La batalla entre la Fiscalía y las defensas se intensifica en el juicio contra Rodrigo Rato

El juicio contra Rodrigo Rato, ex director gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP), ha adquirido ya tintes de verdadera batalla. Este miércoles, en la tercera sesión de la vista oral sobre el origen de su fortuna, la Fiscalía Anticorrupción ha contraatacado los múltiples esfuerzos de las defensas de anular gran parte de las pruebas incorporadas al sumario. Durante las dos jornadas previas, para conseguir su objetivo, los abogados de los acusados dibujaron una investigación abusiva, que se había excedido, que inicialmente se apoyó solo en “vagos” indicios, y que vulneró multitud de derechos de los imputados. Sin embargo, con enorme dureza, el ministerio público les ha respondido esta mañana: “No ha habido ninguna extralimitación”.

La fiscal Elena Lorente ha llegado a la tercera sesión cargada de armas para tratar de desmontar ante el tribunal los argumentos esgrimidos por las defensas. La representante del ministerio público, que ha proyectado incluso en la sala una presentación en formato PowerPoint, ha ametrallado las tesis de los acusados durante tres horas y media. “Resulta que una gran parte de los motivos de nulidad [expuestos] ya están resueltos, no una sino dos veces, por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid”, ha arrancado su turno de palabra, durante el que ha negado que los procesados hayan sufrido cualquier tipo de “indefensión”, como ellos han alegado.

La fiscal ha lanzado multitud de reproches a las defensas por su “atosigamiento”, y las ha acusado de poner continuos “palos en las ruedas” durante la instrucción. “Se ha ofrecido una batalla procesal permanente”, ha apuntado Anticorrupción. Unas críticas que se han sucedido sin interrupción: “No sé que indefensión ha habido cuando han recurrido todo lo que han querido”; “cada resolución era objeto de recurso”; “esta causa se ha tratado de perimetrar de forma brutal desde el minuto uno”...

“Ha habido unos controles judiciales brutales”, ha incidido el ministerio público, que ha rechazado así otra de las tesis de las defensas —estas aseguran que las pesquisas se excedieron y que, en los registros, se intervinieran documentos sin aval judicial—. “Nos encontramos en un procedimiento que ha pasado el filtro del instructor y que ha pasado, después, el filtro de la sala. No he tenido la paciencia todavía de contar los autos de la Sección 23, pero me atrevería a decir que son cientos”, ha subrayado la fiscal: “Es la primera vez que veo en mi carrera este [nivel de] control judicial de doble instancia. Prácticamente, en cada movimiento que el Juzgado [de Instrucción] ha realizado, ha habido un control [...] Cualquier paso ha sido recurrido sistemáticamente”. “Así que indefensión, poca”, ha apostillado Lorente.

Anticorrupción se ha centrado en los registros ejecutados el 16 de abril de 2015 (entre ellos, el de la casa de Rodrigo Rato): uno de los “caballos de batalla” de la vista. Las defensas han pedido anular el auto judicial que dio luz verde a esas intervenciones, al considerar que la resolución no incluía toda la argumentación necesaria para decretar proporcionada la medida y al interpretar que la actuación de los agentes se llevó a cabo sin ningún “límite”, entre otros motivos. Pero, según ha insistido la fiscal, esa decisión del juzgado de instrucción ya fue avalada después por la Audiencia Provincial de Madrid, por lo que ha negado que se impulsase una investigación “prospectiva”.

El ministerio público ha respaldado igualmente el informe de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) que precipitó la causa. La Fiscalía usó ese dosier —al que la abogada de Rato reprochó que contenía “expresiones vagas e imprecisas” y “frases hipotéticas”— para presentar una denuncia el 16 de abril de 2015, que asumió en un primer momento el Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, que se encontraba de guardia y que autorizó los registros. “En ese informe hay nada menos que 11 riesgos fiscales, cada uno con su correspondiente base”, ha resaltado la acusación pública, que ha vuelto a negar que los investigadores se “extralimitaran” al intervenir documentación y que se incautaran pruebas que no venían a cuento, en relación con los delitos que se mantenían bajo sospecha: “Aquí no hemos encontrado un cadáver en el armario del señor Rato. Aquí hemos hallado documentos”.

La fiscal tampoco ha aceptado, como habían planteado los abogados de varios acusados, que hayan prescrito algunos delitos fiscales y de blanqueo que se imputan; y se ha opuesto, en la misma línea, a que se hayan producido dilaciones indebidas durante la instrucción de la causa: “Si algo no hemos estado es parados”, ha afirmado Lorente.

Para tirar abajo la causa, las defensas intentan sembrar dudas sobre la investigación impulsada por el ministerio público, que pone sobre la mesa un relato plagado de testaferros, paraísos fiscales, tramas societarias… La Fiscalía, que pidió una condena de 70 años de prisión para Rato por esta causa, mantiene que el expolítico urdió una red empresarial para, desde 1999 (cuando estaba en el Gobierno), ocultar su patrimonio a Hacienda. “Se ha servido de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades opacas”, remacha el escrito de acusación, que añade que también cobró “comisiones” ilegales por la adjudicación de contratos publicitarios durante su etapa como presidente de Caja Madrid y Bankia. Por todo ello, se le atribuyen delitos fiscales, de blanqueo, falsedad, insolvencia punible y corrupción.

Además del exdirigente del PP, otra quincena de personas físicas y jurídicas se sientan en el banquillo: entre ellas, Teresa Arellano, quien fuera la secretaria personal durante décadas del exvicepresidente; Santiago Alarcó, excuñado de Rato; el asesor fiscal Domingo Plazas; y Ramiro Sánchez de Lerín, exsecretario de consejo de administración de Telefónica, compañía que se encuentra implicada también como responsable civil subsidiario.

Sobre las 15.00, el tribunal ha dado por concluida esta tercera sesión de la vista oral. El juicio se reanudará el próximo 8 de enero, cuando las partes podrán pronunciarse sobre las nuevas pruebas propuestas durante la fase de cuestiones previas. La Audiencia de Madrid ha aplazado al día 9 el comienzo de las declaraciones de los testigos. Los interrogatorios de los acusados se han dejado para abril. Los magistrados prevén que el proceso quede visto para sentencia a finales de mayo.

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