Mano dura con la inmigración: ¿victoria de la extrema derecha o antídoto?

Todo está listo en el instituto Suzanne Valadon para acoger a 120 personas que duermen en la calle, muchas de ellas inmigrantes. Ya están instaladas las camas plegables en las aulas y duchas desmontables. Es un viernes gris y lluvioso en París. A este viejo edificio, hasta ahora desocupado, han acudido líderes vecinales y políticos con un mensaje: hay que proteger a los inmigrantes. Sea como sea. Diga lo que diga la ley, adoptada esta semana con los votos de la extrema derecha, que endurece el acceso de los extranjeros a algunos beneficios del robusto Estado del bienestar francés. Hay, entre los presentes, alguien para quien estas medidas tocan una fibra íntima.

“Les hablo con emoción, porque, un poco, esta también es mi historia”, dice a la prensa la alcaldesa, Anne Hidalgo. Ella, que nació en Cádiz y llegó a Francia con dos años, pertenece a este tercio de franceses que tiene al menos un progenitor o un abuelo inmigrante. Ve en la ley, impulsada por el presidente, Emmanuel Macron, una deriva peligrosa. “Francia no puede seguir este camino, no es el camino de sus valores”, dirá después la socialista Hidalgo a EL PAÍS. El presidente, denuncia, “está preparando el acceso al poder de Marine Le Pen”.

Lo cree Hidalgo. Lo dijo Le Pen, líder del partido del Reagrupamiento Nacional: “Podemos alegrarnos de un avance ideológico, incluso de una victoria ideológica.” Algunos, en la izquierda, sostienen que, al endurecer la legislación migratoria, Macron normaliza la ideología de Le Pen. Aunque la haya derrotado dos veces en las presidenciales, y aunque sean rivales feroces, la estaría ayudando a conquistar el Elíseo en las elecciones presidenciales de 2027. A este argumento, Macron y otros en el campo moderado contraponen que, para frenar el voto extremista, hay que abordar de frente lo que nutre este voto, como el miedo a la inmigración. No habría mejor antídoto.

De Washington a París, de Estocolmo a Berlín, y hasta Australia, la inmigración ocupa, en este otoño e inicio de invierno, un lugar central, que no ocupaba desde hacía tiempo. La Unión Europea acaba de acordar, tras años de negociaciones, un pacto de migración y asilo.

En países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), hubo más de seis millones de inmigrantes permanentes en 2022, un récord, y un récord en el número de demandantes de asilo, más de dos millones. En la UE, esta cifra va en camino de alcanzar en 2023 el nivel más alto desde la crisis de 2015 y 2016, sin contar a los ucranios. El número de migrantes irregulares que llegan por el Mediterráneo —y a países como España, donde el debate no polariza con la misma intensidad que en el resto de Europa— también será el mayor en años recientes.

Pero de aquí a hablar, como hace la extrema derecha, de “inundación migratoria” o “gran reemplazo” de autóctonos por extranjeros, hay, sin embargo, un trecho.

“Se usa un vocabulario muy ofendido: estaríamos inundados y la inmigración estaría fuera de control”, lamenta François Héran, titular de la cátedra Migraciones y Sociedades en el Colegio de Francia, institución que, desde el Renacimiento, ocupa la cúspide de la ciencia y el saber franceses. Y añade: “Sí, hay una progresión. Pero no es una explosión de las demandas de asilo y la inmigración.”

Elecciones en 2024

Se avecina, en este contexto, un 2024 de elecciones en Europa (al Parlamento Europeo, en varios Estados federados alemanes, quizá en el Reino Unido) y en Estados Unidos. Los moderados —el espectro amplio que va de la izquierda socialdemócrata a la derecha de raíz democristiana— observan con inquietud la consolidación de la derecha populista, nacionalista o extrema, y victorias recientes como la de Geert Wilders en Países Bajos. Y responden con nuevas leyes migratorias.

No solo en Francia. En Alemania, el canciller socialdemócrata Olaf Scholz ha anunciado: “Tenemos que empezar a deportar a gran escala”. En Suecia, en plena ola de violencia relacionada con el tráfico de drogas, el primer ministro, Ulf Kristersson, declaró en septiembre: “Nos ha llevado aquí una política de inmigración irresponsable”. En el Reino Unido se tramita en el Parlamento la ley para deportar a migrantes a Ruanda, mientras que en Estados Unidos la derecha supedita la ayuda a Ucrania a más fondos para blindar la frontera con México. Este es el ambiente.

