Sánchez abre la puerta a reformar también el delito de malversación

Tras el pacto para eliminar el delito de sedición y sustituirlo por un delito agravado de desórdenes públicos, el presidente, Pedro Sánchez, no cierra la puerta a modificar el delito de malversación, por el que también han sido condenados o acusados algunos líderes del procés. ”La propuesta de los dos grupos que sustentan al Gobierno [PSOE y Unidas Podemos] es cambiar el delito de sedición y homologarlo a Europa. Ahora viene la tramitación parlamentaria. Los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren. Esperemos a esa tramitación”, respondía el domingo Sánchez en una entrevista en La Vanguardia.

En el Ejecutivo no quieren ser muy explícitos con este asunto, especialmente delicado, ya que afecta directamente a algunos de los principales casos de corrupción, pero el mensaje que se traslada es que no hay que descartar un cambio en la regulación de la malversación. “Habrá que ver qué sucede en la tramitación parlamentaria”, señalan desde el Gobierno.

PSOE y Unidas Podemos no tocaron el artículo del Código Penal que regula la malversación en la proposición de ley que presentaron el viernes en el registro del Congreso, una forma de dejar claro que si ese cambio se produce no será a iniciativa de los grupos que forman el Gobierno de coalición, pero nada impide que se pueda negociar una enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o de otro grupo.

Tras conseguir la derogación del delito de sedición, ERC aspira a modificar el de malversación durante la tramitación parlamentaria de la reforma, según fuentes de dicho partido. Su objetivo es reducir las condenas o las peticiones fiscales contra otros políticos independentistas encausados con el argumento de que no se lucraron personalmente con los fondos públicos que supuestamente habrían desviado para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. ERC hace bandera de no haber tenido casos de corrupción en sus 80 años de historia, por lo que tiene especial cuidado en no salirse de ese marco.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsejeros republicanos Raül Romeva y Dolors Bassa fueron condenados por sedición y malversación, pero posteriormente resultaron indultados de las penas de cárcel pendientes. El partido tiene, no obstante, a otros miembros de su dirección a la espera de juicio. Josep María Jove, jefe del grupo parlamentario de ERC, o el diputado Lluís Salvadó serán juzgados junto a casi una treintena de ex altos cargos, muchos de ellos acusados de malversación. Este caso, que afecta a los segundos escalones de la Generalitat, fue instruido por el Juzgado número 13 de Barcelona.

Además, ERC tiene el objetivo de aclarar a qué delitos corresponden las penas de inhabilitación impuestas a varios de sus dirigentes. El caso de Junqueras es paradigmático: fue condenado a 13 años de prisión por un delito de sedición en concurso medial con el de malversación y a 13 de inhabilitación. La pena de cárcel fue indultada, pero la de inhabilitación sigue vigente. La sentencia del Tribunal Supremo no aclaraba a cuál de los dos delitos (sedición o malversación) correspondía la segunda.

Esquerra teme que, al desaparecer el primer delito, la inhabilitación se asocie a la malversación. La cuestión es clave pues, con la pena actual, Junqueras está inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2031. En cambio, si se acortara la inhabilitación, podría incluso concurrir a las próximas elecciones autonómicas, en 2025. ERC exige esas certezas en el Código Penal para poder despejar el horizonte de algunos de sus dirigentes.

Raül Romeva y Dolors Bassa están en la misma situación que Junqueras, pero Esquerra no es el único partido afectado. Jordi Turull, secretario general de Junts (12 años de pena de cárcel ya indultados y 12 de inhabilitación) podría ser uno de los beneficiados por la reforma, pero el domingo arremetió contra la misma. Con la etiqueta DiguemNo (Digamos no), el número dos del partido del expresident Carles Puigdemont escribió en las redes sociales: “El a por ellos [en alusión al lema con el que se despedía en algunas localidades a los guardias civiles que iban a Cataluña en 2017] está a punto de entrar oficialmente en el Código Penal”. El viernes ya dijo que la reforma era un “traje a medida” para que lo sucedido el 1-O siga siendo delito rebajando la gravedad de la pena pero no despenalizándolo.

La reforma del Código Penal afecta además a los políticos independentistas fugados. Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí están acusados de sedición y malversación; mientras que el exconsejero Lluís Puig lo está solo de malversación y la republicana Marta Rovira de sedición.

El caso de Griñán

La sustitución del delito de sedición por el agravado de desórdenes públicos supondrá pasar de un máximo de 15 años de cárcel a solo 5. En el caso de la malversación, no se sabe cómo podría quedar, pero en su actual redacción contempla penas de 2 a 6 años de prisión y de 6 a 10 de inhabilitación.

Los efectos de una reforma de este artículo no se limitarían obviamente a Cataluña. Si se rebajase el castigo para quienes no se han lucrado personalmente de la desviación de fondos públicos, uno de los beneficiados podría ser el expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación en el fraude de los ERE, pendiente de su ingreso en prisión.

En una entrevista publicada el domingo en El Periódico, Junqueras aseguró que este tipo penal castiga “la malversación por pensamiento, solo pensada”. “Lo que se nos imputa [la sentencia del Supremo] no es una malversación, sino el haber pensado en una posible destinación de fondos públicos para organizar un referéndum”, asegura. “Lo que se debe evitar es que alguien sea condenado por pensar en una malversación”, agrega. Junqueras inicia este lunes un viaje de nueve días a Colombia, Chile y Argentina para explicar el procés y la “represión del Estado”, según informó ERC. Junqueras afirmó en la citada entrevista que para pactar en Cataluña los Presupuestos con el PSC “falta ver su compromiso” con la reforma del delito de malversación.

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