Ocho testigos sitúan a la ‘policía patriótica’ de Rajoy detrás de la guerra sucia contra Podemos

La guerra sucia contra Podemos no tuvo una única batalla, sino que fue una sucesión de escaramuzas contra el partido y sus dirigentes que se prolongó a lo largo de meses. Hasta ocho testigos sitúan detrás de esas maniobras a la llamada policía patriótica, un grupo de agentes que funcionó durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior con el objetivo de perjudicar a rivales del PP. Sus relatos encajan como las piezas de un puzle y reflejan una dinámica generalizada, que duró al menos desde 2015 a 2016. Las últimas declaraciones que apuntan en esa línea han brotado en el caso Caranjuez, una investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 29 de Madrid sobre una supuesta trama dedicada a estafar a ex altos cargos del Gobierno de Venezuela, a los que se ofrecía supuesta ayuda y protección a cambio de dinero e información.

Dos presuntas víctimas de la red investigada en el caso Caranjuez (Javier Alvarado Ochoa y Carlos Luis Aguilera) y un imputado (José Aliste) han descrito en las últimas semanas indicios de cómo la policía patriótica se valió presuntamente de esta “organización criminal” para solicitar datos sobre la fuerza dirigida entonces por Pablo Iglesias. Han detallado, incluso, encuentros con altos mandos del Cuerpo durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Sus declaraciones se suman a las de otras cinco personas que apuntan en la misma dirección: como un confidente que lo dejó por escrito ante notario y al que se concedió la residencia en 2016; o el exministro Rafael Isea, entrevistado por EL PAÍS. Los otros tres restantes (Nervis Villalobos, Claudia Patricia Díaz y Adrián Velásquez) también han mantenido una versión similar, y la Fiscalía ha pedido que declaren en estas pesquisas.

La ‘policía patriótica’. El desembarco de Mariano Rajoy en La Moncloa provocó una reacción en cadena que resulta clave para entender la irrupción de la bautizada como policía patriótica. El nuevo presidente del Gobierno colocó al frente del Ministerio del Interior a uno de sus hombres de máxima confianza en el PP, Jorge Fernández Díaz, un ultracatólico catalán obsesionado con los supuestos peligros que correría la integridad territorial del país. Un hombre de profundas creencias religiosas que ha llegado a afirmar que Benedicto XVI le dijo, en referencia al independentismo, que el “diablo quería destruir España porque el diablo sabe el servicio prestado por España a la Iglesia de Cristo”; o que la entrada de Podemos en el Ejecutivo resultaría “letal para España”. Fernández Díaz situó a su vez al comisario Eugenio Pino como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, máximo responsable no político del Cuerpo, capaz de decir en una comisión del Congreso que haría “todo” por España: “Todo es todo. En ese caso, seguramente la ley no existiría cuando tuviéramos que hacer todo por España”.

Bajo su autoridad, comenzó a funcionar un grupo de mandos policiales que urdirían diversas artimañas contra adversarios del PP. Se gestó así la Operación Kitchen (el espionaje irregular al extesorero popular Luis Bárcenas para arrebatarle documentos comprometedores para altos cargos del partido conservador, por el que se encuentran procesados Fernández Díaz y Pino, entre otros ex altos cargos de Interior y la Policía); la Operación Cataluña (la búsqueda de trapos sucios y fabricación de pruebas contra dirigentes independentistas catalanes, que ya se ha saldado con la condena de un año de cárcel a Pino por introducir en el caso Pujol un pendrive de origen desconocido sin autorización judicial); y la guerra sucia contra Podemos.

En este último caso, según evidencian los testimonios e indicios recabados, la actividad contra el partido de Iglesias se intensificó en 2015 y la primera mitad de 2016. El contexto político de esos momentos no resulta baladí. El PP había perdido la mayoría absoluta en el Congreso y Podemos, que había ido ganando fuerza en las sucesivas citas con las urnas, logró entrar con 69 diputados en el Parlamento en diciembre de 2015. Además, Rajoy no conseguía formar Gobierno y se vaticinaba una repetición electoral, que finalmente se producirá en junio de 2016. Ningún juzgado ha investigado hasta la fecha esta guerra sucia —solo la Audiencia Nacional comenzó a abordarla de forma tangencial en el caso Villarejo, pero esas pesquisas dieron finalmente un giro y cambiaron de dirección—.

