El turno de las enfermeras para avivar el conflicto sanitario en Madrid: “No sin mi médico”

Llega el momento de las enfermeras. El conflicto de las urgencias extrahospitalarias en Madrid está lejos de solucionarse, por mucho que el jueves pasado el comité de huelga ―formado por el sindicato de médicos Amyts y varios facultativos afectados― firmara un acuerdo con la Comunidad de Madrid para desconvocar la huelga que afectaba exclusivamente a los médicos. Ahora falta por ver, en una nueva negociación que corresponde a la mesa sectorial, qué pasa con ellas. Si se quedan solas al frente de 29 centros, antiguos Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), sin el equipo médico, en qué condiciones o con qué responsabilidad. Si atenderán urgencias o solo cuidados continuados. Si lo harán de día o también de noche. Y la preocupación crece por días. Con sus ganas de guerra. Y de que alguien las defienda. Isabel Barrio, Fiona McHardy Pérez, María Luisa Soldado y Margarita Correa, de 55, 56, 57 y 42 años respectivamente, ponen cara y voz a un problema que no se ha resuelto y una queja generalizada en la profesión: se sienten abandonadas y poco representadas por su principal sindicato y el Colegio de Enfermería de Madrid. Con una carrera extensa a sus espaldas, las cuatro saben lo que deben hacer y lo que no. “No sin mi médico”, repiten. Y no van a parar hasta que las escuchen.

“Como no hay médicos, deciden que dos enfermeras hacen un médico. Es absurdo. Podemos abrirlo con fruteros si quieren, así abrimos 80.000”, se queja Barrio, una de las enfermeras de un centro de urgencias de la sierra de Madrid, el de Buitrago del Lozoya. Con más de 30 años de carrera, plaza fija y después de haberlo pasado “fatal” con la pandemia, es ahora cuando se plantea por primera vez dejar su trabajo. Ha estado en las últimas semanas sin médico con una impotencia y frustración que no puede “ni describir”. “Me pasé la tarde pidiéndoles perdón [a los pacientes], porque no podía hacer nada por ellos. Aunque supiera lo que había que hacer, que eso es lo peor, te buscas las vueltas y no estamos para meternos en un lío, no tengo ningún respaldo legal”, lamenta Barrio. Al final, acabó derivando a la inmensa mayoría, incluso con una amigdalitis o infección de orina, al hospital. Ella no puede prescribir nada, repite. “Sentimos un abandono absoluto por parte de la Administración, un maltrato increíble. No estamos ni pidiendo dinero, solo tiempo y condiciones para atender a la gente”, sostiene.

Barrio explica que la enfermería, su profesión, es una carrera independiente, con un trabajo diferente al de la medicina, aunque “complementario, que da un servicio al paciente de una forma completa”. “Ni un médico puede trabajar solo, ni una enfermera puede estar sola en una urgencia. Ni con protocolos, ni con legislación”, insiste. Y el problema de sus demandas, que asegura que son generalizadas, es que no están bien representadas. “Satse [el sindicato de enfermería] ha firmado acuerdos con la Administración en contra de lo que piensa la profesión, cuando debería estar dando la batalla. Pero está empeñado en sacar protocolos, para que nos cubran cuando no tenemos médico. Estamos hablando de otra cosa, es la atención del paciente. Yo me pongo como usuaria y yo quiero que me vea un médico y me coja una vía una enfermera, no quiero pantallas”, reitera, apuntando también al Colegio de Enfermería, al que acusa de haberse puesto “de perfil”.

Tanto el Colegio de Enfermería de Madrid como el sindicato Satse defienden su actuación ante la Administración en defensa de su colectivo, con el argumento de que la clave está en determinar si los centros de la discordia son de urgencias o solo de cuidados. Las profesionales apuntan a que el cambio continuo de nombre no es casual, sino una treta. De urgencias extrahospitalarias a Centros Sanitarios 24 horas a Puntos de Atención Continuada (PAC) de cuidados. Como si quitar la palabra “urgencias”, argumentan, fuera suficiente para que el ciudadano supiera si un centro que está abierto de noche y de madrugada no es para atender un infarto, un ictus o cualquier otra patología de gravedad.

Carta al viceconsejero

Mar Rocha, portavoz del Colegio de Enfermería de Madrid, hace referencia a una carta que el 17 de noviembre mandó al viceconsejero de Sanidad, Fernando Prados Roa, en el que le pide que aclare qué función tendrán exactamente esos 29 centros. “Entendemos que se ha hecho con premura, aunque también entendemos que si es un punto de atención continuada de cuidados las enfermeras tienen que estar ahí. Deben decidir cuál es el proceso a seguir y cuándo se debe derivar a un paciente”, insiste. Eso sí, esos centros deben estar dotados de enfermeras especialistas en Familiar y Comunitaria y formadas en triaje Manchester, el que determina la gravedad de la dolencia de un paciente.

Y, de nuevo, los protocolos. “Los centros de continuidad asistencial, ante la duda de una posible solución del proceso, deberán llamar al Centro coordinador del Summa, para su asesoramiento y seguridad, ya que la llamada es grabada”, explica Rocha, tal y como pide el Colegio de Enfermería en la carta enviada a Pardos Roa, sin que se haya recibido todavía una respuesta. Pero esos protocolos, insisten las afectadas, no son suficiente.

