El Gobierno buscará bajar la tensión con el mundo judicial tras las críticas de Ribera contra el juez García-Castellón

La tregua duró muy poco. En las últimas semanas, después de la tensión por la ley de amnistía, que llevó a duras declaraciones del mundo judicial —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, llegó a decir que supone “el principio del fin de la democracia”— el Gobierno estaba buscando una pacificación de las relaciones con el sector conservador de los jueces, muy claramente enfrentado al Ejecutivo. La instrucción en esa línea de Pedro Sánchez es general, pero es Félix Bolaños, el ministro de Justicia, quien más directamente está dedicando esfuerzo a este objetivo. Y en La Moncloa pensaban que lo estaban logrando. Bolaños llamó personalmente a muchos jueces para distanciarse de las declaraciones más duras de los independentistas, les garantizó que el Gobierno les va a defender e insistió en que el Ejecutivo no asume que exista lawfare en España.

Consiguió incluso una reunión esta semana con la APM, que había decidido no acudir a su toma de posesión en un claro gesto de rechazo. Pero todo este intento de rebajar la tensión quedó de nuevo truncado este viernes por unas declaraciones de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en las que reprochaba al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón su “querencia” a actuar “en momentos políticos sensibles”, en referencia a los autos del magistrado en el caso Tsunami Democràtic, en el que acusa de terrorismo al líder de Junts, Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

En una entrevista en TVE, Ribera insistió varias veces en que el juez acostumbra a “inclinar” sus decisiones “siempre en la misma dirección” y que las divulga “en momentos oportunos, con implicación política importante”. Esta es una opinión muy extendida dentro del Gobierno, y varios ministros la trasladan en privado y se indignaron especialmente cuando García-Castellón hizo un auto en noviembre implicando por primera vez a Puigdemont en el caso Tsunami cuatro años después de empezar a instruirlo y apuntando a un posible delito de terrorismo precisamente en la semana decisiva de la negociación de la investidura de Sánchez, algo que para los miembros del Ejecutivo consultados es difícilmente casual, ya que no se había hecho nada similar desde 2019, cuando se produjeron los hechos investigados. Pero una cosa es pensarlo y explicarlo en privado, algo muy extendido en el Gobierno, el PSOE y Sumar, y otra decirlo en público.

La reacción fue tan inmediata y dura, no solo del PP, que ya promueve la reprobación de la vicepresidenta en el Senado y considera de “extrema gravedad” sus declaraciones, sino del mundo judicial, que culminó con un comunicado contra Ribera por unanimidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que asumieron también los vocales progresistas, que La Moncloa intentó minimizar daños señalando a través de una nota que “el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas” y entrando directamente en el asunto. “En el caso Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recurridas por el fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional. Ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales y el Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte. El Gobierno defenderá a los jueces y magistrados de nuestro país de cualquier injerencia en su trabajo, también de los intentos de hacerlo del PP”, señala el texto.

Nadie desautorizó formalmente a Ribera. De hecho, Óscar Puente, ministro de Transportes y jurista, respaldó a la vicepresidenta y dijo que está de acuerdo con su idea sobre las “coincidencias temporales” de los movimientos de García-Castellón, “pues en este último caso se trata de hechos de 2019 y llama la atención que cada vez que hay un debate público sobre estos temas se produzca una resolución del juez”. Bolaños aún no se ha pronunciado. Pero el mensaje de La Moncloa demuestra que el Gobierno mantiene su estrategia de destensar, y este nuevo conflicto no estaba planeado. Aún así, en el Ejecutivo insisten en que se trata de una “sobreactuación” tanto de la derecha judicial como política, y confían en que esta polémica quede rápidamente en nada.

El CGPJ ha salido siempre de forma inmediata a condenar cualquier crítica de un miembro del Gobierno de coalición a un magistrado en los últimos cinco años, pero en el Ejecutivo causó malestar que no hicieran lo mismo cuando el senador del PP José Antonio Monago criticó al juez José Ricardo de Prada por la sentencia del caso Gürtel. De Prada pidió amparo y el CGPJ no se lo dio con el argumento de que no era un caso que se estuviera instruyendo en ese momento, al contrario que García-Castellón con el caso Tsunami, y Monago pidió perdón por lo que dijo en el Senado. Pero estas diferencias generan malestar en el Ejecutivo, que ve al CGPJ desacreditado tras cinco años de mandado caducado y dominado absolutamente por el sector conservador más cercano al PP.

La comisión permanente del CGPJ se reunió este viernes de urgencia de forma telemática, a petición de tres vocales conservadores, para responder a Ribera, que había hablado por la mañana. El comunicado, suscrito por unanimidad por los siete miembros de este órgano (cuatro conservadores y tres progresistas) califica las afirmaciones de Ribera como “contrarias al principio de lealtad institucional” y “al deber general de respeto a la independencia judicial”. “La Comisión Permanente estima que estas manifestaciones, en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos”, señala el texto suscrito por el principal órgano del Consejo después del pleno.

En cualquier caso, y aunque las tensiones seguirán, sobre todo porque la amnistía sigue adelante y tiene la clara oposición del mundo judicial conservador, que tiene que tomar decisiones muy relevantes en su aplicación —especialmente significativo será lo que haga el Tribunal Supremo— la instrucción de tratar de rebajar la tensión sigue vigente, y todo indica que Bolaños mantendrá su línea de declaraciones y gestiones privadas para intentar garantizar a los jueces que el Gobierno respeta su trabajo. La opinión del Gobierno es muy crítica con García-Castellón, un juez conservador que además ha opinado abiertamente sobre la amnistía, inmiscuyéndose así en la tarea del Poder Legislativo, y en realidad Ribera solo trasladó lo que se comenta en privado dentro del Ejecutivo, pero la intención del Gobierno es intentar que esta tormenta dure poco para tratar de recuperar la línea del intento de reconciliación de Bolaños de las últimas semanas. Aunque todos los ministros consultados asumen que no será fácil y que lo único que realmente cambiaría el tenso ambiente judicial sería un pacto entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ, algo que de momento no parece inminente.