Cascada de testimonios. Javier Alvarado Ochoa, exviceministro venezolano de Desarrollo Energético, relató su experiencia el pasado 30 de septiembre en el Juzgado de Instrucción 29 de Madrid. Según contó, se reunió “dos veces” en enero y febrero de 2016 con Pino, en el propio despachó del DAO. Allí, ante “una mesa muy grande”, Ochoa dice que entregó a los agentes cientos de documentos sobre las relaciones de Chávez con eléctricas, movimientos de dinero, empresas españolas, francesas... Pero al jefe de la Policía le interesaba otra cosa: “El director, paseando por mis documentos, me pregunta si tengo algo relativo al partido Podemos [...] Yo le digo al director Pino: ‘No, pero yo puedo hablar con las agencias de inteligencia a ver qué tienen”. El exvicemistro asegura que no era la primera vez que le hacían ver el interés de la policía española por obtener datos de la fuerza política. Antes, se lo “escuchó” a Martín Rodil, [uno de los supuestos miembros de la trama de extorsión a venezolanos que mantendría contacto con la cúpula policial] y Nervis Villalobos: “Me dicen: ‘Javier, están buscando [algo] del partido Podemos”.

El abogado José Aliste, acusado de formar parte del grupo que extorsionaba a los venezolanos, confirmó esa reunión en su declaración en el mismo juzgado: “Bonifacio [Díez Sevillano, un inspector jefe a las órdenes de Pino] dijo [a Alvarado] si tendría alguna información sobre Podemos y la financiación [...] Le preguntaron si tenía o podía tener, dada su forma de llegar, información sobre la financiación de Podemos [...] Se lo dijo Bonifacio y también el DAO. Le dijo: ‘Señor Alvarado, usted que parece muy importante, ¿tiene?”. Según Aliste, Alvarado les dijo que en ese momento no tenía documentación sobre el partido, pero días después “consiguió una nota de cuentas” firmada supuestamente por Chávez y Rafael Isea, exministro de Finanzas del país latinoamericano, que habla de un supuesto pagó de siete millones de dólares a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge —a través de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS)— para que “buscasen la creacion de un partido político que fuera mas proclive a los principios bolivarianos”. Al poco, El Confidencial y la web Okdiario publicaron el contenido de esa nota. Era 4 de abril de 2016.

“Para eso me parece que fueron a tomar declaración a Nueva York a Isea”, apostilló Aliste ante la jueza del caso Caranjuez. El abogado se refiere al viaje a EE UU que protagonizó el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, otro hombre de confianza de Pino. Una cita conocida gracias a que se filtró en 2019 la grabación de ese encuentro. El 10 de abril de 2016, Gago salió de Madrid rumbo al país americano, según consta en los archivos del Ministerio del Interior, que costeó el desplazamiento con dinero público. Un día después, 11 de abril, este agente y otros dos policías se ven con el exministro venezolano en el consulado español en Nueva York, donde le prometen “protección” y una “nueva vida” para él y su familia en España. Según se escucha en los audios, el inspector jefe llega a decir que lo hace en nombre del Gobierno: “Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente”.

En una entrevista en EL PAÍS, Isea aseguró que le presionaron y “manipularon” para conseguir que confirmara el contenido de aquella nota sobre la fundación, que funcionó antes de la creación de Podemos, pese a que subraya que les manifestó sus dudas sobre su autenticidad —solo le enseñaron una copia—, y le insistieron para que mencionara a Iglesias, Monedero y Verstrynge. Según cuenta, del documento le chirriaban muchos datos, como las fechas. O la propia redacción: “Yo no suelo redactar así. Existe un formato. No decía ‘solicitar recursos’ sino ‘solicitud de recursos’, no usaba el infinitivo. Tampoco el nombre me cuadra. Yo acostumbraba a colocar mi nombre y el cargo completo, ‘ministro del Poder Popular para las Finanzas’, no solo ‘ministro’. Y nunca se ponía en un documento ‘Hugo Chávez Frías’, no se usaba el segundo apellido”. Isea aseveró que le dijeron que nunca saldría su nombre a la luz. Sin embargo, solo unas semanas después de su encuentro en el consulado, cuando apenas faltaba un mes para las elecciones, Abc publicó el contenido de su declaración: “La policía me utilizó para una trama política”. Nunca le volvieron a contactar, según su relato.