Al teléfono, Patrick Vignal, diputado del partido de Macron por un distrito del sur de Francia. “Al Reagrupamiento Nacional no se lo combate solo con palabras”, dice. “¿Por qué yo lo hago recular? Piso el terreno”. En los pueblos cerca de Montpellier, Vignal escucha las inquietudes por el incivismo, la delincuencia, el islamismo. Es un terreno abonado para Le Pen. Él votó sí a la polémica ley.

Macron lo dijo de otra manera: “Si cerramos los ojos, si decimos que no hay problema de inmigración, hacemos el juego del Reagrupamiento Nacional”. Es una discusión, también, en la izquierda que desde hace años ve cómo una parte de las clases populares, históricamente su vivero electoral, se pasan en masa al populismo nacionalista o a la extrema derecha. Sucedió en EE UU con Trump. O en Francia con Le Pen. En regiones desindustrializadas, los votantes demócratas, o comunistas y socialistas en el caso francés, se sintieron abandonados, incluso despreciados por las élites progresistas, urbanas y multiculturales.

“La inmigración actúa como una especie de revelador fotográfico de los problemas sociales de un país”, explica Didier Leschi, director general de la Oficina francesa de la inmigración y de integración. Para este antiguo trotskista que se sigue considerando “un muchacho de izquierdas”, hay que pensar la inmigración como una cuestión social con un impacto en nuestras democracias.

“Una parte de los ciudadanos europeos se pregunta si este sistema puede ampliarse hasta el infinito, y si puede permitir acoger a todos los que desean beneficiarse de él sin haber contribuido”, dice Leschi en un café de la plaza de la Bastilla. “Los que poseen bienes inmobiliarios, los que han heredado o los que viven en una situación acomodada, no se preocupan por ello. Pero, para aquellos para quienes el Estado social es el único bien, es un temor que no se debe despreciar”. Y avisa: “La extrema derecha europea tiene el viento en popa porque da la impresión de interesarse por la cuestión social, lo que hace olvidar su peligrosa xenofobia”. En otras palabras: o las fuerzas democráticas se ocupan de esta cuestión, o se ocuparán los extremistas.

Leschi se refiere, durante la conversación, al caso de Escandinavia. Modelo por excelencia de la socialdemocracia más abierta al mundo y del Estado del bienestar más desarrollado, en un país como Suecia gobierna hoy una coalición apoyada por la extrema derecha. En Dinamarca, los socialdemócratas se han impuesto con políticas de mano dura con la inmigración.

“Si solo la extrema derecha habla de los problemas, entonces la gente buscará las soluciones solo en la extrema derecha”, decía en 2019 al diario británico Financial Times el socialdemócrata Mattias Tesfaye, hijo de un etíope y una danesa y actual ministro de Educación. “Si yo fuese un liberal de derechas o si estuviese en un país anglosajón, entonces las fronteras abiertas no serían un problema para mí, pero en un Estado del bienestar escandinavo, la inmigración debe estar controlada”.

También se refiere a Dinamarca en sus discursos Sahra Wagenknecht, la política de moda en Alemania. Wagenknecht ha roto con Die Linke, formación hermana de Podemos, para formar su propio partido. Con una defensa de la mano dura con la inmigración, corteja sin complejos al votante de Alternativa para Alemania, el pujante partido de la extrema derecha. “Naturalmente, hay muchas personas que votan a la AfD no porque sean de derechas, sino porque están enfadadas y desesperadas”, dijo en una entrevista con la cadena ZDF. “Queremos hacer a estas personas una oferta seria”.

Miedo

Es un mensaje que se escucha en sectores de la izquierda de todo Occidente. En Estados Unidos, el senador John Fetterman apoyó al candidato presidencial Bernie Sanders en 2016 frente a la centrista Hillary Clinton, y tiene su feudo en una zona industrial y obrera de Pensilvania. Ahora ha declarado, a propósito de las demandas del Partido Republicano para frenar la inmigración: “No me parece irrazonable tener una frontera segura”.

El peligro, según quienes discrepan de esta línea, es acabar haciendo el juego a la extrema derecha. Lo ha dicho a Le Monde, en referencia a la nueva ley, el expresidente socialista François Hollande: “El presidente Macron y el Gobierno no han tomado los votos del Frente Nacional [nombre anterior del Reagrupamiento Nacional], han tomado sus ideas”. Y así, si se sigue este razonamiento, no se frenará a la extrema derecha. Al contrario.

