Antonio Rovira, miembro del Consejo de Transparencia que Ayuso quiere controlar: “Fuimos innovadores, autónomos y molestos”

El catedrático de Derecho Constitucional Antonio Rovira (Barcelona, 1952) está a la espera de que cristalice la reforma aprobada por el PP de Isabel Díaz Ayuso para sustituir un Consejo de Transparencia plenamente independiente y adscrito a la Asamblea de Madrid (donde todos los partidos negocian a sus tres integrantes), por otro vinculado al Ejecutivo (que nombrará a su presidente y único miembro). Expresidente de la institución, su desempeño como consejero acabará cuando se ejecute la reforma y el antiguo organismo madrileño sea sustituido por el nuevo. “Esperemos que este tránsito sea lo más corto posible”, dice. Destila pasión por la aplicación de la ley de transparencia. Elude las polémicas contrarias a los intereses de la presidenta, como la decisión del consejo de mantener viva la posibilidad de que una periodista accediera al expediente académico de Ayuso. Aunque hay veces que las cosas se dicen sin decirlas.

Pregunta. La reforma aprobada por la mayoría del PP asegura que el consejo que debe controlar al Gobierno pase a estar subordinado al Ejecutivo. ¿Han sido molestos para el poder?

Respuesta. Un órgano de garantía siempre tiene que ser molesto, porque llama la atención a aquellas personas que tienen las competencias para gobernar. En la mayor parte de los casos siempre hemos ido a favor del ciudadano, siempre que hemos visto posibilidades de que se diera una parte o toda la información solicitada. Hemos sido molestos, pero también por una razón: la Administración no está acostumbrada a que la obliguen a dar toda la información pública que no afecta a derecho de terceros, no está acostumbrada a tener la obligación. La ley y el consejo lo que hacen es obligarla a ello. El trabajo que eso supone para las propias administraciones no es poco.

P. ¿Qué pierden los madrileños al dejar de estar vinculado el consejo a la Asamblea y pasar a ser controlado por el Gobierno?

R. Defiendo que la vinculación a la Asamblea le da a este órgano de garantía una fuerza, una legitimidad y una autoridad que posiblemente aquellos consejos vinculados a los gobiernos no tienen. Una cosa es la potestad, el poder: el nuevo consejo va a resolver como nosotros. Otra cosa es la imagen pública, el reconocimiento, incluso por aquellas instituciones que controlas, de la autoridad de aquellos que lo hacen. La auctoritas y la potestas. Potestad la tiene todo consejo de garantías. La autoridad se ha de ganar. Es un reconocimiento exterior del trabajo que uno hace. Y posiblemente es más fácil que la institución consiga autoridad estando vinculada a la Asamblea que al Ejecutivo. Me atrevo a decir que el futuro va a ir por ahí.

P. ¿Y qué gana el Gobierno de Díaz Ayuso al tener un Consejo de Transparencia dependiente de sí mismo, del ejecutivo, y no de la Asamblea, del legislativo?

R. Me cuesta mucho entrar en cuáles son las motivaciones, en este caso políticas, por parte del Gobierno en modificar una ley, para lo que tiene toda la legitimidad. Lo que digo claramente es que nuestra experiencia ha sido muy innovadora. En la Asamblea se creó un organismo muy singular, muy avanzado, siguiendo los criterios que marcaba la Unión Europea, mediante un reglamento, y también el Consejo de Europa, mediante decisiones. La modificación que se ha hecho se corresponde con otra serie de consejos, nombrados por el Gobierno con un visto bueno del legislativo. El nuestro era un paso adelante. Un paso adelante que ha demostrado que funciona. Y ha funcionado con un presupuesto que es un tercio del consejo más barato que existe en España, y con un número de atribuciones que duplica o triplica el de muchos. Hemos sido muy autónomos. ¿Por qué lo han hecho [el cambio]? Ahí no puedo entrar. Alguna razón tendrán. Es legítimo. Mi criterio es al revés. Vincular este órgano a la Asamblea ha demostrado su independencia y efectividad.

P. ¿La Administración ha sido obstruccionista en Madrid?

R. Hay administraciones que cuesta más que respondan, y administraciones que no están de acuerdo con nuestras resoluciones. Había un procedimiento sancionador un poco intimidatorio, y no tenían más remedio que irse al contencioso-administrativo, como una fórmula para que el procedimiento no siguiera adelante y suspender la ejecución de la resolución. Eso entra dentro de la legitimidad de los sujetos obligados.

P. La Comunidad, por ejemplo, litiga para que no se conozca el expediente académico de la presidenta.

R. Ahí está la gran labor del poder judicial, que va a resolver quién de los dos tiene razón. Los tres consejeros firmamos la resolución, y después de un debate hemos considerado que la Administración no tiene toda la información [que se le solicita], y que para resolver la petición es necesario que resuelva la institución depositaria de la información [la Universidad Complutense].

P. ¿Hay relación entre las resoluciones del organismo en contra de los intereses del Gobierno y el cambio de la ley?

R. No hay relación.

P. ¿Y por qué los ciudadanos tienen que preocuparse porque funcione bien la transparencia?

R. La transparencia es facilitar el acceso a la información para que uno pueda ser libre, para que las neuronas funcionen. No hay más desinformación que la falta de información. Una persona, para poder elegir, vivir, tomar decisiones, necesita informarse, que sus neuronas tengan alimento, que es la información. Para que uno sea libre, necesita estar informado. El ignorante no puede ser libre. La Administración siempre es opaca, difícil de acceder, y tiene que haber instituciones que faciliten el conocimiento de lo que hacen.

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