Las claves del programa del PP: rebaja fiscal, una Selectividad única y vuelta al pasado en la política medioambiental

La plana mayor del PP, con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza, ha presentado este martes el programa del partido para las elecciones generales del 23 de julio; una mezcla de intenciones genéricas y propuestas concretas que los populares se comprometen a poner en marcha si gobiernan. Las 108 páginas del documento contienen, en teoría, 365 medidas, aunque muchas de ellas son vagas o abiertas a la interpretación. Este es un resumen:

Fiscalidad, fondos europeos y pensiones

El PP promete un “alivio fiscal inmediato a las familias”, que traduce en una rebaja del IRPF para descontar el efecto de la subida de precios de los dos últimos años, lo que se conoce como una deflactación de la tarifa. “Corregiremos los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF, que supone una subida real de impuestos sobre la clase media”, reza el texto. En los últimos días Feijóo había anunciado que la rebaja fiscal iría destinada a personas con rentas inferiores a 40.000 euros brutos al año, pero el programa solo recoge esa expresión genérica: alivio fiscal “a las familias”. También prevé rebajar el IVA a la carne, pescado y conservas con carácter temporal, eliminar el impuesto a las grandes fortunas y simplificar el IRPF y “el impuesto sobre sociedades para las pymes, con especial atención a las empresas con pérdidas y aquellas que incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos”. En cuanto al sistema de pensiones, los populares prometen reformarlo para garantizar su sostenibilidad, una expresión que suele implicar endurecer el acceso al sistema para reducir el gasto en pensiones en el futuro.

El programa apuesta por revisar el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que incluye las inversiones y reformas comprometidas con Bruselas a cambio de los 140.000 millones de euros en fondos europeos. “Trabajaremos con la Unión Europea para evaluar los hitos y objetivos y aprovechar el efecto transformador de estos Fondos, particularmente en el sector industrial, que queremos que genere el 20% del PIB español. Mejorando nuestra red de transportes e infraestructuras con una política de movilidad que permita aprovechar al máximo las capacidades de nuestro país”.

El PP contempla en su programa electoral un mecanismo similar a la mochila austriaca, una fórmula de ahorro para los trabajadores que complementa la jubilación o sirve de indemnización por despido. En realidad se trata de un fondo de capitalización individual que se nutre de una parte del salario bruto de cada trabajador, aportada por el empresario. Si se produce un despido, el trabajador no recibe indemnización sino que se lleva el dinero de esa “mochila”. El trabajador puede hacerlo efectivo o reservarlo para el futuro como complemento de su pensión.

Los populares lo explican así: “Introduciremos cuentas individuales para los trabajadores, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral para ganar en equidad, eficiencia y productividad. Estas cuentas acompañarán al trabajador durante su vida laboral, y se nutrirán a través de aportaciones mensuales de las empresas, con una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan. Este mecanismo mejorará la protección de los trabajadores y eliminará barreras a los cambios de empleo voluntarios de los trabajadores con mayor antigüedad”.

Este mecanismo ha suscitado críticas entre los grupos de izquierda porque aseguran que abarata el despido e introduce riesgo en las pensiones.

Política energética y medio ambiente

El programa del PP en materia de medio ambiente supone en gran medida una vuelta al pasado. Recupera la caza del lobo y el antiguo enfoque de supeditar las políticas ambientales a la agricultura. Hasta el punto de que una de las pocas medidas específicas que plantea para luchar contra el cambio climático es el desarrollo de lo que los populares llaman la agricultura del carbono: supuestos proyectos de absorción de dióxido de carbono y mecanismos de compensación de huella de carbono. Aparte de más agricultura, el partido de Feijóo también defiende un plan de modernización de las infraestructuras del Estado, presas y canales, e impulsar cambios normativos sobre la gestión y ordenación del dominio público marítimo-terrestre.

En lo que respecta a la energía, el programa incluye la ya anunciada prolongación de la vida de las centrales nucleares (más allá de la fecha límite de 2035 prevista en el plan de cierre acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez con las empresas) e introduce otras medidas diversas, sin explicar realmente por qué mix energético apuesta el PP para los próximos años en un escenario de transición energética. En lo referido a las energías renovables, el programa se limita a decir que se fomentará el almacenamiento “mediante un mecanismo de capacidad y condiciones flexibles de acceso y conexión”. Además, el PP rechaza las medidas excepcionales de intervención del mercado mayorista eléctrico, la llamada excepción ibérica —que ha ayudado a rebajar la factura eléctrica de los hogares en lo peor de la crisis por la guerra de Ucrania— y asegura que impulsará los ecocombustibles (defendidos por las petroleras), el biogás, el hidrógeno verde o las interconexiones energéticas.