Cuando se desveló aquella cita en Nueva York —donde Gago llega a decir a Isea: “Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos [al Gobierno], mejor para todos”—, el equipo de Interior de la etapa de Fernández Díaz distribuyó un argumentario donde apuntaba que ese viaje contó “con el conocimiento previo de la Fiscalía”, a la que entregaron una copia del acta del encuentro. Sin embargo, fuentes de esta cuentan una versión distinta: Gago y otro agente acudieron a la Audiencia Nacional con el informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.), un documento policial donde se afirmaba sin pruebas que Irán había financiado al partido, pero el ministerio público les dijo que no tenía fundamento. Entonces, los policías informaron que iban a ir a EE UU y pidieron que les acompañara un fiscal. Javier Zaragoza, entonces fiscal jefe de la Audiencia, se negó. “Si ellos querían viajar, la Fiscalía no era nadie para autorizar ni prohibir el viaje, pero la Fiscalía no avaló ese traslado ni ninguna diligencia referida al Informe PISA”, señalan fuentes del ministerio público.

Carlos Luis Aguilera, ex jefe de los servicios secretos chavistas, también contó a la jueza del caso Caranjuez que, aunque él cree que no se llegó a reunir con dirigentes de la Policía española, los miembros de la supuesta trama extorsionadora sí le hablaron de “Bonifacio” y le pidieron “si podía obtener algún tipo de información” de Podemos. Entre otros, le solicitaron datos de Monedero.

En esos meses, en el seno de la Policía se trabaja a pleno rendimiento en busca de indicios contra Podemos. Así lo afirmó también Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano al que Interior premió en abril de 2016 con un permiso extraordinario de residencia en España por “circunstancias excepcionales” debido a “razones de colaboración con las autoridades policiales”. Arias depositó ante notario el documento donde se le concedía la residencia —validado después por dos tribunales de Madrid y cuya veracidad confirmaron fuentes policiales—; y relató al fedatario que, desde febrero de ese año, trabajaba como “informador” para la Policía española, “aportándole todo tipo de documentos” sobre el dinero que supuestamente el Gobierno de Venezuela había entregado a dirigentes de Podemos y a Pablo Iglesias, en este caso, a través de una cuenta de Euro Pacific Bank en las Islas Granadinas, un paraíso fiscal. Una información que la justicia rechazó. El permiso de Arias lo firmó Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad y mano derecha de Fernández Díaz, que aseguró a EL PAÍS en 2019 que no recordaba el episodio: “Me imagino que, como en tantas otras ocasiones, me pasan un expediente por el motivo que sea y, si viene propuesto por la policía, pues yo lo firmo. Lógicamente”. Martínez es otro de los cargos de Interior procesados en el caso Kitchen.

Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica, mantiene una historia similar sobre la policía patriótica. “Ellos siempre me han pedido información. Estaban tratando de conseguir información sobre Podemos. Siempre hacían preguntas sobre eso. Querían saber si yo conocía a alguien que tuviera pruebas de la financiación ilegal de Podemos”, dijo a El Mundo ya en 2019, cuando relató que se reunió con Bonifacio Díez en 2016 en cuatro ocasiones después de que este se viera con él por primera vez en noviembre de 2015 en Estados Unidos. Fuentes de su entorno recalcan que ese contacto se produjo a través de Martín Rodil y que, si declara como testigo en el caso Caranjuez como ha pedido la Fiscalía, Villalobos contará lo mismo a la jueza.

Una operativa similar describen fuentes del entorno en España de Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera tesorera nacional de Venezuela de 2011 a 2013, y de su marido, el militar Adrián Velásquez, miembro de la Guardia Presidencial de Hugo Chávez, cuya declaración también ha solicitado el ministerio público en el caso Caranjuez. De hecho, antes de que la Audiencia Nacional aprobara en 2021 la extradición de ambos a EE UU, ella aseguró al mismo diario: “Se querían aprovechar de nuestra situación, pero nosotros no quisimos [...] Creían que teníamos una información que les beneficiaba a ellos”. Su abogado, Manuel Varela, cuenta a EL PAÍS que él se llegó a ver entonces personalmente con Bonifacio Díez en un hotel de Madrid y que este les reclamaba “información sobre la financiación de Podemos”: “Yo me reuní con Bonifacio. No estaban Claudia y Adrián en esa reunión. Fui como el represéntate de ellos”. Según añade el letrado, otro agente acompañaba al inspector, pero no recuerda su nombre: “Hoy en día no sé quién fue el policía que estaba con Bonifacio”.

