Kagarlitski, condenado a cinco años, por un comentario sobre el puente que une la anexionada Crimea al territorio de Rusia. Suma y sigue.

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