Violencia machista

El PP habla en su programa expresamente de “erradicar la violencia de género” y asegura que hacerlo “es un objetivo prioritario” para el partido. “No admitiremos pasos atrás en un asunto tan grave, que además cuenta con un consenso abrumador en nuestra sociedad”, escriben los populares en el documento, que recoge el compromiso de mantener el pacto de Estado contra la violencia de género o reforzar la unidades de atención a la familia y a la mujer. También otras medidas que ya fueron iniciadas por el actual Gobierno —como aprobar una ley contra la trata con fines de explotación sexual— o que recogen leyes actuales —como tipificar la violencia digital—.

A pesar de que públicamente el PP ha manifestado su intención de derogar la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, en el programa eso no figura. Sí propone “una profunda revisión del Código Penal para mejorar la regulación de los tipos, la proporcionalidad de las penas y adecuarlo a la realidad social, tras las defectuosas reformas parciales acometidas en la última legislatura, como la conocida como ley del solo sí es sí”.

Ley del aborto y ‘ley trans’

El programa del PP se compromete a trabajar “por esa España diversa, por esa sociedad justa, a la vanguardia en la protección de los derechos y libertades, en la que se respeta y protege a todos los individuos”; en los últimos días, sin embargo, los populares han asumido, por sus pactos locales y autonómicos con Vox, iniciativas como la retirada de banderas LGTBI de edificios públicos. El documento presentado este martes por Feijóo no dice si se derogará o no la ley trans, en contra de la cual votó el PP, pero sí habla de un “rechazo” a “la asunción de las posiciones más extremas ante la cuestión trans”. Por eso, anuncia, los populares legislarán “con la máxima prudencia para conciliar la expresión de la identidad personal con el cuidado a las mujeres, a la infancia y a las familias”, con “una nueva ley que garantice los derechos de las personas transexuales”, que “nacerá del diálogo con todos los sectores sociales y profesionales, buscando el consenso”.

También la ley del aborto será objeto de un cambio, en este caso puntual: el PP, que en su día rechazó de plano el modelo de plazos y lo recurrió ante el Constitucional, abraza ahora la esencia de esa ley, aunque aboga por modificar un aspecto: volver a introducir la necesidad de consentimiento de los progenitores para permitir abortar a las chicas de 16 y 17 años. Un elemento que el PP de Mariano Rajoy ya introdujo en 2015 y el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos eliminó después.

El término “familia” aparece hasta en medio centenar de ocasiones en el programa, y su alcance se condensa en esta frase: “Creemos en las familias, son la primera instancia de toda organización social”.

Inmigración

La principal novedad del programa del PP en materia de inmigración es su apuesta por un “sistema de puntos” que premie la formación, las competencias lingüísticas y la capacidad innovadora a la hora de gestionar la llegada de migrantes de forma legal. Hasta ahora, el PP hablaba genéricamente de “fomentar la migración legal”, sin definir cómo debía hacerse. Países como Australia, Reino Unido y Canadá funcionan con este sistema. La propuesta de Feijóo, sin embargo apuesta solo por los extranjeros más cualificados, obviando, primero, que estos perfiles ya tienen vías privilegiadas para vivir en España y, segundo, que las necesidades del mercado laboral español no están limitadas a profesiones altamente cualificadas sino que se requieren decenas de perfiles de baja y media cualificación. El PP asume así en su programa que los extranjeros que mejor se integran son los más talentosos.

En la línea de atracción de talento extranjero, el PP promete también un plan para “acelerar los tiempos necesarios” para la homologación de títulos profesionales extranjeros, una medida que ya ha puesto en marcha el Ministerio de Universidades. Y aboga por reforzar la “inspección en frontera”. Lo hará “impulsando la implantación del nuevo Sistema Europeo de Registro de Entradas y Salidas y del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje”, dos nuevos sistemas de registro que, en realidad, impulsa la UE y cuya implantación no está prevista hasta, como mínimo, el año que viene. Feijóo también quiere potenciar el papel de Frontex, la agencia europea de fronteras, una medida que cuenta con el rechazo de parte de las fuerzas de seguridad españolas dedicadas al control de fronteras.

