La Audiencia Nacional autorizó instalar un ‘software’ espía en el teléfono del exdiputado David Fernández (CUP) por el ‘caso Tsunami’

La Audiencia Nacional autorizó infiltrar un programa informático espía en el teléfono móvil de David Fernández, activista y exdiputado de la CUP en el Parlament de Cataluña, para investigarlo dentro del caso Tsunami Democràtic, según la documentación sumarial a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El Juzgado Central de Instrucción 6, encabezado por el magistrado Manuel García-Castellón, aprobó la medida a mediados de enero de 2020, dentro de una amplia intervención de las comunicaciones que pidió la Guardia Civil por aquellas fechas y que incluyó a otros exdirigentes políticos, como Albano Dante, antiguo líder de Podemos de Cataluña, y el también exdiputado de la CUP Quim Arrufat. En aquel momento, los agentes acababan de comenzar su investigación sobre las protestas impulsadas por el movimiento Tsunamic Democràtic tras la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2019 que condenó a los líderes políticos del procés por el referéndum ilegal del 1-O de dos años antes.

David Fernández, Albano Dante y Quim Arrufat no han sido imputados en esta causa abierta por delitos de terrorismo, y sus nombres no figuran en el informe final del instituto armado incorporado al sumario el pasado noviembre. El juez tampoco los menciona en el auto dictado hace unas semanas para imputar a una decena de sospechosos: entre ellos, al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El software espía nunca se consiguió instalar completamente en el móvil de Fernández por “problemas técnicos”, según informó la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, aunque sí constan informes con el contenido de algunas de sus conversaciones, ya que sus llamadas sí fueron intervenidas a través del Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (Sitel). El exdiputado catalán considera lo ocurrido como “un asalto total a mi privacidad e intimidad, sin ningún tipo de filtro, ni de límite” y anuncia que estudia tomar medidas legales. Fernández califica lo conocido ahora como “un escándalo mayúsculo porque no es una persona, sino centenares de personas las que son rastreadas, monitorizadas, espiadas por su actividad política o por sus ideas”.

Varios informes incorporados al sumario revelan que, en diciembre de 2019, la Guardia Civil puso en el punto de mira a Fernández y Dante, y pidió al juzgado intervenir sus llamadas telefónicas. Para justificar una iniciativa de tal calado, los agentes esgrimieron contra el exdiputado de la CUP que había participado en una de las primeras concentraciones convocadas por Tsunami en octubre de ese año; que retuiteó mensajes del movimiento durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat (Barcelona) y durante los días posteriores; y que había utilizado la expresión “tsunami democrático” cinco años antes: “De especial relevancia es la primera utilización públicamente por parte de David Fernández, en noviembre de 2014, del concepto, a propósito de la primera consulta ilegal de autodeterminación”. El 9 de noviembre de aquel año, el entonces diputado de la CUP dijo a los medios sobre la consulta ilegal de autodeterminación de aquel día: “Esto es un tsunami democrático contra un Estado demofóbico”.

Los agentes, que llegaron a calificar al exparlamentario como el “ideólogo” y “dinamizador” de Tsunami, incidieron bastante en sus informes en que Fernández había usado más veces esa expresión. “Publicó el 26 de febrero de 2019 un tuit arengando a un encausado por el Supremo, Jordi Cuixart, en el que manifestaba: ‘Tsunami democrátic sempre’ [...] El 15 septiembre de 2019, durante la presentación de un libro en Barcelona, [dijo] que ‘un tsunami es una ola imperceptible que nadie ha sido capaz de detectar, que se va cocinando subterráneamente y que toma en un momento velocidad de propagación e intensidad, que nadie puede detener”. El informe de la Guardia Civil, además, vinculaba a Fernández con Arnaldo Otegi, “detenido por pertenencia a la organización terrorista ETA, político de Sortu (izquierda radical) y actual coordinador general de EH Bildu, a quien visitó cuando se encontraba interno en el centro penitenciario de Logroño”. Y los investigadores destacaban igualmente que la firma de la plataforma En peu de pau aparecía en el cartel que sirvió de llamamiento para “acudir” al bloqueo del aeropuerto: “Y David Fernández fue uno de sus creadores”.

Para pedir intervenir los teléfonos de Albano Dante, la Guardia Civil recalcó su cercanía con el independentismo —“muestra un ferviente apoyo a cualquier iniciativa que promulgue tesis de desobediencia civil dentro de la estrategia global secesionista”—; que intervino en un acto de Tsunami en noviembre de 2019; que, casi un año antes, viajó dos veces a Bruselas (el 12 de diciembre de 2018 y el 16 de febrero de 2019), donde estaba el huido expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; que tuiteaba muchos mensajes sobre la plataforma; y que había hecho consultas a un informático que supuestamente estaba detrás de la plataforma (quien tampoco se encuentra en el listado final de imputados). “Se pone de manifiesto su implicación y el carácter impulsor y coordinador del mismo”, arguyó el instituto armado sobre el exparlamentario de Podemos.

La Guardia Civil, que ya había pinchado varios teléfonos en sus pesquisas sobre un supuesto órgano llamado CNI catalán, pidió en diciembre de 2019 intervenir líneas de teléfono a nombre de Fernández (dos números, aunque uno resultó ser de una trabajadora de una compañía de seguros), de Dante (que incluyeron móviles de su mujer y dos hijos), de Arrufat y de otras cinco personas, entre ellas el empresario Joan Matamala. Esta iniciativa fue respaldada por la Fiscalía y aprobada por Alejandro Abascal, entonces magistrado de refuerzo del Juzgado Central 6.

Ya en enero de 2020, los agentes quieren ir más allá y piden infiltrar un “troyano” en cinco de ellos (David Fernández y Joan Matamala, entre ellos, pero no Dante) a través de la subplataforma SILC, una herramienta del Sitel creada en 2008 para que la monitorización de las comunicaciones incluyera no solo las tradicionales llamadas de voz. Solicitan para ello instalar un “software que permita, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento del usuario del contenido de los terminales”. Esto permitirá acceder, entre otra información, a la “agenda de contactos”; el “registro de video-llamadas o llamadas”; “la cuenta de correo asociada al terminal”, “archivos almacenados”; el “historial de navegación web”. También reclaman poder activar el micrófono del dispositivo para “captar comunicaciones orales” ambientales.

Con el apoyo del ministerio público, el juzgado da luz verde entonces a la instalación de este programa espía a todos ellos (aunque limita el acceso al micrófono) y la extracción de datos durante un mes. Una injerencia que se amplió en febrero hasta mediados de marzo. Fue entonces cuando se empiezan a poner reparos para seguir por esa vía. El fiscal se opone a seguir interviniendo los teléfonos de los exdiputados ante la falta de nuevos indicios —ya que la Guardia Civil informa, por ejemplo, que durante el último periodo no ha detectado llamadas de Fernández de “interés para la investigación”—. El juzgado le da la razón y levanta las intervenciones. Pese a ello, el instituto armado insistirá aún en mayo de ese año en que, en su opinión, el exdiputado de la CUP “sería uno de los principales ideólogos” de Tsunami y deja abierta la posibilidad de solicitar más adelante de nuevo medidas para intervenirle las comunicaciones si aparecieran “cambios significativos en el desarrollo de la investigación que afecten de forma directa al mismo”.