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El Congreso reprueba a Grande-Marlaska por su gestión de la tragedia de Melilla

PP, Vox e independentistas catalanes unen sus votos contra el ministro del Interior y piden el traslado a España de uno de los supervivientes

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso.Foto: MARISCAL AGENCIA EFE | Vídeo: DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos
María Martín

El PP ha conseguido este jueves que el Congreso repruebe al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión de la tragedia de Melilla el 24 de junio. La iniciativa de los populares ha logrado sumar el apoyo de diputados de Vox, CS, ERC, Junts y la CUP, un total de 173 síes, y ha tenido los 160 votos en contra del PSOE, Unidas Podemos, PdeCat, Más País y Teruel Existe. PNV y EH-Bildu se abstuvieron. La reprobación del ministro del Interior es la primera que sale adelante en esta legislatura, aunque es un gesto más simbólico que práctico porque no es vinculante.

La moción inicial de los populares, que reclamaba el cese de Grande-Marlaska, además de su reprobación, nació abocada al fracaso, pero ha acabado saliendo adelante, paradójicamente, gracias al caso de un sudanés que sobrevivió a aquella trágica jornada. En el último momento, el PP sustituyó el cese del ministro por una enmienda que sí atraería los votos de partidos en las antípodas ideológicas de la derecha: el traslado inmediato a España de uno de los supervivientes a la tragedia que fue expulsado a Marruecos y que quiere pedir refugio en territorio español. Basir, el nombre ficticio del joven, demandó asilo en la Embajada española en Rabat el 13 de diciembre, exactamente como marca la ley. Aunque el joven cristiano incidió en el peligro que corre en su país y también en Marruecos, las autoridades españolas llevan casi dos meses guardando silencio.

La estrategia del PP de incluir al refugiado sudanés, efectivamente, atrajo el apoyo de grupos como ERC o Junts, que difícilmente habrían votado a favor de nada que proponga el PP, pero también fue criticada por el PNV. “Usan este caso a modo de rehén para conseguir el voto en contra del ministro y nuestro grupo no se prestará a este chantaje parlamentario”, reprochó el miércoles el diputado Mikel Legarda. A pesar de su abstención, Legarda reclamó al Gobierno y al embajador en Marruecos el traslado de Basir.

La moción ha expuesto las contradicciones del propio PP, poco dado a la defensa de los refugiados, pero también las de Unidas Podemos, que ha votado en contra de una iniciativa que, en otras circunstancias, habría defendido.

Un equilibrio imposible

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En el caso de los populares, su diputada Ana Vázquez ha mantenido estos meses un equilibrio casi imposible. Al mismo tiempo que defendía la actuación de los agentes españoles o las devoluciones en caliente que su partido legalizó con la ley mordaza, era, junto a los nacionalistas catalanes y vascos, una de las más beligerantes contra el ministro Grande-Marlaska. Lo ha acusado de mentir, de permitir la entrada de gendarmes marroquíes en suelo español o de ser connivente con la violencia ejercida al otro lado de la frontera. Vázquez, a su vez, también reconoció públicamente que desconocía las dificultades que los refugiados africanos tienen para pedir asilo de forma legal en territorio español.

Ha sido esta sorpresiva defensa del derecho al asilo por parte del PP la que ha utilizado el portavoz de Unidas Podemos, Enrique Santiago, para desmarcarse de una petición por motivos más políticos que ideológicos. “No es muy creíble la preocupación del PP por el derecho de asilo”, dijo para justificar su rechazo a la reprobación del ministro. Aunque votó en contra, Santiago sí apoyó el miércoles públicamente el traslado a España del sudanés. El diputado de IU recordó a Grande-Marlaska su compromiso para que “en las embajadas y los consulados se puedan recibir solicitudes de asilo”.

En el rechazo de Santiago a la propuesta del PP subyacen las tensiones en el Parlamento y en el propio Gobierno de coalición. Santiago, que ha defendido en numerosas ocasiones un enfoque de derechos humanos ante el desafío migratorio, ha ido rebajando su tono crítico contra Grande-Marlaska por la gestión de lo ocurrido en Melilla. El discurso duro que mantuvo tras la tragedia fue diluyéndose cuando el Gobierno de coalición se vio en apuros ante las revisiones de penas y excarcelaciones por la ley del sí es sí. Los ataques de la derecha forzaron la rebaja de los embates de UP con el PSOE por este tema.

El PSOE, por su parte, volvió a defender este miércoles la actuación durante los sucesos de Melilla y evitó referirse al caso del refugiado sudanés. El diputado David Serrada acusó al PP de atraer los votos de la izquierda para reprobar a Grande-Marlaska: “Utilizan a la policía, retuercen la ley, y si hay que utilizar una tragedia humanitaria la usan. Lo ridículo es que hay partidos que se lo compran”. El PSOE siquiera respondió a DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos, el equipo jurídico que asiste al joven de 24 años y que se ha reunido con varios partidos para explicar las características jurídicas del caso.

La reprobación de Grande-Marlaska es el último coletazo parlamentario relacionado con la tragedia de Melilla. El episodio en el que murieron 23 personas ha seguido en el foco durante siete meses, pero tras el archivo de la causa por parte de la Fiscalía, el ministro ha visto reforzada su defensa de la actuación policial de aquel día.

En el Congreso no solo se ha cuestionado la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado ante el intento de unas 2.000 personas de forzar un puesto fronterizo, sino la propia posición de Grande-Marlaska, que lejos de asumir ningún error del lado español, también ha rechazado cualquier crítica a los agentes marroquíes, grabados mientras aporreaban a los supervivientes. El ministro también ha hecho afirmaciones a lo largo de estos meses que ha tenido que rectificar, como que los gendarmes marroquíes no entraron en territorio español. Por último, Grande-Marlaska mantiene hasta hoy que ninguna persona murió en el lado español de la frontera, una tesis cuestionada por dos investigaciones periodísticas de la BBC y de Lighthouse Reports junto a EL PAÍS, además de por varios de los diputados que tuvieron acceso a los vídeos grabados por la Guardia Civil durante aquella jornada.

La posibilidad de acudir a las embajadas para pedir asilo es un derecho que recoge la ley y es la vía que ha defendido España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su defensa de las devoluciones en caliente. Aunque son conocidas las enormes dificultades que tienen algunos refugiados (especialmente los subsaharianos) para solicitar protección en las delegaciones diplomáticas españolas, el tribunal asumió que era posible hacerlo y, por tanto, legítimo devolver de forma exprés a quien no agotase todas las posibilidades legales antes de saltar una valla. Tras la tragedia de Melilla, el propio Grande-Marlaska señaló que España no podía aceptar asaltos violentos en su frontera, menos aún cuando existen alternativas legales como esta. “España es un país de acogida para cualquier solicitante de asilo que llame a nuestras puertas, pero no puede permitir que nadie intente derribarlas a la fuerza”, dijo el pasado mes de noviembre. Mientras se decide qué hacer con su caso, Basir continúa escondido en Marruecos. “No puedo más. Estoy realmente cansado de mi vida y me siento como un zombi”, contó a EL PAÍS desde su escondite.

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Sobre la firma

María Martín
Periodista especializada en la cobertura del fenómeno migratorio en España. Empezó su carrera en EL PAÍS como reportera de información local, pasó por El Mundo y se marchó a Brasil. Allí trabajó en la Folha de S. Paulo, fue parte del equipo fundador de la edición en portugués de EL PAÍS y fue corresponsal desde Río de Janeiro.

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