Nueve ciudades metropolitanas consensuan una Zona de Bajas Emisiones más flexible que la de Barcelona

Los municipios que integran el Arco Metropolitano de Barcelona han presentado este martes en Sabadell un documento en que consensuan la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que entrarán en vigor de forma definitiva en el año 2025. Las ciudades de la segunda corona metropolitana -como Granollers, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú, que suman unos 900.000 habitantes y la mayoría están gobernadas por el PSC- se han coordinado para “evitar que su entrada en funcionamiento sea un nuevo elemento de desigualdad social”, en palabras de presidenta y alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés. La aplicación se hará con un año y medio de retraso, porque las restricciones no se aplicarán hasta enero de 2025 y con multas hasta julio de ese año; la ley fija que se multe a partir del 1 de enero.

En el caso de estos municipios, algunos ni si quiera tienen aprobadas las ordenanzas preceptivas. Además, las condiciones serán mucho más flexibles que en la ZBE de Barcelona: el veto a los coches contaminantes comprenderá solo “un ámbito delimitado a los espacios céntricos” y se permitirá el acceso a los residentes, vehículos extranjeros o históricos, aunque no tengan etiqueta ambiental. Este caso llega tras el de Badalona, donde el alcalde Xavier García Albiol también ha decidido flexibilizar su ZBE, que no aplicará el año que viene con multas y ha pedido al Ministerio poderla implementar de forma escalonada.

En la primera fase, las ZBE se implantarán en ciudades de más de 50.000 habitantes desde el mes de enero de 2025 de forma permanente y con multas a partir de mayo, pese a que Farrés no ha especificado la cantidad de las sanciones. Funcionará de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 horas (el horario sí el mismo que en Barcelona) y solo en el centro se limitará el acceso a los vehículos que no tengan la etiqueta ambiental 0, Eco, B o C. En 2024 solo se aplicaría el veto en caso de episodios de contaminación por NO2 (dióxido de nitrógeno).

Los nueve municipios dan respuesta a la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que obliga a implantar Zonas de Bajas Emisiones para mejorar la calidad del aire y la salud de las personas. Desde el Arco realizarán una serie de moratorias y autorizaciones temporales a vehículos de personas y familias con bajos niveles de renta, como también a los vehículos de personas autónomas y trabajadoras a las que les falten como máximo cinco años para jubilarse o los casos de vehículos que sean necesarios para una determinada actividad profesional.

En la presentación de este martes se ha remarcado la importancia de ofrecer a la ciudadanía la alternativa de una oferta de transporte público que conecte los diferentes municipios con horarios y frecuencias ajustadas a las necesidades y demandas. También se demanda la aplicación de una zonificación tarifaria coherente con el uso que deberá hacerse de este transporte.

Los alcaldes y alcaldesas también reclaman más implicación y apoyo de la Generalitat, que este lunes presentó a los municipios de más de 50.000 habitantes una propuesta de Decreto de ZBE. Marta Farrés ha recalcado que “este proyecto de Decreto no contempla las necesidades detectadas en nuestro documento, no contempla la realidad territorial de nuestras ciudades ni medidas para reducir el impacto social: no podemos restringir de forma indiscriminada el acceso de los vecinos y vecinas a sus domicilios”. Desde el Arco concluyen señalando que “las decisiones de envergadura en la vida de nuestros conciudadanos se consensuen y no se hagan sin contar con el territorio, que somos los que conocemos nuestra realidad”. El acto ha contado con la presencia de alcaldes y concejales de los nueve municipios del Arco.

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