El cabecilla del ‘Qatargate’ acepta colaborar con la justicia a cambio de una pena menor

Mientras en Estrasburgo el Parlamento Europeo debatía cómo mejorar sus prácticas para recuperar la confianza ciudadana tras el escándalo de sobornos a la Eurocámara presuntamente por parte de Qatar y Marruecos, el principal inculpado de la trama, el exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, ha acordado este martes en Bruselas contarlo todo a la justicia belga. Según ha anunciado la Fiscalía federal belga, Panzeri ha firmado un “acuerdo de arrepentimiento” por el que se compromete a revelar los secretos del Qatargate, la trama que ha sacudido a las instituciones europeas, a cambio de una pena de cárcel limitada.

Panzeri, considerado como el cabecilla de la trama y presidente de la ONG Lucha contra la Impunidad, que, según cree la investigación, se usó para canalizar los sobornos, “se ha comprometido a hacer declaraciones significativas, reveladoras, sinceras y completas” sobre el Qatargate, destaca el comunicado de la Fiscalía.

La noticia se ha conocido el mismo día en que Panzeri debía comparecer ante un tribunal belga para recurrir la decisión de mantenerlo en prisión preventiva por el escándalo que estalló con una redada el 9 de diciembre en Bruselas y que supuso la detención, además del italiano, de la entonces vicepresidenta de la Eurocámara -hay 14-, la griega Eva Kaili; de su pareja y asistente parlamentario, Francesco Giorgi, y de Niccolo Figa-Talamanca, director de una ONG italiana vinculada a la trama por la que se sospecha que países como Qatar y Marruecos pagaron a los presuntos implicados a cambio de promover resoluciones y políticas en la Eurocámara a su favor, o de frenar las negativas. Los cuatro están imputados por corrupción, blanqueo de dinero y organización criminal, y permanecen por el momento en prisión preventiva.

Finalmente, Panzeri no compareció este martes ante el juez que debía revisar su situación, aunque sí lo hizo su abogado, Laurent Kennes, quien eludió hablar a la prensa salvo para denunciar, una vez más, las filtraciones de la investigación a medios, sobre todo belgas. La exvicepresidenta Kaili tiene una vista fijada el jueves para que un juez decida si sigue en prisión, como decretó a finales de diciembre, o si puede quedar en libertad vigilada.

En vez de apelar su detención, Panzeri firmó este martes el acuerdo con la justicia belga por el que se compromete a informar a los investigadores del “modus operandi, los acuerdos financieros con terceros Estados, la estructura financiera creada, los beneficiarios de esas estructuras y la implicación de personas conocidas o aún no conocidas en el expediente”, señala la Fiscalía. A cambio, la justicia está dispuesta a imponer una pena de cárcel firme pero “limitada” a Panzeri, a quien se le confiscarán todos los bienes adquiridos de manera ilegal a través del Qatargate. Según la Fiscalía, estos ascienden al menos a un millón de euros.

El Qatargate ha sacudido las instituciones comunitarias, que están tratando de reaccionar apresuradamente a un escándalo que ha dañado su imagen. Este martes, la comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha remarcado que el Ejecutivo comunitario está ultimando una propuesta para establecer un cuerpo ético común a todas las instituciones europeas y también avanza en un plan para tratar de que el delito de corrupción sea unificado en los 27 Estados miembros. “Hay que dar a los tribunales y policías todos los instrumentos para perseguir la corrupción”, ha incidido en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Allí ha señalado que las propuestas presentadas por la presidenta de la Eurocámara. para dotar de más transparencia a la institución y evitar que se repitan casos como el de Eva Kaili y el exeurodiputado Panzeri, no son del todo suficientes. “Son un buen comienzo, pero hay que hacer más”, ha dicho.

Ley de arrepentidos

Esta es la segunda vez que se produce en la justicia belga un acuerdo de este tipo desde la aprobación, en 2018, de la denominada “ley de pentiti” (arrepentidos en italiano, en referencia a la ley de Italia creada para combatir a la mafia). El lunes, el pleno del Parlamento Europeo aprobó en su sesión en Estrasburgo iniciar el proceso para despojar de la inmunidad a otros dos eurodiputados a los que la justicia belga quiere investigar en torno al escándalo, el italiano Andrea Cozzolino y el belga Marc Tarabella; ambos del grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), como el resto de los implicados en la trama.

El diario belga L’Echo asegura que Panzeri ha admitido que pagó más de 120.000 euros en efectivo a Tarabella, quien hasta ahora ha negado cualquier implicación. El eurodiputado ha sido, hasta que ha renunciado por el escándalo, vicepresidente de la delegación para los países árabes y miembro de la comisión Pegasus, que lleva el caso del espionaje gubernamental con el controvertido software, que involucra a Marruecos, sobre el que ha recaído la sospecha de espiar a miembros del Gobierno español, entre otros.

Su nombre figura en los archivos de la investigación desde el principio en la trama: un día después de la detención de Panzeri, Kaili y los otros imputados —a quienes se incautaron 1,5 millones de euros en efectivo—, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tuvo que regresar de urgencia a Bruselas desde su Malta natal para validar el registro del domicilio de Tarabella, como marca la ley belga. En la vivienda, sin embargo, según las primeras informaciones, no fue hallado dinero en efectivo, al contrario que en las casas del exeurodiputado y de la vicepresidenta de la Eurocámara, destituida rápidamente y cuyo sucesor debe ser elegido este miércoles en Estrasburgo.

La presión en torno a Panzeri había aumentado con la detención, en Italia, de su esposa y su hija, sospechosas de estar involucradas en la trama de sobornos. Precisamente este lunes un tribunal de Brescia, en el norte de Italia, aceptó la extradición a Bélgica de Silvia Panzeri, la hija de 38 años del exeurodiputado, después de que diera el visto bueno en diciembre al traslado a Bruselas de la esposa del detenido, Maria Colleoni, quien ha recurrido la decisión. Ambas están desde el 10 de diciembre en arresto domiciliario.

Antes de Panzeri, Francesco Giorgi ya había admitido, durante los interrogatorios, haber participado en la trama de sobornos, creada en torno al antiguo eurodiputado socialista italiano y la ONG Fight Impunity que fundó nada más dejar su escaño, en 2019, aparentemente para usarla de pantalla para sus negocios ilícitos con terceros países.

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