El Senado reprueba a Marlaska por “no dotar de los medios suficientes a la Guardia Civil” que lucha contra el narco en el Estrecho

La mayoría con que cuenta el PP en el Senado ha sacado adelante su moción para que el Gobierno repruebe al ministro del Interior por “no dotar de los medios suficientes a la Guardia Civil para combatir el narcotráfico en la comarca del Campo de Gibraltar”, tras la tragedia de la muerte de dos guardias tras la embestida de una narcolancha en Barbate (Cádiz) el 9 de febrero. La misma moción pide que se conceda “el más alto reconocimiento” a los fallecidos y los heridos del ataque.

La iniciativa de los populares, que han focalizado en Fernando Grande-Marlaska buena parte de sus críticas tras la tragedia, ha logrado 148 a favor (PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro), 96 en contra (PSOE, PNV, Compromís, Más Madrid y BNG) y 16 abstenciones (Sumar, ERC, Bildu y Junts).

La moción se ha debatido sin la presencia del ministro, que participaba en ese momento en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Desde la tribuna de la Cámara alta, el senador del PP Luis Javier Santamaría ha criticado que el ministerio se refiriera inicialmente a los muertos como “fallecidos” y no como asesinados —Marlaska aludió a ellos este martes como “asesinados” en el mismo hemiciclo— y ha subrayado que se pide la dimisión y, si no accede el ministro, el cese de Grande-Marlaska, un ministro “cansado” y “abucheado”, ha dicho.

Santamaría ha desplegado una suerte de currículum negativo del ministro, con hitos como su reprobación en el Congreso, la sentencia del Supremo que anuló su destitución del alto mando como jefe de la Guardia Civil en Madrid Diego Pérez de los Cobos, y otras en la que el alto tribunal confirma que la devolución de menores migrantes desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal. El senador ha enfatizado que Marlaska se ha dedicado “al cuidado y el engorde de los presos de ETA, a los que ha acercado a las cárceles del País Vasco y Navarra”.

Su compañera de filas, la senadora Alicia García, ha justificado también la reprobación porque, ha dicho, “estamos ante el ministro más desacreditado de la historia de la democracia, un ministro que horas antes del brutal asesinato, decía que todo estaba bajo control”.

Para el PSOE, la petición del PP es “oportunista y ventajista”, ha censurado el senador José Manuel Franco. “Frente a los ministros del Interior que se dedicaban a espiar, a inventar pruebas falsas contra los separatistas catalanes, que dedicaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a tareas que nada tienen que ver con la seguridad, ahora tenemos a un ministro honrado y eficaz”, ha proclamado Franco.

Antes, los populares han sacado a colación que el ministro “faltó al respeto” a la senadora Marimar Blanco, hermana del concejal de Ermua asesinado por los etarras en 1997, a la que en un rifirrafe de la bronca sesión de ayer en la Cámara alta pidió precisamente que retomara el Espíritu de Ermua. El grupo socialista ha presentado este miércoles una queja al presidente del Senado porque entiende que el vicepresidente primero de la Cámara alta, Javier Maroto, hizo dejación de funciones y no reprendió a varios senadores que profirieron palabras ofensivas durante el rifirrafe entre Marlaska y la senadora Blanco.

Aunque la reprobación de este miércoles es un gesto más simbólico que práctico porque no es vinculante, se suma a otra enmienda a la totalidad al ministro de hace poco más de un año, el 9 de febrero de 2023, cuando el PP también consiguió que el Congreso reprobase al ministro del Interior por la gestión de la tragedia de Melilla el 24 de junio de 2022.

Marlaska es objeto de las críticas por el desmantelamiento del OCON-Sur, el Organismo de Coordinación del Narcotráfico de la Guardia Civil, un cuerpo de elite formado por 150 agentes seleccionados que actuaban en Andalucía y que sumó centenares de detenidos desde su creación en 2018 hasta su disolución en septiembre de 2022. Sus mandos, acusados y procesados inicialmente por colaborar presuntamente con los narcotraficantes y pertenecer a sus organizaciones criminales, y posteriormente por cohecho y revelación de secretos, acaban de presentar una querella en un juzgado de instrucción de Algeciras en la que denuncian que “todo forma parte de un montaje con pruebas falsas debido a rencillas y envidias entre cuerpos policiales y mandos intermedios”, en palabras de José María Ramírez, que representa a quien fuera el máximo responsable del OCON, el teniente coronel David Oliva, según adelantó elDiario.es.

El titular de Interior, que ha asegurado en días previos que no se planteaba dimitir, ha repetido que el fin del órgano se debió a “razones operativas” del instituto armado y que los agentes fueron redistribuidos por las distintas unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil en la zona del Estrecho. “Es un cambio de estructura que lo decide la Guardia Civil, que tiene autonomía para hacerlo, buscando una mayor eficacia”, ha argumentado. Además, ha asegurado que no perjudicó a la lucha contra el narcotráfico porque, ha dicho, luego hubo más detenciones e incautaciones que en años previos.

La moción aprobada este miércoles en la Cámara alta insta también a que se declare Zona de Especial Singularidad (ZES) a la provincia de Cádiz y en particular al Campo de Gibraltar, una medida que busca reforzar las plantillas y dotar de mejores medios materiales, el diálogo con las asociaciones de la Guardia Civil, reuniones con las autoridades locales y un proyecto de ley que endurezca las penas a quienes colaboran con el narco.

En la reprobación a Marlaska de hace un año, la iniciativa de los populares logró entonces el apoyo de diputados de Vox, CS, ERC, Junts y la CUP, un total de 173 síes, y tuvo los 160 votos en contra del PSOE, Unidas Podemos, PdeCat, Más País y Teruel Existe. PNV y EH-Bildu se abstuvieron.