Juan Antonio Hervás, portavoz de Satse, está alineado con el Colegio de Enfermería y ambas asociaciones apuntan a una solución, de nuevo, basada en seguir “lo indicado en el proyecto APADE”. Es decir, un listado de determinados procesos de salud para que sean atendidos y resueltos en primera instancia por las enfermeras de los centros de salud. Algo que el colegio admite que puede tener “cierta problemática en la prescripción no firmante”.

Medidas cautelares

“Si hay enfermeras quejándose de que no hacemos nada es injusto”, lamenta Hervás. “Porque somos los únicos que hemos pedido medidas cautelarísimas al juzgado, porque no estamos a favor de que unas urgencias las atiendan solo las enfermeras sin médico. Además es cierto que si alguien va a las tres de la mañana a un centro es porque va a unas urgencias, no a un punto de ciudadanos”. E insiste: “No podemos dejar a las enfermeras abandonadas, hay que matizar todo eso”.

Una de las antiguas compañeras de la enfermera Barrio, Fiona McHardy Pérez, ha cambiado ya tres veces de trabajo en menos de un mes, a pesar de tener plaza fija en el centro de Buitrago donde trabajaba desde hace 11 años. El 27 de octubre de madrugada recibió un correo en el que le avisaban de que iba a ser trasladada al distrito de Barajas y luego a García Noblejas, en el distrito de San Blas-Canillejas. En ninguno de los dos había un médico. Ahora está de baja porque, asegura, “no podía más”. “Sientes mucha frustración y mucho miedo”, explica. “Porque puede llegar un niño ahogándose, un infarto, y son cosas que es cuestión de minutos. Y yo ahí sin poder hacer nada, llamando al 061. Yo me pasé la noche diciendo: ‘Por favor que no venga nadie así, que me da algo’. Lo único que podía hacer era enviarlos al [hospital] Ramón y Cajal”, cuenta.

María Luisa Soldado repite lo mismo y, como sus compañeras, insiste en que no se siente representada por su sindicato. “No nos facilitó las cosas, firmó todo desde el principio lo que les dijeron”, critica. “No nos ha defendido nadie”, añade enseguida Barrios. “Tampoco el colegio [de enfermeras], que se puso de perfil solo diciendo que les parecía fatal. Y Satse firmando acuerdos en contra de la profesión. Cuando son ellos los que tendrían que estar ahí, como hacen los médicos, dando la batalla”.

La historia se repite con la enfermera Margarita Correa, que trabaja en el centro de San Agustín de Guadalix, también en la sierra de Madrid. Allí ha estado estas semanas junto a otra compañera y un celador para cubrir la misma cantidad de trabajo que antes cuando había médicos. Cada vez que suena el telefonillo del ambulatorio, cruza los dedos. “Las guardias las vivo con mucha ansiedad. Yo al final necesito un equipo para trabajar. Sé qué tengo que hacer en casos de infartos o ictus, pero mira, le temo más a una reacción alérgica brutal, porque tienes que actuar superrápido. El problema es que no puedo hacer mi trabajo. No sé cómo reaccionaría mi cuerpo ante una urgencia grave, ver cómo la vida de un niño o un adulto se va y no puedes hacer nada”, cuenta.

Víctor Jiménez, presidente de la asociación madrileña de enfermería (AME), sí se posiciona de manera frontal en contra del plan de la Comunidad de Madrid. “Sabemos que este cambio de nombre no ha sido inocente, ni casual y esconde eliminar vilmente el carácter oficial de centros de urgencias. Aunque sin mostrárselo claramente a los ciudadanos, no vayan a perder votos en las cercanas elecciones”, critica. Añade, además que en la región no existe ningún protocolo, guía o vía clínica oficial, por escrito y consensuado por los equipos de salud, que permita la atención de urgencias de forma autónoma por enfermeras. “Imponer un cambio de modelo chapucero de las urgencias extrahospitalarias, como se está haciendo en Madrid desde hace semanas, solo implicará una grave pérdida de calidad asistencial y seguridad para la salud de los madrileños”. Jiménez hace alusión además a una carta escrita por las enfermeras del Summa 112, principales afectadas, que señalan que solo el 16,8% de los pacientes que acuden a estos centros lo hacen con problemas exclusivos de enfermería.

“Las cifras que está manejando la Consejería de Sanidad están manipuladas y falseadas con el único fin de justificar la existencia de estos 29 PAC”, insisten las enfermeras en su carta. La Comunidad de Madrid aseguró que el 55% de la actividad asistencial de estos centros son pacientes atendidos puramente por enfermería. “Esas estadísticas entendemos que están sacadas de los 20 días en los que no ha habido médicos”, argumentan.

El enfado se ha extendido entre el colectivo. No solo era una cuestión de médicos. Y Correa resume el sentir general: “Claro que estamos de acuerdo en hacer una huelga intermitente, paros parciales, concentraciones, manifestaciones... Yo lo tengo claro: ‘No sin mi médico”.

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