El Poder Judicial carga contra la vicepresidenta Teresa Ribera por sus críticas al juez García-Castellón

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cargado contra las afirmaciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en las que cuestiona la actuación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la causa por terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont. En un comunicado suscrito por unanimidad por los siete miembros de la comisión permanente (cuatro conservadores y tres progresistas), el órgano califica las afirmaciones de Ribera como “contrarias al principio de lealtad institucional” y “al deber general de respeto a la independencia judicial”. “La Comisión Permanente estima que estas manifestaciones, en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos”, señala el texto suscrito por el principal órgano del Consejo después del pleno.

La permanente se ha reunido en la tarde de este viernes de forma telemática a petición de tres de los cuatro consejeros conservadores que integran esta comisión (el cuarto es el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, a quien han enviado su solicitud y que la ha aceptado). El comunicado, firmado por los siete vocales que la integran, recoge un extracto de las palabras pronunciadas por Ribera en una entrevista en TVE tras ser preguntada por el último auto de García-Castellón, en el que insiste en calificar como terrorismo las protestas contra la sentencia del procés: “Tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles… Hay algunas personas… que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial”, ha dicho la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La Permanente recalca su “más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión”, pero considera “imprescindible” reafirmar que “la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”. “La Comisión Permanente entiende que estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de Derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho”, señala el texto.

Los vocales recuerdan que la Permanente ya ha suscrito comunicados similares con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Gobierno referidos a actuaciones de los tribunales. Aunque no cita casos, ha habido varios encontronazos entre este órgano y el Ejecutivo. Algunos de ellos se produjeron en la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, pero los choques aumentaron tras la formación del primer Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. El primero de estos episodios se produjo en enero de 2020, después de que el entonces líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, criticara la actuación de la justicia española en el procés. “Muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación”, señaló entonces Iglesias. En octubre de 2021, la Permanente actuó de forma similar ante un tuit de la entonces ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, quien cuestionó la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el diputado Alberto Rodríguez (a quien el Tribunal Constitucional ha dado esta semana la razón).

En la mayoría de esos casos, la Permanente ha usado una fórmula que repite en su escrito de este viernes: apelar a “la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”.

También este viernes, tres magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han salido en defensa de García Castellón en el auto por el que han desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa de Josep Lluís Alay, amigo del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y jefe de su oficina en Waterloo (Bélgica), contra tres resoluciones del juez en el caso Tsunami dictadas el pasado noviembre. Los magistrados Alfonso Guevara, Francisco Javier Vieira y Carlos Fraile consideran que son “absolutamente rechazables” las alegaciones hechas por Alay en su recurso, en las que atribuía a una “motivación política” a las decisiones de García Castellón. El amigo de Puigdemont tildaba estas de “respuesta judicial” al acuerdo de investidura entre PSOE y Junts y al proyecto de ley de amnistía.