Ayuso absoluta: de depender de CS y Vox a reformar a su medida las instituciones de Madrid

Rocío Monasterio habla sobre Isabel Díaz Ayuso a corazón abierto, porque ya está rota la alianza que llevó a Vox a sostener al ejecutivo del PP entre 2019 y 2023. “Lo que nos gustaría es que el Gobierno de la señora Ayuso dejara de intervenir las instituciones”, dice en la Asamblea regional. “Ha habido una intervención de la Cámara de Cuentas. Ha habido una intervención del Consejo de Transparencia. Hay un control de Telemadrid brutal”, ejemplifica. “Por desgracia, vamos camino de la censura total”. La paradoja, dice la portavoz de Vox, es evidente. Según su criterio, Ayuso está usando su mayoría absoluta para hacer con las instituciones que deben actuar como contrapeso de su poder en Madrid, lo mismo de lo que acusa a Pedro Sánchez en España. Y es solo el principio: Ayuso prevé explotar su mayoría absoluta aprobando 158 normas hasta 2027 y, en medio de la crisis abierta por el caso de presunto fraude fiscal que afecta a su pareja, mostrará todo su poder este fin de semana, cuando reunirá a cientos de concejales en la primera reunión intermunicipal de la historia del PP de Madrid, que también preside.

Aunque el PP rechaza la comparación lanzada por Vox, lo cierto es que la baronesa ha pasado de depender de CS o Vox para gobernar a que las urnas le hayan dado libertad para reformar a su medida en seis meses las instituciones clave de la región. Lo hizo en diciembre, y a través de una ley sobre la que ahora tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional tras un recurso registrado por el PSOE. Todo ocurre así.

Viernes 10 de noviembre de 2023. Con la tarde deslizándose a toda velocidad hacia el fin de semana, el PP comunica dos iniciativas en la Asamblea que van a cambiar por completo el panorama político de la región. De un lado, se avanza una reforma de la ley contra la LGTBIfobia y la ley trans de la Comunidad de Madrid que la baronesa tenía pendiente desde 2019. Del otro, se plantea aprobar una norma que supone cambiar de una tacada una decena de leyes, facilitando así el control del Ejecutivo sobre las instituciones que deben fiscalizarle: Cámara de Cuentas, Consejo de Transparencia o Telemadrid. Apenas cuatro meses después de ser investida presidenta por tercera vez, la decisión retrata que Díaz Ayuso está lista para aplicar el rodillo de la mayoría absoluta sin contemplaciones.

“Ha equivocado la mayoría absoluta con el absolutismo”, reacciona la oposición al conocer que el nombramiento del director general de la radio y televisión públicas de Madrid pasa de depender de una votación en el pleno del Parlamento a una decisión de la junta de accionistas de la compañía (donde solo está representado el Gobierno regional) tras propuesta del consejo de administración del ente (que sí refleja las mayorías de la Cámara) y dictamen de idoneidad de una comisión parlamentaria (que se puede aprobar sin acuerdo, por mayoría simple).

“Fuimos innovadores, autónomos y molestos”, resume Antonio Rovira, miembro del Consejo de Transparencia, tras ver cómo el organismo, plenamente independiente y adscrito a la Asamblea de Madrid (donde todos los partidos negocian a sus tres integrantes), es sustituido por otro vinculado al Ejecutivo (que nombrará a su presidente y único miembro, que luego deberá ser refrendado por la Asamblea).

“Esta Cámara de Cuentas es un instrumento al servicio de los madrileños que tiene que ser útil para el Gobierno, para dar seguridad”, dice, finalmente, Joaquín Leguina, expresidente de Madrid con el PSOE que acaba encumbrado a la presidencia de la Cámara de Cuentas por su afinidad con Ayuso, y que llega al puesto tras un cambio legal que facilita al partido mayoritario controlar el órgano, y, por lo tanto, elegir a quién le fiscaliza sin acordarlo con el resto de partidos, como debía hacer antes.

