La investigación sobre Tsunami Democràtic calienta la caldera política

La investigación sobre Tsunami Democràtic agitará las aguas políticas en 2024. Los nuevos pasos que se den en el sumario abierto en la Audiencia Nacional sobre esta plataforma —que incitó las protestas en 2019 contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés— repercutirán en el debate público, muy revuelto ya por la acelerada tramitación de la ley de amnistía emprendida en las Cortes. La causa ha experimentado cierto frenazo al enmarañarse con los numerosos movimientos, recursos y escritos impulsados por los implicados tras el auto del 6 de noviembre del magistrado Manuel García-Castellón, que sacudió las pesquisas con la citación como imputados por delitos de terrorismo, entre otros, del expresident Carles Puidemont y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Pero ese enredo comenzará a deshacerse en las próximas semanas y meses, y sus efectos resultan impredecibles.

Los partidos saben que no habrá decisión que afecte al caso Tsunami que no se pueda aprovechar en favor o en contra de sus respectivos intereses. Ya ha ocurrido en diciembre a medida que han trascendido detalles de la cuestionada investigación de la Guardia Civil, que permaneció bajo secreto desde 2019 a 2023. Hace apenas 10 días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra quien ha cargado la derecha reiteradamente por esta causa a raíz de sus pactos con Junts y ERC, desvinculó la plataforma del terrorismo: “En este país, desgraciadamente, hemos sufrido dos tipos de terrorismo: hemos sufrido el terrorismo de ETA, hemos sufrido el terrorismo yihadista. Y no creo que sean comparables [con Tsunami]”, dijo en una entrevista en Rac 1.

Todos aguardan ahora a que las más altas instancias judiciales del país se pronuncien sobre el procedimiento y, por tanto, sobre el futuro de los dos destacables dirigentes independentistas, Puigdemont y Rovira, ambos fugados de la justicia y previsibles beneficiarios de esa ley de amnistía acordada entre el PSOE y Junts. Estos son los principales frentes que permanecen abiertos:

El recurso de la Fiscalía. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene que resolver los diferentes recursos tramitados contra el auto del 6 de noviembre del magistrado García-Castellón, responsable del Juzgado Central de Instrucción 6. Además de los escritos presentados por varios imputados, el tribunal debe responder a las duras alegaciones del fiscal Miguel Ángel Carballo, que descarta la existencia de terrorismo y, una vez derogada la sedición, solo aprecia delitos de desórdenes públicos. Esto implica que, de triunfar su tesis, la Audiencia Nacional perdería la competencia y la causa se remitiría a los juzgados de Cataluña. El ministerio público tampoco considera que el sumario permita “sostener la existencia de una organización criminal”, ni que se cuente con indicios “suficientes” para mantener la imputación de Puigdemont y Rovira.

Este recurso del fiscal enconó las relaciones con el magistrado. Carballo acusó, incluso, al juzgado de García-Castellón de dilatar la tramitación de su escrito a la Sala de lo Penal, que se elevó finalmente a mediados de diciembre.

El Supremo. Dos semanas después de citar como imputados a Puigdemont y Rovira, el magistrado instructor dio un giro a su estrategia y optó por enviar su investigación al Supremo, para que asumiera la causa. Sin esperar a que resolviese la Sala de lo Penal y con la oposición de la Fiscalía, que ha recurrido su decisión, García-Castellón consideró que las pesquisas requerían practicar una serie de “diligencias” contra el expresident, pero estas ya solo podía ejecutarlas este alto tribunal, pues el expresident (que es eurodiputado) y otro investigado (Ruben Wagensberg, miembro del Parlament) se encuentran aforados.

Hasta ahora, el Supremo no se ha pronunciado sobre el caso Tsunami y al hacerlo, ya sea para quedarse la causa o para rechazarla, delimitaría aspectos claves de la investigación.

Petición de amparo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene abierto el expediente iniciado después de que García-Castellón le solicitase amparo por las críticas proferidas en noviembre por el entonces secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja, que acusaron al magistrado de querer “influir” en la negociación entre el PSOE y Junts al citar como imputados a Puigdemont y a Rovira. Tras admitir a trámite la petición del juez, el CGPJ acordó dejar en suspenso su decisión hasta que el Supremo decida si asume la causa, porque si este tribunal se queda con la causa “el amparo solicitado quedaría sin objeto”.

Paralelamente, según informó Europa Press, la Audiencia Nacional aún no ha resuelto todas las recusaciones planteadas por los imputados contra García-Castellón, al que quieren apartar de la causa por unas palabras sobre la amnistía que dijo el pasado octubre en un acto público: “Yo, únicamente como ciudadano, puedo decir dos cosas. Uno: en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y, sin embargo, no es posible (y no está prohibida expresamente). Y dos: estos señores han dicho que, en cuanto puedan, van a volver a repetirlo; por lo tanto ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?”, aseveró.

Más pruebas. Mientras se espera a que el Supremo y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se manifiesten, a la causa se seguirán incorporando las nuevas pruebas que el juez instructor pidió a la Guardia Civil tras citar como imputados a Puigdemont y Rovira. Entre ellas, toda la información que reclamó a varias instituciones —como a Enaire, gestor de navegación aérea de España; a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA); y al Servicio de Emergencias Médicas (SEM)— sobre el bloqueo del aeropuerto de El Prat (Barcelona), una acción perpetrada por Tsunami en octubre de 2019 y durante la que murió un turista francés tras sufrir un infarto.