La versión de la excúpula policial. Eugenio Pino declaró en la Audiencia Nacional el 15 marzo de 2022 en el marco del caso Villarejo, pero le preguntaron sobre las maniobras contra el partido de izquierdas. Según dijo, “nunca hemos hecho ninguna investigación a Podemos”. “A los partidos políticos no se les puede investigar. Se puede investigar a las personas individuales por hechos individuales”, añadió. El exDAO aseguró ante el juez Manuel García-Castellón que tampoco investigaron a Iglesias, sino que “existe una cosa de una declaración que se tomó en Nueva York donde aparecía mencionado”. Ante las evasivas, un abogado le inquirió: “¿Entonces sí que había una investigacion sobre algo de personas que pudieran estar en Podemos?” “Se dieron tres nombres, ninguna sigla del partido Podemos”, contestó el antiguo mando del Cuerpo. ¿Quiénes? “Se ha publicado: Verstrynge, Monedero e Iglesas. [...] La declaración se metió en un sobre y se puso en conocimiento de Fiscalía”.

Por su parte, Fuentes Gago mintió en una comisión de investigación sobre la policía política en el Congreso en julio de 2017. Entonces aún no se conocía su viaje a Nueva York para verse con Isea y la diputada Gloria Elizo (Podemos) le preguntó directamente si “existió alguna investigación, nota, documento o informe más, aparte del Informe PISA, relacionado con el señor Iglesias”. Él dijo que no sabía nada: “Lo desconozco completamente. Desde luego, yo no participé en ninguno”. Sobre ese encuentro, en el que Isea situó también a un tal “Bonifacio”, el inspector Bonifacio Díez aseguró en 2021 en otra comisión del Parlamento que no era él: “Sería otro Bonifacio”, dijo a los parlamentarios, ante los que negó haber desarrollado cualquier tipo de investigación policial mientras formó parte de la DAO.

El precedente. Las maniobras contra Podemos no se limitaron a la búsqueda de testimonios contra la formación. En aquellos meses —cuando ya se habían iniciado contactos con ciudadanos venezolanos, según la versión de Nervis Villalobos—, se fabricó en el seno de la Policía el llamado informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.), un documento policial donde se afirmaba sin pruebas que Irán había financiado al partido y que se publicó en varios medios solo unas semanas después de que Podemos irrumpiera por primera vez en el Congreso con 69 escaños.

Ese informe no llevaba firma, ni el sello de ninguna unidad policial, pero acabó introducido en el flujo oficial. Y su autoría se atribuye a la policía patriótica. De hecho, el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel y a quien la cúpula policial de Rajoy boicoteó para lastrar la investigación sobre la caja b del PP, relató que el informe PISA se “elaboró en el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa”. Según contó en 2021 en una comisión del Congreso, Pino lo había sacado en 2015 de su puesto para mandarlo a la DAO y así ponerle bajo sus órdenes directas con la idea de controlarlo e impedir avances en las pesquisas sobre la corrupción del partido conservador. Fue entonces cuando recibió el encargo de Fuentes Gago de analizar ese documento: “Me dijo que lo evaluara”.

“Era un informe elaborado en el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa, pero no hecho dentro de las formalidades y de lo que exigen los protocolos de funcionamiento y de elaboración de documentos oficiales por parte del Cuerpo Nacional de Policía”, relató Morocho a los diputados el pasado año. Y añadió que el documento apócrifo presentaba “una visión no neutral desde el punto de vista político” que arrojaba una “serie de informaciones a modo de construcción de algo, con el fin de provocar el inicio de algo más”. Morocho se negó a darle el visto bueno, pero la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) lo envió al Tribunal de Cuentas —lo que también provocó titulares—, que lo consideró “irrelevante”. La justicia tampoco le ha concedido nunca ningún crédito.

Precisamente, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, otro de los miembros del grupo de agentes bajo sospecha, implicó a Pino y Fuentes Gago en la operación del documento apócrifo. En una conversación que mantuvo en junio de 2017 con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el policía aseguró tras referirse a ambos mandos del Cuerpo: “Hicieron la mierda esa del informe PISA, que eso es basura”. Por su parte, el comisario Enrique García-Castaño, también señalado como miembro de la policía patriótica, atribuyó la autoría material de dicho informe al comisario Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha y que colaboró con la DAO en la Operación Kitchen.

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Los audios secretos de la corrupción: capítulo 8