Por último, el PP se compromete a “agilizar el cumplimiento de las órdenes de retorno” de inmigrantes en situación irregular o la expulsión de aquellos que cometen delitos. Todos los países europeos buscan, con escaso éxito, cómo lograr que los países de origen colaboren aceptando a sus nacionales de vuelta. El PP no explica cómo lo hará.

Educación

El PP ha dejado de hablar de una “derogación” de la Ley de Educación (conocida como ley Celaá), consciente de la dificultad que eso comporta desde el punto de vista jurídico y educativo. En el programa apunta ahora a una “reforma” y a impulsar “un acuerdo social (…) por la mejora y estabilidad del sistema educativo español”. El texto promete “universalizar la educación de 0-3 años”, es decir, que pase a ser gratuita y cofinanciada por el Estado y las comunidades autónomas, comenzando por las familias más vulnerables. José Luis Rodríguez Zapatero ya puso en marcha un ambicioso plan en ese sentido, que se paralizó. Asimismo, el PP pretende instaurar programas de detección precoz de conductas adictivas y de salud mental. La medida más relevante es una EVAU (la antigua Selectividad) única para toda España, para reforzar la igualdad de oportunidades ante el examen. Esa homogeneización, que previsiblemente implicaría un choque con varios gobiernos autonómicos, nunca la abordó el PP cuando estuvo en el poder.

Para garantizar la calidad de la docencia habría una prueba de evaluación en primaria (que no constaría en el expediente). Y, en cuanto al uso de las lenguas en la escuela, el PP promete garantizar que en las comunidades con varias lenguas oficiales todas ellas “tendrán la consideración de vehiculares”. Eso, de materializarse, supondría un cambio profundo en Cataluña, donde el modelo de inmersión lingüística, con el catalán como única lengua vehicular, es una de las banderas irrenunciables del nacionalismo.

La Ley Orgánica del Sistema Universitario, que acaba de aprobarse, se “revisará”, dice el programa del PP, en busca de la excelencia académica. Y los campus recibirán “una financiación adecuada que tenga en cuenta no solo el número de estudiantes sino el porcentaje que se gradúan y su empleabilidad”. Una criba que castigaría a las universidades generalistas que ofertan grados con poca empleabilidad pero con valor intelectual, como Lenguas Clásicas o Historia del Arte.

Sanidad y eutanasia

El refuerzo de la atención primaria es la propuesta estrella del PP en el ámbito sanitario, con algunas medidas anunciadas por Núñez Feijóo hace una semana: los populares prometen crear 1.000 plazas adicionales de MIR (médicos internos residentes) para medicina de familia y “hacer más atractiva” esta especialidad —para evitar que muchas plazas sigan quedando vacantes cada año—, aunque no explican cómo. Proponen también reformar la jubilación activa, algo que ya puso en marcha el actual Gobierno, y crear una especialidad de medicina de urgencias, cuyos trámites también están ya en marcha. Una propuesta que incluye el programa, muy reclamada por las sociedades médicas, es impulsar la figura del personal administrativo sanitario: profesionales especializados que ampliarían sus competencias y servirían para desatascar el trabajo burocrático de médicos y enfermeras.

El programa menciona la eutanasia, pero no entra en detalles sobre lo que hará al respecto: se limita a decir que reformará la ley actual “tomando en consideración la opinión del Comité de Bioética”, y que impulsará los cuidados paliativos. Aunque sigue sin quedar claro qué será de esta norma si el PP gana —especialmente si necesita a Vox, radicalmente contrario a ella—, es una modulación de la postura que habían mantenido los populares, que votaron en contra de este derecho en el Congreso cuando se aprobó y recurrieron la ley al Tribunal Constitucional. Este la avaló íntegramente el pasado marzo.

Justicia

“Promover una Justicia a la altura de nuestros compromisos europeos”. Así va encabezado el apartado del programa dedicado a la justicia. Consta de 11 medidas, con las que los populares, que obstaculizan desde 2018 la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sostienen que “el gobierno del Poder Judicial debe estar a salvo de injerencias políticas”. Supuestamente con ese objetivo, proponen reforzar “las garantías de independencia del Poder Judicial” cambiando el modelo de elección del CGPJ, “de manera que sean los jueces y magistrados los que elijan a los 12 vocales” jueces del Consejo. No concretan si el Parlamento tendría alguna participación posterior en esa elección, pero, en el modelo planteado por el PP hasta ahora, no la tenía.

