La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exjefe antidroga de la Policía en Alicante

El que fuera inspector jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Alicante, Javier Méndez, formó parte presuntamente de la mayor multinacional de la cocaína desmantelada en la Comunidad Valenciana. Y, por este motivo, la Fiscalía pide para este funcionario, que en 2013 daba conferencias sobre los peligros del polvo blanco, 15 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas, cohecho y revelación de secretos, según un escrito del ministerio público al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Méndez, cuyo caso destapó este periódico, asistió a 24 reuniones y almuerzos desde 2018 en Dénia, Jávea y Alicante con la cúpula de esta organización que movió 4.000 kilos de cocaína. En paralelo, asesoró e informó a dos cabecillas de la red sobre si estaban siendo investigados y participó en el tinglado empresarial que la trama usó para blanquear el dinero del delito a través del concesionario de coches de alta gama Designcars de Dénia, según recoge el ministerio público en un escrito firmado por la fiscal María del Carmen Ballester.

El establecimiento de venta de vehículos conectado al zar policial antidroga de Alicante tenía en propiedad 70 coches. Marcas como Infinity, Jaguar, Austin, Maserati, Porsche o Ferrari nutrían la oferta de esta sociedad pantalla para la que Méndez trabajó “comprando y vendiendo coches”, según la Fiscalía.

El funcionario adquiría turismos, que después eran remozados en un taller clandestino regentado por un agente y un subinspector, que cobraban en negro. La flota se distribuía posteriormente a través de un esquema mercantil ligado a otro señor de la droga con un historial de 19 detenciones por narcotráfico, estafa y asociación ilícita.

Acusado de manejar 80.000 euros de origen desconocido, Méndez fue apartado de la comisaría de Alicante y suspendido de empleo y sueldo, según su abogado. Y hoy enfila el banquillo. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama propuso el pasado junio juzgarle en una de las ramificaciones de la denominada Operación Beautiful.

Junto a este funcionario, que estrechó sus vínculos con la organización entre 2018 y 2019, cuando era jefe de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev), la Fiscalía pide para los otros 68 procesados del mecanismo delictivo 749 años de prisión y una multa de 435 millones.

Encabezada por Juan Andrés Cabeza Pedrada, la cúpula de cuatro miembros de esta trama decapitada en 2019 se enfrenta a una solicitud del ministerio público de 18 años de cárcel por procesado y 217 millones en multas.

Junto a Cabeza Pedrada, un narco que escondía en su casa 1,5 millones en billetes de 500, 200 y 100 euros en tres maletas, en la cúspide del engranaje figuraban el escurridizo José Constante Piñeiro, Costiña, narco cuya esfera de influencia planea en silencio por las Rias Baixas gallegas; y Jonas Sture Falk, El Pablo Escobar Sueco, que fue detenido en Ibiza en 2022. La Fiscalía pide para ambos 18 años de cárcel y multa de 217 millones.

Pablo Vioque Lages, hijo del abogado de narcotraficantes Pablo Vioque, se enfrenta a 10 años de prisión por tráfico de drogas. El ministerio público le sitúa en la rama gallega de la estructura, le conecta con un alijo en Boiro (A Coruña) y señala que su cometido pasaba por transportar la cocaína a España desde los países de origen. Fue, sostienen los investigadores, el enlace Galicia-Valencia del engranaje.

La relación de procesados contempla también a un abogado de Alicante que movía la preciada sustancia, acudía a los puntos de carga y descarga, y asistió a reuniones de la trama; y a un culturista de 1,85 metros y 130 kilos de peso, conocido como El Tigre y que se dedicaba a cobrar las deudas por métodos expeditivos. Un corpulento conocido luchador MMA (artes marciales mixtas) auxiliaba a la trama con la distribución de la droga en Alicante

También se encuentra procesado —y encara una petición de la Fiscalía de 12 años— el presunto narco Diego Moreno, que fue asesorado en su día a día por el exjefe de la Policía Nacional en Alicante; un funcionario que investigó en 2008 y 2012 a Moreno y declaró a su favor en una causa ante la Fiscalía Especial Antidroga. Moreno financió con dinero en efectivo las operaciones “criminales” de la trama y participó en las reuniones con ciudadanos colombianos en las que se urdían los negocios del grupo, según cita el ministerio público en un documento fechado el pasado 24 de enero.

Entre las grandes operaciones de la red, destacó la tentativa de colocar en 2018 por barco en Galicia un total de 1.759 paquetes con 2.020 kilos cocaína. La mercancía hubiera alcanzado un valor en el mercado de más de 60 millones (104 si se hubiera distribuido por gramos). Los investigadores también incautaron 1.300 kilos del polvo blanco en una playa de Tulcea (Rumanía) y desmantelaron en 2019 un laboratorio de procesamiento con 14 kilos de cocaína en Oliva (Valencia).

La estructura a la que perteneció el inspector Méndez estuvo formada por viejos conocidos narcos gallegos y valencianos y levantó en secreto un engranaje para mover la mercancía y lavar su botín con tentáculos, testaferros y sociedades pantalla en Rumanía, Suecia, Portugal y Colombia.