Macron salva la ley migratoria tras un conato de rebelión en su Gobierno

La nueva ley de inmigración en Francia, impulsada por Emmanuel Macron y adoptada el martes con los votos de la derecha y la extrema derecha, ha abierto una de las mayores crisis en las filas del presidente desde que llegó al poder en 2017. Las medidas más represivas, como el endurecimiento del acceso de los extranjeros a las ayudas sociales, cuestionan algunos principios que, durante años, el centrista Macron ha defendido con firmeza.

Destacados diputados del bloque presidencial votaron en contra de la versión final del proyecto por considerarla demasiado derechizada. Varios ministros amenazaron con dimitir. El titular de Sanidad, Aurélien Rousseau, hizo efectiva la amenaza, según el diario Le Figaro y la agencia France Presse, aunque se desconoce si la dimisión fue aceptada.

La ley, tras horas de suspense y cerca de la medianoche, se adoptó por 349 a favor y 186 en contra en la Asamblea Nacional. Se habría adoptado igualmente sin tener en cuenta los votos del Reagrupamiento Nacional (RN), el partido de extrema derecha que lidera Marine Le Pen. Era la condición que el presidente ponía para promulgarla. Pero el resultado no evita una foto –él y su adversaria más feroz en el mismo bloque– que sus oponentes le recordarán durante tiempo.

El voto a favor de Le Pen fue un regalo envenenado para Macron. Sabía que le incomodaría. Y que, pese a que inicialmente era contraria al proyecto, le permitía a ella declararse vencedora y afirmar que sus ideas se habían impuesto.

“Nos enfrentamos a una burda maniobra del RN”, denunció la primera ministra, Élisabeth Borne, a los diputados de su grupo, según filtraron varios medios. Quería convencerles de que, pese al apoyo de Le Pen, votasen a favor. “No caigamos en la trampa”, exhortó. Ante el hemiciclo, el ministro del Interior, Gérald Darmanin defendió que en la ley hay elementos progresistas, como la regularización de 10.000 sinpapeles más cada año.

La izquierda acusa al presidente de abrazar los postulados de Le Pen, quien celebró el acuerdo como “una victoria ideológica” de su partido, favorito para ganar las elecciones europeas de junio. Hay una dimensión europea en este forcejeo parlamentario, que coincide con la negociación en Bruselas de un pacto migratorio para la UE.

Le Pen también expresó su “agradecimiento” a la izquierda, pues la izquierda, junto a la derecha y la extrema derecha, rechazó hace una semana debatir el proyecto en la Asamblea Nacional. Y así dejó el texto en manos de la derecha y los macronistas.

Una versión más represiva de la ley se había adoptado en noviembre en el Senado, dominado por la derecha tradicional de Los Republicanos. El 11 de diciembre llegó a la Asamblea Nacional, donde los macronistas forman el bloque con más diputados, pero no llegan a la mayoría absoluta. Los macronistas esperaban suavizar ahí la versión de los senadores.

Pero saltó la sorpresa. La izquierda, la derecha y la extrema derecha en la Asamblea Nacional unieron sus votos para adoptar una “moción de rechazo” que impidió que el proyecto llegase siquiera al hemiciclo para que se debatiese.

Para encontrar una salida, se convocó una comisión paritaria de 14 miembros, senadores y diputados. Y de ahí salió la versión final, de nuevo más dura. Es la que, sin sorpresa, este mismo martes adoptó el Senado, con 214 votos a favor y 114 en contra. La incógnita era la Asamblea.

El diputado socialista Boris Vallaud declaró antes de la votación: “Espero que en los rangos de la mayoría haya hombres y mujeres de principio para rechazar esta componenda.” “Será tenso”, vaticinaba por mensaje telefónico, entre reunión y reunión, el diputado macronista Patrick Vignal. “Que el Reagrupamiento Nacional vote a favor hace que una parte de mi mayoría recule”. Al final, 27 diputados de la mayoría acabaron por votar en contra y 34 se abstuvieron.

El texto, según denuncia la izquierda y celebra Le Pen, incluye un concepto histórico del RN y su antecesor, el viejo partido ultra Frente Nacional. Se trata de la preferencia nacional. “En esta ley”, dijo Le Pen en declaraciones a la prensa, “está inscrita la prioridad nacional, la ventaja para los franceses respecto a los extranjeros presentes en el territorio en el acceso de prestaciones sociales.”

Le Pen y quienes acusan a Macron de asumir la preferencia nacional aluden a la exigencia a los extranjeros de llevar dos años y medio trabajando en Francia, o cinco años en caso de no trabajar, para poder acceder a algunas ayudas sociales. La alternativa para Macron era renunciar al texto, pero suponía admitir la incapacidad para legislar.

Ninguna solución parecía buena para un presidente sin mayoría absoluta parlamentaria ni margen para gobernar con comodidad. Lo constató con el primer gran proyecto tras la reelección en 2022: la reforma de las pensiones. Si se aprobó, fue gracias al decreto. Ahora lo vuelve a comprobar con el segundo gran proyecto del quinquenio: la ley migratoria, que en su origen pretendía un equilibrio entre medidas conservadoras y progresistas. Planteaba facilitar la expulsión de Francia de extranjeros considerados peligrosos. Al mismo tiempo, promovía la regularización de inmigrantes sin papeles que pudiesen trabajar en sectores con escasez de mano de obra.

En la votación del martes estaba en juego algo más que una ley. Estaba en juego la esencia del macronismo, que se proclama ni de izquierdas ni de derechas, o de izquierdas y de derechas, y que en las presidenciales de 2017 y las de 2022, derrotó a la extrema derecha. Ahora habrá una imagen de sus diputados votando junto a Le Pen. Y no una reforma cualquiera, sino una sobre el tema predilecto de la extrema derecha: la inmigración.

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