También se compromete el PP a derogar la ley que impide al CGPJ nombrar a cargos discrecionales mientras está en funciones, a modificar la ley del indulto “para reforzar la motivación por parte del Gobierno del derecho de gracia”, a endurecer el régimen de incompatibilidades “para evitar el paso de los poderes Ejecutivo y Legislativo al poder Judicial”, y a establecer mecanismos de “transparencia” en la figura del fiscal general y fijar su mandato en cinco años para “desvincularlo” del mandato del Gobierno de turno, aunque no aclara si dejaría de ser elegido por el Ejecutivo. Por último, anuncian “una profunda revisión del Código Penal para mejorar la regulación de los tipos, la proporcionalidad de las penas y adecuarlo a la realidad social”.

Política de vivienda y okupación

El PP derogará la Ley de Vivienda actual —que fija topes a la subida de los alquileres en las zonas con los precios disparados— y propondrá a cambio, sin más concreción, un “Pacto de Estado sobre la vivienda que cuente con la participación e implicación de las comunidades autónomas y entidades locales”. “Exploraremos conjuntamente soluciones para garantizar un uso racional del suelo, construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente”, dice el programa.

Por otro lado, el texto dedica un capítulo entero a la “defensa de la propiedad privada” con el que se propone desarrollar normas “que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios y la convivencia vecinal frente al creciente fenómeno de la okupación ilegal”. Los populares prevén aprobar un paquete de medidas antiokupación para permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas; establecer que las viviendas ocupadas ilegalmente no sean objeto de carga tributaria; o impedir que los okupas ilegales puedan empadronarse. Además, prometen crear oficinas municipales con asesoría a los vecinos, un teléfono de atención 24 horas y una ventana única de tramitación de asuntos relacionados con la okupación ilegal. Prevén también reforzar las penas por delito de usurpación con hasta tres años de cárcel (ahora son seis) y reforzar la protección legal frente a la actuación de las mafias. En España, el Código Penal distingue ahora entre usurpaciones ―entradas en pisos vacíos propiedad generalmente de bancos o fondos de inversión, y que son la inmensa mayoría― y allanamientos de morada ―en los que lo que se okupa es la vivienda habitual o la segunda residencia de particulares, que representan cifras residuales―. La ley de desalojo exprés de 2018, pactada entre el PP y Ciudadanos, ya permite pedir el desalojo “inmediato” cuando se okupe una vivienda personal (no de bancos o empresas), entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas.

Cataluña

Bajo el epígrafe “promover de forma efectiva la convivencia de todos”, el PP promete reintroducir el delito de sedición en el Código Penal y recuperar la formulación que tenía el de malversación antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC pactaran su reforma en 2022 para rebajar el castigo a los líderes del procés independentista catalán. Los populares se proponen homologar “la protección de la Constitución y la integridad territorial del Estado” con los países de nuestro entorno. Para ello, dicen, recuperarán el delito de sedición, “mejorando y actualizando su tipificación, para castigar las formas más graves de deslealtad constitucional”. “Regularemos también otras conductas de deslealtad de las instituciones dirigidas a poner en peligro la paz y el orden constitucional, ya sea mediante la convocatoria de referendos o consultas no autorizadas o maquinaciones dirigidas a socavar el crédito de España en la comunidad internacional”, señala el documento.

Respecto a la malversación, prevén recuperar su formulación anterior a la reforma de 2022, adecuando su definición y penas a los estándares europeos. No detallan más, pero se entiende que derogarán las modalidades de malversación pactadas por el Gobierno y ERC y que rebajan las penas cuando no haya un enriquecimiento personal. Estas fórmulas atenuadas de la malversación no han implicado por el momento rebajas de penas ni para los líderes independentistas ni para los condenados por los principales casos de corrupción, porque los jueces han entendido que no debían aplicarse a esos casos. De todas formas, ninguna reforma del Código Penal que endureciera las penas podría tener carácter retroactivo.

Con información de Jesús Sérvulo González, Clemente Álvarez, Isabel Valdés, María Martín, Elisa Silió, Pablo Linde y Reyes Rincón.

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