Nadie retrata mejor la metamorfosis política de Isabel Díaz Ayuso que la propia Isabel Díaz Ayuso. “Esta es hoy nuestra realidad: un Gobierno que nace del pacto, abocado al diálogo permanente, a la búsqueda de objetivos comunes con soluciones de amplio espectro”, dice en agosto de 2019, cuando llega por primera vez al poder tras perder las elecciones y gracias al apoyo de PP, CS y Vox. “Soy plenamente consciente de que la responsabilidad que tengo es aún mayor y de que asumiré con toda humildad los aciertos y los errores que pueda cometer”, apunta en junio de 2023, usando ya la primera persona cuando se mantiene como presidenta gracias a una mayoría absoluta (70 escaños y 47,3% de los votos) que la catapulta en el santoral conservador hasta los niveles de Alberto Ruiz-Gallardón (55 y 51%) y Esperanza Aguirre (72 y 51,7%).

De hecho, en muchos aspectos, la presidencia de Díaz Ayuso ha supuesto un viaje en el tiempo para volver a las cuotas de poder que tuvo Esperanza Aguirre, y que el PP perdió con el Gobierno en minoría de Cristina Cifuentes (2015-2018). Pero, ¿quién acumuló más poder? ¿Aguirre o Ayuso?

“Sin duda, Ayuso”, responde un socialista con muchos trienios en la política madrileña a sus espaldas. “Ha ido amoldando a su control órganos que ya existían en tiempos de Aguirre con muchísima dependencia, pero con algo menos de capacidad de intervención (RTVM, Cámara de Cuentas...) con lo que han hecho para asegurarse el control absoluto de otros nuevos como por ejemplo el Consejo de Transparencia [que no existía en época de Aguirre]”, sigue. “Además, aunque su control no depende de eso, ha rebajado en todos los sitios el “perfil político” [de las personas a cargo] sustituyéndolo por un grupo de seguidores sin mucho bagaje político y, en algunos casos, tampoco técnico”.

Porque libre de las influencias de la dirección nacional, Díaz Ayuso ha prescindido de nombres propios del PP (Enrique López, Javier Fernández-Lasquetty, David Pérez y Enrique Ossorio) para hacer un gobierno de técnicos en el que no hay ninguna figura de peso político que le dispute los focos ni pueda discutir la línea política.

En paralelo, y al contrario de lo que le ocurrió a Aguirre con Gallardón, carece de contrapesos internos en el partido autonómico, pues el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha asumido un papel subordinado tras la guerra interna que acabó en la salida de Pablo Casado por cuestionar una comisión cobrada por el hermano de la presidenta a cambio de facilitar a una empresa el material que necesitaba para cumplir con un contrato con la Comunidad.

Y la propia Ayuso ha elegido o avalado a los candidatos a alcaldes de los principales municipios de la región, entre los que se encuentra Judith Piquet, promocionada como regidora de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid.

A eso se une que la fiscalización de la Asamblea esté siendo limitada, para el criterio de la oposición, que ha pedido amparo al Constitucional y ha protagonizado una protesta simbólica: Ana Cuartero (Vox) dimitió en febrero como presidenta de la comisión de contrataciones al considerar que la Mesa del Parlamento, controlada por el PP, le impedía fiscalizar los contratos del Gobierno.

Frente a eso, Díaz Ayuso y el PP reclaman a la oposición que “deje de mentir”. Aseguran que al frente del Consejo de Transparencia habrá “funcionarios” que “no le deben nada a ningún partido” y a los que, por lo tanto, “se presupone independencia”. Recuerdan que en el caso de la Cámara de Cuentas se cambia el modelo anterior para evitar el bloqueo en la elección de consejeros. Y niegan influir en Telemadrid. Lo que está claro es que el PP ha empleado su mayoría absoluta para reformular a su medida todas esas instituciones en los primeros seis meses del nuevo mandato de Díaz Ayuso, que el sábado enseñará todo su músculo orgánico: cerrará con un discurso la primera reunión intermunicipal del PP de Madrid con un acto en Las Rozas al que se ha convocado a cientos de concejales.

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