La ley para simplificar trámites en Andalucía provoca una bronca en el Parlamento autonómico: “¡Esto es una cacicada, así no se puede trabajar!”

El Gobierno andaluz ha dado siete días a los grupos parlamentarios para que analicen y puedan formarse un criterio político sobre el decreto ley de simplificación administrativa (el cuarto impulsado por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno), que cambia de sopetón un total de 176 normas de la comunidad. La música del decreto suena bien: acabar con la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud en la tramitación, dicen en San Telmo, la sede del Ejecutivo autónomo. La oposición se ha quejado este miércoles de que el volumen de cambios y el tiempo concedido para analizarlos no les permite hacer su trabajo de análisis de la nueva norma.

El voluminoso expediente del decreto ley (un texto de cerca de 600 páginas. Y un expediente de 1.927 folios ) se colgó en el Portal de Transparencia este martes. Y este miércoles la Junta de Portavoces del Parlamento lo ha incluido en el orden del día para su aprobación en el pleno de próximo 21 de febrero. Un poco antes de esta reunión, el Gobierno avisaba a la Cámara de que rectificaba la redacción de algunos artículos tras ser “detectados errores”. La oposición ha rogado, clamado y pedido que pospongan el debate, ya que aún hay tiempo para su convalidación antes de agotarse los 30 días de plazo. También ha exigido que se tramite como proyecto de ley, para que los grupos puedan presentar enmiendas de mejora o supresión. El PP ha dicho que no a las dos reclamaciones y eso que el texto que ha salido de la mesa del Consejo de Gobierno no corre ningún riesgo de no aprobarse tal y como está porque el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara.

El Gobierno andaluz aprobó el pasado día 6 de febrero el decreto ley “por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la administración pública de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía”. O sea: utiliza 38 palabras para bautizar la medida. Aún no ha entrado en vigor porque no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), pero la Junta ya ha puesto en marcha una campaña publicitaria que ha llamado Plan As (”Andalucía simplifica”). El Gobierno de Moreno recurre mucho a los acrónimos: hay leyes que se llaman Lista y planes que se denominan SOS o Aire.

El decreto afecta a todos los sectores productivos de la comunidad y modifica de una tacada 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes. Para vender la bondad de la iniciativa los populares destacan dos ejemplos con los que es imposible estar en desacuerdo: los dependientes en lugar de esperar 555 de media para que se resuelvan sus solicitudes, ahora aguardarán como máximo 180. Y las familias numerosas no tendrán que firmar tres papeles para obtener el certificado, solo uno.

Los grupos no saben ni por dónde empezar a mirar y sospechan que tras la montaña de cambios algo hay que el Gobierno andaluz quiere colar sin hacer mucho ruido. “¡Así no se puede trabajar!”, clamó este miércoles la portavoz de Por Andalucía (la marca regional de Sumar), Inmaculada Nieto. “Apelo a la sensatez y a la honestidad política del PP. Sólo hay una manera de tramitar esto: como proyecto de ley. No se puede hacer esta cacicada”, ha dicho. En la reunión con los portavoces, Nieto ha pedido al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que saque el decreto del orden del día: “Esto es una agresión al Parlamento, no tenemos garantías de hacer bien nuestro trabajo y tener un voto fundado sobre las 2.500 páginas del decreto y el expediente”.

Los socialistas también se han sumado a la petición de parar el reloj al menos una semana y que se tramite como proyecto de ley “por el ingente número de normas al que afecta” como a la “relajación de autorizaciones administrativas en medio ambiente”, ha afirmado su portavoz, Ángeles Férriz.

“Poco margen de plazo”

Hasta Vox, que ya ha anticipado su voto afirmativo, se ha quejado del “poco margen de plazo” para abordar un decreto “muy complejo”. Por Andalucía ha advertido que recurrirá al Tribunal Constitucional, aunque para ello deberá recabar apoyos de otros grupos porque Sumar no tiene ni 50 diputados ni 50 senadores. El PSOE guarda silencio al respecto, porque no impugna en su totalidad la propuesta del Gobierno, lo que anticipa su posible abstención.

El portavoz del PP, Toni Martín, no se ha ido por las ramas para explicar su rechazo a las peticiones de la oposición: “El decreto se va a aprobar con o sin Por Andalucía y el PSOE”. Según él, es “un escándalo que varios grupos tengan un concepto de la urgencia de las cosas distinto de lo que piensan los ciudadanos”.