El Govern quiere prohibir circular a los coches con etiqueta amarilla en las ciudades a partir de 2028

El Govern de la Generalitat ultima el decreto por el que aprobará el Plan de Calidad del Aire, que entre otras cuestiones incluye cómo deberán ser las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los 67 municipios de más de 20.000 habitantes. El último texto del decreto endurece mucho el veto al coche respecto a las ZBE ya existentes, como la que Barcelona y sus municipios implantaron en 2020. Si en la capital catalana y su entorno los coches vetados son los más contaminantes, los que no tienen etiqueta ambiental de la DGT (la Dirección General de Tráfico), en las futuras ZBE se excluye, a partir de 2028, también a los vehículos que tienen etiqueta B o amarilla. Esta categoría incluye a todos los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados entre 2001 y 2005 (los años completos) y los diésel matriculados entre 2006 y 2013. Es un grueso muy importante de los coches que circulan. Solo en la provincia de Barcelona son un 32%, según datos del Gremio del Motor, pero hay que tener en cuenta que el entorno de la capital es donde más se ha renovado el parque móvil antes y desde 2020, una puesta al día impulsada por la entrada en vigor de la ZBE de Barcelona.

Esta exigencia, el veto a las etiquetas B, la llegó a plantear el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) cuando arrancó la ZBE, pero se desestimó por el rechazo ciudadano y empresarial que generó. Primero en contexto de pandemia y la crisis económica posterior. Después por la proximidad a las elecciones municipales. La idea de que los vehículos con etiqueta amarilla no pudieran entrar en Barcelona se quedó durmiendo el sueño de los justos y en el escenario más próximo se hablaba de 2030. El decreto ha recibido multitud de alegaciones de municipios del área de Barcelona, que entienden que ataca su autonomía como administración local, adelantó El Periódico. Los nueve municipios del llamado Arco Metropolitano ya avisaron en octubre pasado de que no multarán hasta 2025. Y Badalona intentó dar marcha atrás en su implantación, pero finalmente optó por una entrada en vigor escalonada, para evitar multas de instituciones europeas.

El decreto que ahora ultima el departamento de Acción Climática se remonta a una cumbre por el cambio climático celebrada en 2022 en la que se decidió que Cataluña implantaría ZBE en municipios de más de 20.000 habitantes, una exigencia mayor a la Ley del Cambio Climático de ámbito español: obliga a partir de 50.000 habitantes, aunque su implantación es minoritaria. En cambio, alargaba su plazo de implantación hasta 2028. El texto es de tal calado que ha tenido dos periodos de exposición pública. El segundo ya ha terminado y el Govern tiene previsto aprobarlo “en las próximas” semanas, indican fuentes de Acció Climàtica. Las mismas fuentes aseguran que, a diferencia de los Decretos Ley, este no deberá ser sometido a votación en el Parlament, con aval político al actual Govern de Pere Aragonès, que no tiene mayoría. No es necesario este aval porque ha pasado trámite de información pública y alegaciones.

De aprobarse, el decreto afectaría a todos los municipios de más de 20.000 habitantes y deberían redactar ordenanzas municipales para regular su ámbito de implantación, funcionamiento, horarios o régimen sancionador. El texto del decreto en la segunda fase de información pública, fija que, de entrada, tengan vetada la entrada a las ZBE los vehículos sin etiqueta y a partir de 2026 los que tienen etiqueta B y son diésel en las ciudades más grandes de 50.000 habitantes. A partir de 2028, quedarían vetadas todas las etiquetas amarillas en las ciudades de más de 50.000. Y también en las de más de 20.000 en episodios de alta contaminación.

El decreto también fija el horario de veto a los coches contaminantes (laborables de 7 a 20 horas), que las restricciones no afectarían a los vehículos especiales (emergencias, funerarios, de feriantes...), las condiciones por las que podrían circular familias con rentas bajas que utilizan vehículos contaminantes para trabajar, cómo se tramitarán permisos diarios para residentes (hasta 52 al año). Además, apunta que las ZBE deben contemplar una superficie mínima del 25% del suelo urbano residencial del municipio y que los ayuntamientos deberán prever “medidas complementarias que favorezcan el cambio modal de transporte”, como mejor gestión del aparcamiento, la creación de aparcamientos junto a nodos de transporte público, más infraestructuras para vehículos sostenible o planes para el transporte de mercancías.

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