“Hay un argumento intuitivo según el cual la extrema derecha defiende restringir la inmigración y así, cuando partidos centrales promueven políticas migratorias más duras, los votantes de la extrema derecha deberían volver al centro”, explica Werner Krause, politólogo en la Universidad de Potsdam y coautor del estudio ¿Funciona el acomodamiento? Las estrategias de los partidos mayoritarios y el éxito de los partidos de la derecha radical. Pero añade: “Lo hemos puesto a prueba con una muestra de una docena de países desde los años setenta y hemos descubierto que no ocurre así. Lo que hemos observado es que todavía más votantes tienden a pasarse a la extrema derecha. El problema es que, al promover estas ideas, puede legitimarse”.

Avisa el demógrafo Hervé Le Bras: “¿Acaso ir en el sentido de los miedos de los franceses los tranquiliza? Yo creo que, al contrario, todavía les da más razones para tener miedo”. Le Bras observa que, en países como Francia, Alemania o Estados Unidos, el voto para la derecha populista suele ser mayor en las zonas donde menos inmigrantes hay. “La inmigración”, explica, “es una palabra maleta”. Cuando se habla de inmigración, a menudo no se habla de experiencias vividas sino de otras cosas, como la identidad, la inseguridad o el sentimiento de desprotección y pérdida de control.

“Esta inquietud se cultiva y se formatea, pues, cuando se habla de inmigración, el discurso va en un sentido único”, dice el profesor Héran, del Colegio de Francia, mientras despliega, en una pantalla, una batería de datos para desmentir la supuesta ola migratoria en su país. “Cuando se habla de inmigración”, lamenta, “siempre es para decir que hay que protegerse de ella y siempre se percibe como una amenaza ante la que hay que poner un escudo, según la expresión del presidente Macron. No se ponen en valor los éxitos de la integración y del acercamiento de las poblaciones, que son realidades”.

“Siempre hay que escuchar, pero escuchar no quiere decir sumarse a ello”, afirmaba hace un tiempo, en una entrevista con El PAÍS, François Ruffin, valor en alza de la izquierda radical francesa y diputado de La Francia Insumisa. “Yo nunca me taparé los oídos. La pregunta es, políticamente, ¿qué hacemos con esto?”. Él, que representa un distrito obrero en el norte de Francia parecido al de Fetterman en Pensilvania, se opone a la ley de Macron.

Es fina la línea entre escuchar las demandas del votante de la extrema derecha sin asumirlas, y empatizar y responder a miedos reales sin caer en las respuestas simplistas. Lo sabe Ruffin. Lo saben Macron, quien, por primera vez desde que llegó al poder en 2017, ha afrontado una rebelión en sus filas: una cuarta parte de sus diputados se abstuvo o votó en contra de la ley, y el ministro de Sanidad dimitió. Y lo saben los dirigentes “moderados” de la UE, el amplio centro en el que caben socialdemócratas, liberales y democristianos.

El pacto europeo de inmigración y asilo contiene medidas restrictivas y otras que responden en parte al declive demográfico y la necesidad económica de mano de obra y contribuyentes extranjeros. La Italia de Giorgia Meloni —heredera del neofascismo, aliada de Vox y abanderada de las políticas más represivas contra la inmigración— ha abierto la puerta a 452.000 trabajadores hasta 2025 para los sectores en dificultad. Macron defiende que su acuerdo facilitará la regularización de sin papeles en sectores donde falta mano de obra. En todo caso, ha pedido al Consejo Constitucional que verifique si hay artículos que, como cree el propio presidente, vulneran la ley fundamental.

“Es falso que Europa esté inundada, esto es falso”, insiste el diputado macronista Vignal. “Pero hay una Europa que rechaza abrir las fronteras a otras personas”. Y no hay que ignorarla, según él, antiguo judoka y exsocialista, y habituado a lidiar con votantes de Le Pen en su distrito. “Los franceses esperan firmeza. A la vez, somos un pueblo humanista. La firmeza no basta”, dice. “Necesitaremos trabajadores, pero quiero que respeten la República y las leyes. Si no las respetan, no hay regalos, que vuelvan a casa”.

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